Gustavo Petro, de la euforia a la crisis permanente un año después de su triunfo electoral

Petro recibe honores militares durante su reciente visita a Alemania EFE

El 31 de diciembre de 2022, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, con cuatro meses en el poder, cerraba un año político y personal exitoso. Si bien a mediados de diciembre la aprobación a su Gobierno había bajado al 48%, frente a un 56% recién legado a la Casa de Nariño, a nadie parecía preocuparle lo que indicaba la encuestadora Invamer, entendido como el resultado del fin de la euforia electoral, sumado al coletazo en la opinión por cuenta de la dura reforma tributaria que logró aprobar en tres meses. Entonces, el Petro dialogante con los partidos políticos, el del gabinete variopinto ideológico, estaba dispuesto a hacer prevalecer el consenso político, lograr las reformas prometidas en campaña y la estabilidad de su propia coalición de Gobierno, el Pacto Histórico.

Hoy, a un año de su elección (22 de junio de 2022) y tras 10 meses en la Casa de Nariño, las cifras de aprobación evidencian un rápido desgaste. Y los hechos, también. Según reporte del 2 de junio de la misma encuestadora Invamer, a finales de mayo el presidente tenía 59.4% de desaprobación y 33.8% de apoyo a su gestión. El 66% de los encuestados afirmó que no se evidencia el cambio prometido en campaña.

¿Pero cómo ha sido esto posible? Tres temas pueden explicar mejor lo que luce como un Gobierno desarticulado y con baja capacidad de administración.

Esta semana que empieza terminan las sesiones ordinarias del primer año legislativo del Gobierno Petro. Uno en el cual el mandatario trazó como meta cuatro ambiciosas reformas y solo logró una, la tributaria. Como las reformas pensional y laboral avanzan lentas, y la reforma de la salud está moribunda, Petro ya anunció sesiones extraordinarias que les den respiro. Esta última, en especial, fue la piedra angular para la crisis política que arrastra el Gobierno tras deshacer el Pacto Histórico a finales de abril y quedar sin el apoyo de los partidos que le daban mayorías en el Congreso y, en el gabinete, moneda de transacción burocrática.

El Petro de los consensos pasó, de un día para otro, a ser ese líder verborreico de llamados al pueblo a defender en la calle lo que su equipo no lograba afianzar en el Congreso, atizando así la desconfianza. Además, el opaco menudeo político para lograr votaciones favorables echó por la borda uno de los estandartes con el que el otrora Petro senador cuestionaba a los partidos tradicionales de centro y derecha. Para la politóloga y periodista Lariza Pizano, «Petro tenía dos caminos. Uno, la recomposición política, al estilo Boric, en Chile, acercándose al centro y a los políticos en busca de consenso y acuerdos; o el de la radicalización, que fue el que escogió tratando de replicar lo que hizo en la alcaldía de Bogotá (2012-2015), cerrando toda conversación».

Así, con menor margen de maniobra, pero aplaudido por sus bases electorales que prefieren el Petro de plaza pública, y un programa de gobierno retrasado, tal vez el Petro dialogante regrese a la escena el próximo 20 de julio con la nueva legislatura, para concretar sus tres reformas hoy empantandas. Pero este ya será un Congreso enfocado en las elecciones regionales de octubre, en las que el partido de Gobierno –según dos de sus alfiles, Gustavo Bolívar y Alirio Uribe– espera obtener 600 municipios y la mitad de las gobernaciones, en algo así como un plebiscito regional que apuntalaría los tres años de gobierno restantes. Pero lo más probable es que el Ejecutivo pierda terreno.

En materia de acuerdos de paz con los cinco grupos armados del país, el Gobierno de Petro ha oscilado entre la innovación y la improvisación. El arranque fue complejo, con anuncios de cese al fuego fallidos, mayores confrontaciones y violencia territorial, y poca claridad en los roles y responsabilidades de las múltiples mesas de diálogo del equipo de paz. Marzo –casi al tiempo con el escándalo de lavado de activos de Nicolás Petro, hijo mayor del mandatario– trajo los primeros cuestionamientos por la supuesta venta de ‘cupos’ en la Paz Total por parte del hermano del presidente, Juan Fernando, a grupos criminales, caso hoy en manos de la Fiscalía.

Ahora, sin cese al fuego con las disidencias de las FARC –aunque el grupo armado lo está pidiendo– o con el Clan del Golfo, y con una mesa coja con la Segunda Marquetalia (firmantes del Acuerdo de Paz, liderados por Iván Márquez), la Paz Total pone énfasis en el reciente acuerdo bilateral de cese al fuego con la guerrilla del ELN, por un periodo de seis meses. Un logro histórico, sin duda, pero confuso en sus términos y que no incluye el fin de las hostilidades.

«Se trata de un acuerdo para una hoja de ruta, con pasos concretos y fechas para un cese al fuego. Es un logro muy significativo –dice Jorge Restrepo, director del CERAC y experto en el tema– que no implica un repliegue de la fuerza pública, sino el mantenimiento de las acciones ofensivas que debe cumplir constitucionalmente. El mecanismo de monitoreo, no de verificación, permitirá evitar confrontaciones y en sus protocolos de cumplimiento (ahora en fase de definición) podrán incluirse acciones como el secuestro, contra la población civil o de carácter terrorista contra la fuerza pública».

A todas estas, la implementación del Acuerdo de Paz de 2016 no recibe la atención necesaria, lo que causa desplazamiento y muertes entre los desmovilizados de 2016.

Petro llegó al poder por su promesa de progresismo transparente y renovador de la mañosa forma de hacer política en Colombia. Pero los escándalos han marcado su mandato. Cuatro personas de su círculo cercano son protagonistas en esta crisis que no cesa: además de su hermano Juan Fernando y su hijo Nicolás, se suma la reciente crisis de posible financiación con dineros ilícitos y violación de topes en la campaña electoral que involucran a su exjefa de gabinete, Laura Saravia, y a su aliado electoral y embajador en Caracas, Armando Benedetti.

Este reciente episodio –ya en la Fiscalía y en Consejo Nacional Electoral–, que empezó con insultos, insinuaciones de abuso de sustancias, escuchas y pruebas de polígrafo ilegales, se hace más turbio con el suicidio del coronel Óscar Dávila, miembro de la seguridad del presidente y uno de los eslabones del ‘niñeragate’, una escandalosa historia que promete más titulares y cuestionamientos al Gobierno de Petro en su primer año de mandato.