Gustavo Tarre: Lo que no se puede aceptar en Santo Domingo
El próximo 15 de diciembre, la oposición y el gobierno se vuelven a reunir en República Dominicana. Poco se sabe de los resultados de la primera ronda de conversaciones. Lo que sí conocemos es la condición que el gobierno ha puesto ante el futuro electoral inmediato: No habrá elecciones si no se levantan las sanciones al gobierno de Venezuela y a algunas de sus más connotadas figuras.
Así lo declararon los hermanos Rodríguez, jefes del equipo negociador del gobierno y las informaciones que se filtran señalan que el problema de las sanciones es, junto con el reconocimiento de la asamblea constituyente, la petición central del gobierno de Nicolás Maduro.
Estos dos puntos son inaceptables.
Las sanciones en contra de personeros del gobierno, por violación de derechos humanos y por narcotráfico, no están en la mesa de negociación y no puede la oposición ni siquiera aceptar que sean tema de discusión. ¿Puede algún opositor poner en duda la responsabilidad de los jerarcas del gobierno sancionados por los asesinatos, las torturas, los encarcelamientos arbitrarios y las violaciones reiteradas de las garantías constitucionales más elementales?
¿Puede algún negociador representante de las fuerzas democráticas salir en defensa de altos funcionarios cuya participación en el tráfico de drogas ha sido plenamente demostrada? La respuesta solo puede ser un no rotundo, contundente y categórico.
Hay sanciones en contra de Pdvsa y de instituciones financieras del gobierno venezolano. Estas han sido dictadas por diferentes países por las conductas antidemocráticas asumidas por Nicolás Maduro y sus secuaces. El levantamiento este tipo de sanciones solo puede producirse cuando Venezuela vuelva a ser una democracia. Entiéndase bien: no se trata de promesas sino de realidades.
Cuando en Venezuela no existan presos políticos, cuando la separación de poderes vuelva a existir, cuando tengamos libertad de prensa, cuando cesen los procesos electorales cargados de fraude y extorsión, cuando el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo Moral Republicano y el Consejo Nacional Electoral dejen de ser apéndices del PSUV, cuando los principales líderes opositores dejen de estar inhabilitados. Cuando todo esto ocurra, los países democráticos del mundo levantarán las sanciones.
El riesgo que corren los negociadores es pagar por adelantado. El gobierno quiere que la oposición pida al mundo levantar las sanciones a cambio de acuerdos que “abran el camino” hacia un CNE imparcial y hacia una Asamblea Nacional en pleno ejercicio de sus facultades constitucionales y que permitan también la llegada de la ayuda humanitaria y la libertad de algunos presos.
¡Ojo! Allí está la trampa. No pueden los negociadores de la oposición olvidar que están sentados frente a un atajo de pillos que ya han demostrado estar dispuestos a incumplir cualquier compromiso, una vez que hayan obtenido lo que buscaban.
Ya vimos cómo incumplieron todo lo acordado en la Mesa de Negociación y Acuerdos de los años 2002 y 2003, y cómo lo volvieron a hacer el año pasado con la complicidad del mismo Rodríguez Zapatero que sigue fungiendo de “mediador”. En esas dos oportunidades el chavismo y el madurismo se burlaron de Jimmy Carter y de César Gaviria primero y nada menos que del Vaticano en la segunda oportunidad. De la misma forma se burlarán de los cancilleres que acompañan esta ronda de negociación.
A la oposición le van a ofrecer el oro y el moro: “Pidan ustedes al mundo el levantamiento de las sanciones, firmen un ‘acuerdo de gobernabilidad’ y nosotros nos comprometemos a integrar una autoridad electoral imparcial, a soltar los presos y a reconocer la Asamblea Nacional”. Una vez producido el llamado a la comunidad internacional para que levante las sanciones, vendrán por parte del gobierno las excusas, demoras y dilaciones que terminen descartando todo lo ofrecido, burlándose de los cancilleres como ya lo hicieron antes con los otros “garantes” de buena fe.
En consecuencia: ni una palabra a favor de levantar las sanciones a los narcopillos, ni a los violadores de derechos humanos ni a las instituciones gubernamentales de la dictadura.
Lo segundo que es inaceptable se refiere a la asamblea constituyente. El gobierno ofrecerá moderación por parte de ese organismo espurio. Dirán que se limitará a la redacción de un proyecto de Constitución, que procurará coexistir en armonía con la Asamblea Nacional dentro de un respeto mutuo. ¡Mentira podrida! La asamblea constituyente es el instrumento que le permite a Nicolás Maduro transformar una minoría chantajeada de electores en una mayoría de gobernadores y alcaldes, pasar por encima de la Constitución vigente y dar “legitimidad” y apariencia de legalidad a una dictadura. La oposición no puede dar validez, bajo ninguna forma, a una Asamblea convocada en violación de la Constitución, elegida mediante un sistema electoral fascista, producto de un fraude electoral descomunal y que usurpa poderes supraconstitucionales.
Soy un firme creyente en la necesidad de negociar. Aun con delincuentes. Pero creo también que se negocia hasta donde lo permita la ética, el derecho y la realidad política. Negociar no es claudicar. Negociar es demostrar firmeza aunque ello conduzca al fracaso de la negociación. En todo caso, los fracasados nunca serán los que se niegan a arrodillarse sino los que pretenden arrodillarlos.
Los negociadores en Santo Domingo, que representan lo que queda de la Mesa de la Unidad Democrática, tienen el próximo viernes la posibilidad de recuperar la coherencia y la credibilidad que el liderazgo de la mayoría opositora en la Asamblea Nacional ha perdido; pueden volver a ser lo que una vez fueron: los conductores de la sociedad democrática venezolana. También puede ocurrir que se dejen engañar y engatusar nuevamente: Eso no se lo perdonaría nunca el pueblo venezolano y serán juzgados con implacable severidad por la historia. Allí está el reto para Leopoldo López, preso de conciencia y líder de un partido descabezado por la narcodictadura; para Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional y fundador del partido en el que milita Juan Pablo Guanipa; y para Henry Ramos Allup, guardián de la herencia de Leonardo Ruiz Pineda, Andrés Eloy Blanco, Rómulo Betancourt y Raúl Leoni.
