La ofensiva del Gobierno contra la disidencia democrática, la protesta cívica y la libertad de los propios ciudadanos ha quedado resumida en el insólito ataque en tromba, sin ningún respeto por la verdad, emprendido contra José María Aznar por unas palabras que en poco se diferencian de las del socialista Alfonso Guerra y que, en realidad, debería suscribir y encabezar el propio Pedro Sánchez.

Porque defender la vigencia, los valores y las exigencias que comporta la Constitución es la primera obligación de todo cargo público que ejerce su responsabilidad gracias a ella y en nombre de los ciudadanos. Y que el presidente del Gobierno en funciones no lo haga es, simplemente, tétrico.

Acusar a Aznar de «golpista» o de incitar a la «rebelión», como han hecho la ministra portavoz, la vicepresidenta segunda o la secretaria general de Podemos equivale a insultar a los millones de españoles, de todas las tendencias, que asisten atónitos al espectáculo del PSOE para retener el poder, consistente en aceptar la intervención de Puigdemont, un fugitivo de la Justicia que solo daría su respaldo a Sánchez a cambio de prosperar en su delirio independentista.

Protestar ante esa infamia no es solo un derecho, es casi una obligación con un país construido, desde 1978, sobre los cimientos constitucionales hoy claramente en peligro. E insultar a quienes asumen esa responsabilidad es, sin más, una indecencia de un Gobierno desesperado y sin escrúpulos.

Porque nadie en su sano juicio puede defender, salvo que le vaya algo pecuniario en ello, la conveniencia para España de impulsar una amnistía que, lejos de acabar definitivamente con el desafío separatista, lo proyecta como nunca: Sánchez está dispuesto a intercambiar la estabilidad de su propio país a cambio de la suya propia, indultando a un movimiento delictivo y culpando, de manera sonrojante, al estado de derecho que lo debe frenar.

La subasta de Sánchez, que comenzó su andadura con una moción de censura infame y quiere rematarla con un pacto a tres bandas con un prófugo, un exterrorista y un golpista que de facto les da a todos ellos las llaves de La Moncloa; necesita un freno democrático. Y no es sencillo que puedan serlo, por sí mismas, las instituciones previstas para ello: el PSOE se ha encargado, desde 2018, de colonizar cada rincón del Estado, para subordinarlo a su estrategia y acabar con su autonomía. La designación de socialistas con carné para el Tribunal Constitucional o la Fiscalía General del Estado es la mejor prueba de ello. Por eso es necesario que la sociedad civil se manifieste, desde el respeto a los valores constitucionales y en defensa de ellos, con la actitud pacífica de siempre y, si cabe, mayor rotundidad.

El desafío impulsado por Sánchez nos concierne a todos, pues toca la esencia de la democracia, la pone en peligro y amenaza con enterrarla poco a poco, con concesiones insoportables fruto, en exclusiva, de sus necesidades. Cuando está en juego la calidad democrática de un país, callarse y quedarse quieto no es una alternativa. Equivale a ser cómplice de una tropelía sin precedentes.