Entre mis primeros aprietos conceptuales de la etapa de mi pregrado en derecho se cuenta el tema de la diferencia entre legalidad y legitimidad; algunos han hecho hasta ingeniosos chistes con ese pequeño atolladero académico, otros pensamos que es un tema que debe ser tratado con seriedad, no con sacrosanta solemnidad pero con seriedad de conceptos y alcances.
Viene muy al caso esta consideración porque este tema constituye uno de los aspectos fundamentales que afectan las relaciones gobierno – oposición en Venezuela y las relaciones entre los bloques internacionales que respaldan a uno u otro actor en el campo nacional, y con ello deseo plantear algunas exigencias que quiero hacer y compartir con quienes me leen y conversan conmigo.
Este tema de la legalidad y la legitimidad cobra especial importancia en las sociedades que se definen como democráticas, que deben actuar dentro de un marco legal (legalidad)) y ese marco legal debe ser aceptado por la población de la nación en que se aplican (legitimidad). Por lo que podría concluirse, sin contradicciones profundas, que en toda sociedad democrática el marco legal debe ser legítimo y dimensionado en torno a las definiciones de un estado en el que debe existir separación de poderes, sujeción a la constitución y la posibilidad de establecer cambios por una vía electoral incuestionable.
¿Son legítimos los orígenes del poder detentado por el gobierno del PSUV? No es fácil responder sin tomar una posición política, pues la respuesta rebasa el campo jurídico, y es fuera del escenario del derecho donde se deben encontrar las respuestas, en una realidad donde los signos son claros, no hay separación de poderes, la constitución es interpretada por un actor interno claramente afín al ejecutivo y en lo electoral, el juez del sufragio está claramente sesgado a los intereses del partido de gobierno.
Esto genera un rompimiento entre los factores políticos de oposición y gobierno, quienes nunca se pusieron de acuerdo sobre la licitud de la convocatoria a instalar una asamblea nacional constituyente (que no elaboró un solo artículo constitucional y luego fue «disuelta» de modo informal con una simple declaración de «no ser necesaria«), de unas elecciones presidenciales extemporáneamente convocadas por dicha asamblea, y de allí en adelante hubo una clara invasión de las facultades legislativas de una Asamblea Nacional maniatada por un poder judicial parcializado y un ejecutivo respaldado más por la fuerza punitiva del Estado que por la voluntad popular.
Esto significa que, a pesar del rechazo mayoritario a la legalidad del gobierno actual, que equivale a decir que no es legítimo, las fuerzas contrarias al régimen gobernante no tienen los medios ni la coherencia para desplazarlo internamente. Ello conduce a la búsqueda de apoyos internacionales que se mueven en extremos opuestos; la oposición al gobierno psuveco es apoyada por Estados Unidos y sus aliados democráticos, y el gobierno es apoyado por los enemigos de USA y los países a los que incomoda la democracia o que por su juventud y fragilidad institucional no la entienden.
Estamos pues inmersos en una inestabilidad geopolítica que desdice de la importancia que nos damos como país que quiere ser tomado como influyente en el tablero mundial, en el que no pasa de ser un peón y no una ficha mayor, como creímos desde mediados a finales del siglo pasado, y pareciera que aún seguimos creyendo, en estas dos primeras décadas del siglo actual.
Creo no exagerar al decir que la nación venezolana es gobernada desde un estado carente de legitimad material, esto es el consenso y reconocimiento del pueblo fundado en la aprobación de la ley creada o de la actuación gubernamental, por lo que debo concluir que el ejercicio del gobierno, cuestionado como ha sido su origen y actuación por la mayoría estadística, tiene solo una legitimidad formal, entendida como el aparentemente correcto proceder de los órganos estatales con respecto a todos los procedimientos establecidos en el ordenamiento jurídico.
El tema del cuestionamiento de origen del actual ejecutivo (dueño de los otros poderes que lo aclaman en la Asamblea Nacional y el Tribunal Supremo de Justicia), es un tema en el que oposición y gobierno no se pondrán nunca de acuerdo, como tampoco lo harán los agentes internacionales que manejan el tinglado de respaldo en esta comedia (diría mejor tragedia) en que han venido convirtiendo al país.
Ante esta realidad política y social, la de actuar frente a un estado carente de legitimidad material y por tanto solo formalmente legítimo, en un escenario en el que los agentes internos y externos no acordarán una solución que resuelva el origen de las causas de una situación insoportable para las mayorías de la población, pareciera no quedar más remedio que exigirle a quien detenta el gobierno local, que se desenvuelva dentro del marco del sistema de leyes que nuestra sociedad ha decidido darse, muy en particular la constitución vigente, que por cierto parece haber sido olvidada por quienes detentan el poder en temas como salario, salud, justicia, servicios, ambiente y estructura material.
Por ello se me ocurre, por lo que seguro seré criticado, que los que aquí residimos y permanecemos, exijamos a quienes se adueñaron del poder que cumplan con su deber de gobernantes, esto es buscar el bienestar general y el progreso del país, administrar con eficiencia, proteger al pueblo más allá de las consignas y lograr las metas que los organismos internacionales han propuesto alcanzar en materia de salud, servicios, alimentación, productividad y seguridad jurídica.
A ese Estado carente de legitimidad material deberíamos exigirle que cumpla sus deberes formales y que, mientras opuestos nacionales y foráneos se ponen de acuerdo, los obliguemos a dejar las excusas y emprender actividades como las que todos esperamos, no sé si inútilmente, que emprenda y resuelva.
Para aliviar la presión de quienes me alacranizarán por esta propuesta, les sugiero acompañen, a quien esto suscribe y a otros que piensan como yo, a comenzar una campaña que obligue al gobierno formal a iniciar en serio una campaña de vacunación contra el Covid 19, sin otra meta que no sea la de librarnos de una muerte que nos acecha con solo asomarnos a la calle. Que se olviden de sus compromisos políticos con sus respaldos internacionales y asuman su obligación de velar por la salud del pueblo que dicen representar, y que recuperen algo de legitimidad material.
Caracas, 6 de abril de 2021
