Hong Kong aplaza su polémico proyecto de ley de extradición tras las masivas protestas
La jefa del Ejecutivo de Hong Kong, Carrie Lam, anunció este sábado la «suspensión» de su polémica propuesta de ley de extradición, que ha generado una oposición masiva en las calles durante la última semana y el rechazo general de la sociedad hongkonesa, reportó EFE.
Lam aclaró en una rueda de prensa que la segunda lectura del proyecto, que podría permitir a China acceder a «fugitivos» en territorio hongkonés, queda «suspendida» hasta nuevo aviso, pero no estableció ningún plazo concreto para retomarla.
La jefa del Ejecutivo aseguró que su objetivo original era tapar un vacío legal para «evitar que Hong Kong se convirtiera en un paraíso para los criminales», un propósito que «no ha cambiado».
«Hemos creado un gran conflicto y mucha gente está decepcionada y triste. Yo también estoy triste y me siento arrepentida por desatar este conflicto. Aceptamos las críticas con sinceridad y humildad, y mejoraremos. El Gobierno escuchará abiertamente las opiniones sobre el proyecto legislativo. Nos comunicaremos con la sociedad, explicaremos más y escucharemos más», dijo Lam.
La decisión se produce después de que Lam se reuniese con miembros de su Consejo, en vísperas de una nueva manifestación convocada para este domingo y después de que varios partidarios de la normativa pidiesen ayer aplazar el proyecto.
La marcha de mañana, que los organizadores aún no han cancelado, da seguimiento a las protestas del miércoles, cuando miles de personas se echaron a las calles para pedir la cancelación del texto, aunque entonces solo consiguieron el aplazamiento de su segunda lectura en el Legislativo.
La policía dispersó entonces las manifestaciones en la sede parlamentaria mediante la fuerza —usaron gas lacrimógeno y pelotas de goma— dejando 81 heridos (dos de ellos, de gravedad), y 11 detenidos, según las fuerzas de seguridad locales.
«Como Gobierno responsable, debemos defender la ley y orden. Esta es la misión de la policía», indicó Lam, precisando que las cámaras muestran a muchos manifestantes atacando a los agentes.
«Pero también debemos ser racionales y proteger los mejores intereses de Hong Kong», observó Lam, y resaltó que, aunque los agentes trataron de «reducir las diferencias», decenas de personas provocaron enfrentamientos que causaron lesiones a policías, periodistas y residentes.
De hecho, una de las reivindicaciones de los manifestantes para mañana es que el Gobierno hongkonés condene el «excesivo uso de la fuerza» por parte de la policía y «que libere a los detenidos en las protestas, a las que debe de dejar de calificar como ‘revueltas'», indicó este sábado una de las organizaciones convocantes.
Por su parte, Pekín ha reiterado durante toda la semana su apoyo a la intervención policial en Hong Kong y a la intención del Gobierno local de continuar con la tramitación de esta legislación.
«El Gobierno central ha mostrado su comprensión, confianza, respeto y apoyo en todo momento», anotó, y añadió que Pekín entiende que Hong Kong es muy diferente de la China continental, y que a veces no es fácil «hacer cosas buenas» en la excolonia británica.
«Debemos reforzar la confianza y disipar las preocupaciones», señaló Lam, para quien lo importante ahora es «recuperar la calma social».
«Podría haber más heridos, y no quiero que eso ocurra«, dijo.
Propuesta en febrero y con una votación final que en principio se había previsto para el 20 de junio, la ley permitiría a la Jefatura del Ejecutivo y a los tribunales de Hong Kong tramitar las solicitudes de extradición de jurisdicciones sin acuerdos previos —en particular, China y Taiwán— ni supervisión legislativa.
Sin embargo, el proyecto se ha topado con la oposición de un amplio espectro social, de estudiantes a empresarios, que han expresado su preocupación por el riesgo de que residentes en Hong Kong acusados de delitos sean trasladados a la parte continental de China.
Aunque el Ejecutivo hongkonés insiste en que el texto intenta tapar un vacío legal, los opositores temen que con la nueva ley activistas locales, periodistas críticos o disidentes residentes en Hong Kong también podrían ser enviados a la China continental para ser juzgados.
