Hugo Armando Carvajal: El hombre que debía saber de todo

Hugo Armando Carvajal Barrios (Puerto La Cruz, Venezuela, 1960) no se hizo la cirugía estética radical que temía la Agencia antidroga estadounidense (DEA) mientras estuvo fugado. Sigue respondiendo al perfil de un hombre de mediana edad, como su estatura, y poco pelo ya, pero cano. Contaba su letrada un día a la prensa que durante el año y 10 meses que estuvo huido de la justicia para evitar su extradición a Estados Unidos había cogido algo de peso. En lo físico, al menos, no se le diría gordo. Otra cosa es si se trata del cargo que ocupaba.

Tras una larga carrera militar llegó a ser General Mayor, que es poco más de un peldaño de distancia respecto del más alto rango militar, reservado para el presidente de Venezuela. Bajo mando de Hugo Chávez fue director de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), puesto que no revalidó después con Nicolás Maduro. A ese organismo se le imputan todo tipo de vulneraciones de derechos, desde persecución de opositores hasta detenciones ilegales, torturas y asesinatos. De ahí que en Venezuela tenga tantos adeptos como detractores. Siempre fue una figura controvertida y muy conocida y el mote de El Pollo que le pusieron sus compañeros en la academia militar, ayudó. De hecho, tiene, por así decirlo, su propia ley del divorcio. El litigio con su primera mujer por la separación fue el primero sobre este asunto que forzaba a pronunciarse al Tribunal Constitucional de Venezuela, que no había nunca antes dictado doctrina en relación al divorcio. La sentencia, consultada por ABC, establece que la mera expresión de la voluntad de uno de los cónyuges es suficiente para que se liquide el matrimonio. Se ve que antes no estaba tan claro.

Para divorcios, el suyo respecto de Venezuela cuando se marchó a principios de 2019 dando un portazo, o, lo que es lo mismo, proclamando que apoyaba a Juan Guaidó. Él dice que no fue un cambio de opinión, que su compromiso era con los venezolanos y vio que el de Nicolás Maduro, no. Llevaba seis años ocupando altos cargos con él.

Carvajal ha servido para dos presidentes de la república. A Hugo Chávez le conoció en su etapa en la academia militar y acabó participando con él en un golpe de Estado a principios de los noventa que le valió un tiempo en prisión. Bajo su abrigo, gozó de reconocimiento y ostentó distintos cargos de responsabilidad hasta llegar a la DGCIM. A día de hoy, aún le profesa respeto y lealtad, no así a su sucesor. Al inicio le situó en altos cargos y con roles de asesor, lo que fue minando su relación. En 2014, el premio de Maduro fue quitárselo definitivamente de en medio: sería el nuevo cónsul en Aruba, un paraíso de bandera holandesa frente a las costas venezolanas. La expedición no salió bien, Estados Unidos pidió a Holanda su extradición y fue detenido. La presión de Venezuela sobre las islas y el argumento de que gozaba de inmunidad diplomática le libraron de aquella, pero comenzó a prepararse y encargó carísimas asesorías jurídicas que le orientasen sobre sus posibilidades frente al intento de EE.UU. de extraditarle. De aquellos lodos, el proceso que ahora se sigue en España.

Aquí llegó de tapadillo, con una identidad falsa que ralla la excentricidad –«José Mouriño»– y se presume, que con un arsenal de información bajo el brazo que le brindaría algo de paz. Todavía está por ver si le sirve de algo porque sí, es el hombre que estaba allí, al lado de Chávez, el que debía saberlo todo. Pero está en la tesitura de tener que demostrarlo ante un juez, especialmente si quiere eludir, esta vez sin fugarse, la entrega a EE.UU.

A este punto ha llegado después de que en 2019 aterrizase en la Audiencia Nacional la orden de extradición de las autoridades estadounidenses. El cargo, narcoterrorismo. Del barrio rico de Madrid que eligió para él y su familia tuvo que mudarse a prisión, de ahí a la libertad y después, a la fuga para evitar la entrega y «ganar tiempo» decía al ABC. Un año y diez meses pasaron y más transcurrirá hasta que se aclaren las sombras que rodean todo aquello, pero la primera incógnita se tiene que despejar en menos de un mes: dice que es útil a la justicia española, que tiene mucho que aportar, que hay hechos graves por esclarecer. Pero tiene que demostrar que no es sólo un órdago. En la Audiencia Nacional aún esperan.