Hundir la Isla en el mar antes que perder el poder

La Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) en la sesión constitutiva de la X Legislatura, el pasado 19 de abril, designó a Miguel Díaz-Canel como presidente de Cuba por segunda vez y ratificó a la casi totalidad de los principales funcionarios del Estado y del Gobierno en sus cargos.

Lo ocurrido no fue sorpresa: es la conclusión de un proceso que la historia —herramienta imprescindible para entender e incidir en los fenómenos sociales— nos devela. El 16 de octubre de 1953, hace ya casi siete décadas, en el juicio seguido contra los asaltantes al cuartel Moncada, su líder, Fidel Castro, dijo: «nacimos en un país libre que nos legaron nuestros padres, y primero se hundirá la isla en el mar antes que consintamos en ser esclavos de nadie».

La frase, de corte numantino, expresada mucho antes de que el caudillo asumiera el poder, encubría un propósito estrechamente relacionado con lo ocurrido en la última sesión de la ANPP este 19 de abril: la pretensión de decidir sobre la vida y la muerte de los demás sin tener que consultarles.

Para realizar esa intención en un país dotado de libertades y derechos refrendados constitucionalmente, se requería de una premisa: desmontar la infraestructura política, económica, cívica e institucional fraguada durante el medio siglo de República que precedió al asalto, y que el propio Fidel Castro mismo describió en el citado alegato de 1953: «Os voy a referir una historia. Había una vez una República. Tenía su Constitución, sus leyes, sus libertades; presidente, congreso, tribunales; todo el mundo podía reunirse, asociarse, hablar y escribir con entera libertad. El Gobierno no satisfacía al pueblo, pero el pueblo podía cambiarlo y ya solo faltaban unos días para hacerlo. Existía una opinión pública respetada y acatada y todos los problemas de interés colectivo eran discutidos libremente. Había partidos políticos, horas doctrinales de radio, programas polémicos de televisión, actos públicos y en el pueblo palpitaba el entusiasmo».

Claro está que con esa infraestructura, aunque aún joven, ningún hombre o partido político podía determinar la suerte de Cuba. Se imponía su desmantelamiento, un proceso realizado esencialmente en los dos o tres primeros años de poder revolucionario.

La Constitución que tenía aquella República, la de 1940, en lugar de ser restablecida plenamente como se había anunciado en el discurso de defensa, fue sustituida en esos primeros años de revolución por la Ley Fundamental del Estado cubano, unos estatutos que  eliminaron la división de los poderes públicos, declararon la no necesidad de realizar elecciones libres, concentraron  los poderes de gobierno en un Consejo de Ministros presidido por el líder de la revolución, sustituyeron la diversidad de asociaciones cívicas por las llamadas organizaciones de masas, mientras el Estado monopolizaba la propiedad, la enseñanza, la cultura y los medios de comunicación, a la vez que erradicaba el pluralismo político: la figura del ciudadano desapareció, y el terreno quedó listo para el inmovilismo y la continuidad.

El retroceso sufrido en la agricultura, la industria, la energía eléctrica, el transporte, el sistema de salud y las finanzas; los millones de cubanos reducidos a la pobreza; la desnutrición; la elevada inflación; el aumento de la represión, y el éxodo masivo que solo hacia EEUU huyeron más de 270.000 cubanos en 2022, acumularon un descontento que se manifestó con fuerza en dos de los últimos hechos: las manifestaciones del 11 de julio de 2021 —un acontecimiento inédito en la historia política de Cuba por su extensión, magnitud y espontaneidad—, y la elevadísima abstención en las «elecciones» del 26 de marzo de 2023. Una situación que ubica a Cuba como Estado fallido, aunque aún conserve el control del territorio nacional.

La manifiesta decisión gubernamental de mantener el poder, que llevó al Gobierno a desestimar las oportunidades de cambiar gradualmente, ha conducido a una crisis sistémica profunda en la que ya ninguna reforma parcial puede revertir el proceso.   Una reforma estructural, que es lo que se requiere, conducirá inevitablemente, en el corto o mediano plazo, a lo que la oligarquía totalitaria no está dispuesta: la pérdida del poder; de ahí el peligro del atrincheramiento de la elite que controla al Partido-Estado-Gobierno.

La continuidad del deterioro que representan públicamente el presidente Díaz-Canel y los funcionarios ratificados en sus cargos, se corresponde palmo a palmo con lo manifestado por Fidel Castro el 16 de octubre de 1953: disponer la suerte de un pueblo sin su consentimiento; ahora con una diferencia sustantiva: el Partido-Estado-Gobierno —estructura creada por el caudillo para perpetuar el mando—, no solo actúa sin el consentimiento del pueblo, sino contra su voluntad soberana, manifestada en las protestas populares, las «elecciones» y el éxodo.

Los que ocuparon el poder, al clausurar todos los caminos cívicos para el cambio, son responsables de lo ocurrido en más de seis décadas decidiendo el destino de Cuba con la balanza inclinada hacia el retroceso, un tiempo en el que han contraído intereses económicos —concentrados esencialmente en el holding GAESA, como ha demostrado la Asociación Cuba Siglo XXI— que el grupo gobernante está decidido a defender. Esto ha llevado a esta devenida elite oligárquica, a tratar de copiar el modelo más cercano a sus intereses: el poder oligárquico encabezado por Vladimir Putin en Rusia.

La imposibilidad de esa elite de mantenerse ante su avanzado estado de descomposición, permite asegurar que Cuba está abocada a una salida violenta, bien por una crisis al interior del poder, bien por una nueva oleada de manifestaciones masivas, circunstancias en la que todos seríamos perdedores, y cuya responsabilidad, de producirse, recaerá únicamente en quienes decidieron que primero se hundiría la Isla en el mar —y esclavizaron, eso sí, a todo un pueblo— antes de perder el poder.