Por primera vez en la historia estadounidense, un gran jurado ha acusado a un expresidente de Estados Unidos, según ha informado el pasado jueves The New York Times. Donald Trump pasó años como candidato, en el cargo y fuera de él, ignorando las normas y precedentes democráticos y legales, tratando de doblegar al Departamento de Justicia y al poder judicial a sus caprichos y comportándose como si las reglas no se aplicaran a él.

Como demuestra el texto de la acusación, sí se aplican.

Un patrón de desprecio por la ley a menudo conduce a una acusación penal, y ese es el resultado al que Trump se enfrenta ahora. Los fiscales federales y estatales hicieron bien en dejar de lado las preocupaciones por las consecuencias políticas, o la reverencia por la presidencia, e iniciar investigaciones penales exhaustivas sobre la conducta de Trump en al menos cuatro casos. La investigación del fiscal del distrito de Manhattan es la primera de la que se tiene constancia que haya dado lugar a una acusación.

Donald Trump transformó por completo la relación entre la presidencia y el Estado de derecho, afirmando a menudo que un presidente estaba por encima de la ley. Así que es apropiado que sus acciones como presidente y como candidato sean ahora sopesadas formalmente por jueces y jurados, con la posibilidad de sanciones penales en juego. Trump dañó gravemente las instituciones políticas y jurídicas de Estados Unidos y las amenazó de nuevo con llamamientos a protestas generalizadas una vez que sea acusado. Pero esas instituciones han demostrado ser lo suficientemente fuertes como para exigirle responsabilidades por ese daño.

Un respeto saludable por el sistema legal también requiere que los estadounidenses dejen de lado su posición política al formar juicios sobre estos casos. Mientras que Donald Trump pide habitualmente que sus enemigos sean investigados por el FBI, acusados o condenados a muerte, su indiferencia hacia el debido proceso para otros no debería negarle los beneficios del sistema, incluido un juicio justo y la presunción de inocencia. Al mismo tiempo, ningún jurado debería concederle privilegios especiales como ex presidente. Debe seguir los mismos procedimientos que cualquier otro ciudadano.

La acusación sigue sellada y es posible que los cargos exactos contra Trump no se conozcan hasta dentro de unos días. Pero Alvin Bragg, el fiscal del distrito, ha estado persiguiendo un caso de posible fraude y violaciones de financiación de campaña por parte de Trump por ocultar los pagos que hizo a la estrella de cine porno Stormy Daniels antes de las elecciones de 2016. Sus acciones -utilizar dinero para silenciar a los críticos y ocultar información políticamente perjudicial- fueron incorrectas. La cuestión a la que se enfrentará un jurado es si ese comportamiento cumple el umbral para ser considerado un delito grave.

Si esos son los cargos, la condena dependerá de que se demuestre que Trump participó en la falsificación de registros y documentos de negocios al tiempo que violaba la ley de financiación de campañas, una estrategia legal un tanto novedosa. La falsificación de registros puede ser considerada como un delito menor en Nueva York; para convertirlo en un delito más grave se requiere la prueba de que lo combinó con un segundo delito, en este caso, una potencial violación de las leyes sobre financiación de campaña. El ex presidente, que aspira a un segundo mandato en 2024, ha negado las acusaciones y ha dicho que el caso contra él presentado por el fiscal Bragg, demócrata, tiene motivaciones políticas.

Aunque algunos expertos jurídicos han cuestionado la teoría en la que se basa el caso del Sr. Bragg, no hay ninguna base para la acusación de que está políticamente motivada, una afirmación que Trump ha hecho, durante muchos años, sobre cada investigación de su conducta. Al igual que los jurados son instruidos rutinariamente para ignorar las pruebas que se introducen indebidamente en un juicio, también tendrán que ignorar las implicaciones sin fundamento planteadas por los partidarios y abogados de Trump en estos casos y juzgarlos estrictamente por sus méritos.

Tres de las otras investigaciones que pueden dar lugar a acusaciones son más graves, ya que implican acusaciones no sólo de que Trump violó la ley, sino también de que abusó de su cargo presidencial.

Entre las más significativas están las acusaciones contra él en Georgia. El fiscal de distrito del condado de Fulton, Fani Willis, está sopesando cargos penales contra varias personas, incluido  Trump, por intentar anular los resultados de las elecciones presidenciales de 2020 en ese estado, que el presidente Biden ganó por 11.779 votos. El Sr. Trump presionó repetidamente al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, para que «encontrara» votos adicionales que cambiaran los resultados de las elecciones del estado, parte de un plan para socavar la voluntad de los votantes.

Un gran jurado especial constituido por la Sra. Willis recomendó en febrero que se presentaran cargos en el caso; aún no se sabe qué personas o acusaciones se incluyeron en las recomendaciones del gran jurado ni a quién, si es que hay alguien, podría acusar la Sra. Willis.

Una investigación federal del Departamento de Justicia dirigida por un abogado especial, Jack Smith, también podría dar lugar a cargos contra Trump. El Sr. Smith está investigando los esfuerzos del ex presidente para impedir la transferencia pacífica del poder el 6 de enero de 2021, cuando Trump incitó a una turba armada que atacó el Capitolio de EE.UU., amenazando a los legisladores que se reunieron para certificar los resultados de las elecciones presidenciales. Un informe bipartidista del Senado concluyó el año pasado que siete muertes estaban relacionadas con dicho ataque.

El equipo del Sr. Smith también está investigando al ex presidente por su mala gestión de documentos clasificados que fueron retirados de la Casa Blanca y llevados a Mar-a-Lago, su residencia privada en Florida. En este caso se han recuperado unos 300 documentos clasificados. Los fiscales también están examinando si Trump, sus abogados o miembros del personal engañaron a funcionarios del gobierno que buscaban la devolución de los documentos.

Además de los cargos penales, Trump se enfrenta a varias demandas civiles. La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha demandado al ex presidente por inflar de forma «burda» y fraudulenta el valor de sus activos inmobiliarios. Tres de los hijos adultos de Trump también han sido citados en la demanda. Un grupo de agentes de la Policía del Capitolio y legisladores demócratas han demandado al ex presidente, argumentando que sus acciones del 6 de enero incitaron a la turba que les causó daños físicos y emocionales. E. Jean Carroll, una escritora que acusó a Trump de haberla violado, ha demandado al ex presidente por difamación. Trump niega las acusaciones.

No cabe duda de que procesar al ex presidente acentuará las divisiones políticas que tanto han dañado al país en los últimos años. Trump ya ha avivado esa división, llamando «racistas» a los fiscales que están detrás de las investigaciones, varios de los cuales son negros. Afirmó en un post en las redes sociales que sería arrestado y llamó a sus partidarios a «¡PROTESTAR, RECUPERAR NUESTRA NACIÓN!» El lenguaje se hacía eco de su grito de guerra que precedió a los disturbios del Capitolio. Las autoridades de Nueva York, que no se arriesgan a que se repita la actuación de los partidarios de Trump, se han estado preparando para los disturbios.

Esas acusaciones están claramente dirigidas a socavar las denuncias contra él, inoculándose contra las consecuencias de su mala conducta y utilizando los casos para su ventaja política. Los dos fiscales del distrito en estos casos son demócratas electos, pero su raza y afiliación política no son relevantes para los procedimientos judiciales. (No obstante, el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, demostró de inmediato la intención de su partido de politizar la acusación calificando al Sr. Bragg de «fiscal radical» que persigue una «venganza política» contra Trump. McCarthy no tiene jurisdicción sobre el fiscal del distrito de Manhattan y no tiene por qué interferir en un proceso penal, y sin embargo se comprometió a que la Cámara de Representantes determine si la oficina de Bragg está recibiendo fondos federales.

La decisión de procesar a un ex presidente es una tarea solemne, sobre todo teniendo en cuenta las profundas fisuras nacionales que Donald Trump inevitablemente exacerbará a medida que se acerque la campaña de 2024. Pero el coste de no buscar justicia contra un dirigente que puede haber cometido estos delitos sería aún mayor.

Traducción: Marcos Villasmil

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NOTA ORIGINAL:

The New York Times

Even Donald Trump Should Be Held Accountable

Editorial Board

For the first time in American history, a grand jury has indicted a former president of the United States, The Times reported on Thursday. Donald Trump spent years as a candidate, in office and out of office, ignoring democratic and legal norms and precedents, trying to bend the Justice Department and the judiciary to his whims and behaving as if rules didn’t apply to him.

As the news of the indictment shows, they do.

A pattern of disregard for the law often leads to a criminal indictment, and that is the outcome Mr. Trump now faces. Federal and state prosecutors were right to set aside concerns about political fallout, or reverence for the presidency, and initiate thorough criminal investigations of Mr. Trump’s conduct in at least four instances. The investigation by the Manhattan district attorney is the first known to result in an indictment.

Mr. Trump completely transformed the relationship between the presidency and the rule of law, often asserting that a president was above the law. So it is appropriate that his actions as president and as a candidate should now be formally weighed by judges and juries, with the possibility of criminal penalties on the line. Mr. Trump badly damaged America’s political and legal institutions and threatened them again with calls for widespread protests once he is indicted. But those institutions have proved to be strong enough to hold him accountable for that harm.

A healthy respect for the legal system also requires Americans to set aside their politics when forming judgments on these cases. While Mr. Trump routinely called for his enemies to be investigated by the F.B.I., to be indicted or to face the death penalty, his indifference to due process for others shouldn’t deny him the system’s benefits, including a fair trial and the presumption of innocence. At the same time, no jury should extend to him any special privileges as a former president. He should have to follow the same procedures as any other citizen.

The indictment remains sealed, and the exact charges against Mr. Trump may not be known for several days. But Alvin Bragg, the district attorney, has been pursuing a case of possible fraud and campaign finance violations by Mr. Trump for concealing payments he made to the porn-film star Stormy Daniels before the 2016 election. His actions — using money to silence critics and hide politically damaging information — were wrong. The question that will face a jury is whether that behavior meets the threshold for conviction as a felony.

If those are the charges, conviction will hinge on proving that Mr. Trump participated in falsifying business records while violating campaign finance law, a somewhat novel legal strategy. Falsifying records can be charged as a misdemeanor in New York; to make it a more serious felony requires proof that he combined it with a second crime, in this case, a potential campaign finance violation. The former president, who is seeking a second term in 2024, has denied the allegations and has said that the case against him brought by Mr. Bragg, a Democrat, is politically motivated.

While some legal experts have questioned the theory behind Mr. Bragg’s case, there is no basis for the accusation that it is politically motivated — a claim that Mr. Trump has made, for many years, about every investigation into his conduct. Just as jurors are routinely instructed to ignore evidence that is improperly introduced in a trial, they will also have to ignore the unsubstantiated implications raised by Trump supporters and attorneys in these cases and judge them strictly on the merits.

Three of the other investigations that may result in indictments are more serious, because they involve allegations not just that Mr. Trump violated the law but also that he abused his presidential office.

Among the most egregious are the accusations against him in Georgia. The Fulton County district attorney, Fani Willis, is weighing criminal charges against several people, including Mr. Trump, for attempting to overturn the results of the 2020 presidential election in that state, which President Biden won by 11,779 votes. Mr. Trump repeatedly pressured Georgia’s secretary of state, Brad Raffensperger, to “find” additional votes that would change the results of the state’s election, part of a scheme to undermine the will of the voters.

A special grand jury impaneled by Ms. Willis recommended in February that charges be brought in the case; it’s not yet known which people or allegations were included in the grand jury’s recommendations or whom, if anyone, Ms. Willis may seek to indict.

A federal Justice Department inquiry led by a special counsel, Jack Smith, could also result in charges against Mr. Trump. Mr. Smith is investigating the former president’s efforts to prevent the peaceful transfer of power on Jan. 6, 2021, when Mr. Trump roused an armed mob that attacked the U.S. Capitol, threatening lawmakers who were gathered to certify the results of the presidential election. A bipartisan Senate report last year found that seven deaths were related to the attack.

Mr. Smith’s team is also investigating the former president over his mishandling of classified documents that were removed from the White House and taken to Mar-a-Lago, his private residence in Florida. Some 300 classified documents have been recovered in the case. Prosecutors are also examining whether Mr. Trump, his attorneys or staff members misled government officials seeking the return of the documents.

In addition to criminal charges, Mr. Trump faces several civil lawsuits. New York’s attorney general, Letitia James, is suing the former president for “grossly” and fraudulently inflating the value of his real estate assets. Three of Mr. Trump’s adult children are named in the suit as well. A group of Capitol Police officers and Democratic legislators are suing the former president, arguing that his actions on Jan. 6 incited the mob that caused them physical and emotional harm. E. Jean Carroll, a writer who accused Mr. Trump of raping her, is suing the former president for defamation. Mr. Trump denies the charges.

Prosecuting the former president will no doubt widen the existing political divisions that have so damaged the country in recent years. Mr. Trump has already stoked that divisiveness, calling prosecutors behind the probes — several of whom are Black — “racist.” He claimed in a social media post that he would be arrested and called on his supporters to “PROTEST, TAKE OUR NATION BACK!” The language echoed his rallying cry that preceded the Capitol riot. Officials in New York City, taking no chances on a repeat performance by Mr. Trump’s supporters, have been preparing for unrest.

Those accusations are clearly aimed at undermining the allegations against him, inoculating himself from the consequences of his misconduct and using the cases to his political advantage. The two district attorneys in these cases are elected Democrats, but their race and political affiliations are not relevant to the legal proceedings. (Mr. Smith is not registered with either party.) Nevertheless, House Speaker Kevin McCarthy immediately demonstrated his party’s intent to politicize the indictment by calling Mr. Bragg “a radical DA” pursuing “political vengeance” against Mr. Trump. Mr. McCarthy has no jurisdiction over the Manhattan district attorney and no business interfering in a criminal prosecution, and yet he vowed to have the House of Representatives determine whether Mr. Bragg’s office is receiving federal funds.

The decision to prosecute a former president is a solemn task, particularly given the deep national fissures that Mr. Trump will inevitably exacerbate as the 2024 campaign grows closer. But the cost of failing to seek justice against a leader who may have committed these crimes would be higher still.