Intimidación a la democracia en América Latina
La democracia enfrenta un deterioro global, impulsado
por una élite que prioriza la concentración del poder
político y económico, subordinando cualquier
desarrollo económico y social a sus intereses. El
desmantelamiento del Estado de derecho y las
libertades civiles en diversas regiones, junto con la
creciente desigualdad económica y la incapacidad de
los gobiernos para lograr consensos políticos
efectivos, representan desafíos significativos para
America Latina.
Este entorno ha generado una situación en la que las
soluciones políticas viables son cada vez más difíciles
de alcanzar, exacerbando las tensiones sociales y
debilitando la estabilidad de las democracias.
En las últimas décadas, las democracias en América
Latina han enfrentado retos significativos que han
puesto a prueba la solidez de sus sistemas políticos.
Esta amenaza a las democracias de la región no solo
se manifiesta en crisis institucionales y políticas, sino
también en una creciente ola de descontento social,
polarización y la emergencia de movimientos políticos
que cuestionan los principios democráticos
establecidos.
Una de las principales amenazas proviene de una
tendencia autoritaria en varios países
latinoamericanos, ejemplificada por el ascenso de
líderes políticos y movimientos que, bajo la premisa de
solucionar problemas urgentes, adoptan posturas que
erosionan el tejido democrático. Líderes como Jair
Bolsonaro en Brasil, Nayib Bukele en El Salvador,
Javier Milei en Argentina y Nicolás Maduro en
Venezuela ejemplifican esta tendencia. Aunque a
menudo se presentan como desafiantes del statu quo,
sus políticas y retórica tienden a socavar las normas
democráticas fundamentales.
En Brasil, la democracia ha enfrentado desafíos
significativos en los últimos años, marcados por la
polarización política y la confrontación entre figuras
clave como Jair Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva.
Bolsonaro, con su estilo populista y retórica
nacionalista, promovió una agenda que erosionó varias
instituciones democráticas y profundizó la polarización
social. Su administración ha sido criticada por su
manejo de la pandemia, su actitud hacia los medios de
comunicación y la justicia, y sus intentos de
deslegitimar el sistema electoral.
Mientras tanto, Lula da Silva, tras su regreso al poder
en 2023, ha tenido que enfrentar el desafío de
reconstruir un país profundamente dividido y con una
economía en crisis. Lula, líder del Partido de los
Trabajadores, ha prometido restaurar la confianza en
las instituciones democráticas y abordar las
desigualdades sociales y económicas, pero su
gobierno enfrenta una oposición feroz y el legado de
divisiones persistentes. Esta situación ha puesto a
prueba la democracia brasileña, con implicaciones
para América Latina en general, subrayando la
necesidad urgente de diálogo constructivo y reformas
institucionales para fortalecer la democracia y mejorar
la cohesión social.
En Argentina, la llegada de Javier Milei a la
presidencia en 2023 ha representado un desafío
significativo para la democracia del país. Milei se
presentó como una respuesta a la corrupción y la
ineficacia de los gobiernos anteriores, con una retórica
anti-sistema y propuestas económicas extremas, como
la dolarización de la economía y la eliminación del
banco central. Estas propuestas han generado una
gran polarización en la sociedad argentina. En los
primeros seis meses de su gestión, Milei ha enfrentado
desafíos en la implementación de sus políticas, con
una oposición implacable que ha llevado a constantes
confrontaciones y debates sobre la viabilidad y las
consecuencias de sus propuestas. La tensión entre el
nuevo liderazgo y las instituciones establecidas ha
puesto a prueba la capacidad del sistema democrático
argentino para manejar el cambio radical, revelando
profundas divisiones sobre el futuro económico y
político del país.
El fenómeno de erosión democrática no se limita, solo
a estos países. Perú enfrenta una crisis política
recurrente, caracterizada por la inestabilidad
gubernamental y la corrupción que debilitan la
gobernabilidad y el Estado de derecho. En El Salvador,
la concentración de poder en la presidencia genera
preocupación respeto a la separación de poderes y el
fortalecimiento de la democracia.
En Chile, el partido Republicano ha ganado influencia,
cuestionando algunos de los avances democráticos
logrados en las últimas décadas. En Colombia, el
gobierno de Gustavo Petro, iniciado en 2022, ha
impulsado una agenda ambiciosa de reformas sociales
y económicas, pero también ha enfrentado críticas
sobre la relación entre el ejecutivo y los poderes
legislativo y judicial, y su enfoque hacia el narcotráfico
y la violencia. Las tensiones políticas y sociales han
sido frecuentes, reflejando la dificultad de implementar
reformas en un contexto de alta polarización.
Estos desafíos autoritarios se acompañan de una
creciente polarización social y política en la región,
creando un ambiente en el que el diálogo y el
compromiso son cada vez más difíciles de alcanzar. La
erosión del consenso democrático y el aumento de la
desconfianza en las instituciones han contribuido a un
clima de inestabilidad que pone en peligro la cohesión
social y la gobernabilidad. En este contexto, No puedo
dejar de mencionar el caso de Venezuela que es el
gran motivador de este escrito, que se destaca como
un ejemplo extremo de acoso a la democracia.
El acoso a la democracia en Venezuela:
En Venezuela, el acoso a la democracia ha sido una
constante durante los últimos 25 años. Bajo el
gobierno de Hugo Chávez y su sucesor Nicolás
Maduro, el país ha experimentado un progresivo
desmantelamiento de las instituciones democráticas.
La concentración de poder en el ejecutivo, la erosión
de la independencia del poder judicial y la clausura de
medios de comunicación han socavado los
fundamentos del sistema democrático.
Las reformas constitucionales y las decisiones
gubernamentales han debilitado los mecanismos de
control y equilibrio, permitiendo que el poder se
concentre en manos del régimen y marginando a la
oposición política.
La crisis política y económica en Venezuela ha sido
exacerbada por la represión sistemática de la
disidencia y la supresión de las libertades civiles. Las
fuerzas de seguridad y los cuerpos represivos del
Estado han utilizado la violencia para silenciar a los
críticos y desmantelar las protestas pacíficas. Las
detenciones arbitrarias, las torturas, la utilización de
las fuerzas policiales nacionales, estatales y
municipales, las fuerzas armadas, así como los grupos
paramilitares (colectivos), armados por el gobierno y al
margen de la ley, llevaron a cabo cientos de
ejecuciones durante los últimos 25 años de revolución.
A lo que habría que agregarle las restricciones a la
libertad de prensa que se convirtieron en prácticas
comunes, creando un ambiente de temor que impide la
participación política efectiva y el ejercicio de los
derechos fundamentales.
Este clima de represión ha llevado a una crisis
humanitaria que ha provocado el éxodo masivo de 8
millones de venezolanos en busca de mejores
condiciones de vida.
El 28 de julio de 2024, Venezuela vivió una jornada
electoral marcada por el fraude. Nicolás Maduro, en
busca de su reelección, organizó un proceso electoral
bajo un ambiente de desconfianza generalizada hacia
las instituciones del país. Las acusaciones de fraude
fueron amplificadas por informes de irregularidades y
manipulaciones, incluyendo la falta de acceso
adecuado a las urnas y el uso de propaganda estatal a
favor de Maduro. Se registraron presiones y amenazas
a votantes y trabajadores electorales, sembrando
dudas sobre la legitimidad del proceso.
Al día siguiente del proceso electoral, el Consejo
Nacional Electoral proclamó a Nicolás Maduro como
presidente electo con un 52% de los votos, mientras
que los verdaderos resultados indicaban que el
embajador Edmundo González Urrutia había ganado
con el 67% de los votos. La falta de transparencia en
el manejo de los datos y el control riguroso de los
medios de comunicación contribuyeron a profundizar el
deterioro de la democracia en Venezuela. La
comunidad internacional se mantiene vigilante,
esperando una resolución que permita restaurar la
credibilidad en la democracia venezolana.
Para América Latina, lo acontecido en Venezuela
refuerza la preocupación por la estabilidaddemocrática
de la región y plantea desafíos para la
estrategias de política exterior y cooperación regional.
La falta de validación del triunfo opositor exacerba las
tensiones y la migración forzada hacia los países
vecinos, mostrando la necesidad de un enfoque
regional e internacional coordinado para abordar la
crisis y apoyar los esfuerzos por la restauración de la
democracia y el respeto a los derechos humanos en
Venezuela.
Sin embargo, es importante señalar que estos desafíos
no son exclusivos de América Latina. Muchas
democracias en todo el mundo enfrentan presiones
similares. La región tiene una historia particular de
luchas por la estabilidad democrática, y los recientes
desarrollos representan un retroceso preocupante en
los avances logrados en las últimas décadas. Para
enfrentar estos desafíos, es crucial fortalecer las
instituciones democráticas y promover un debate
político basado en el respeto y el compromiso con los
principios democráticos. La participación ciudadana
activa, el fortalecimiento de los medios de
comunicación independientes y la defensa de la
justicia y el estado de derecho son fundamentales para
preservar la democracia en América Latina.
En conclusión, el acoso a las democracias
latinoamericanas es una preocupación que exige
atención y acción. Los recientes desarrollos en varios
países de la región subrayan la necesidad de proteger
y promover los valores democráticos fundamentales
para garantizar un futuro estable y próspero para todos
los ciudadanos. La vigilancia constante, el compromiso
cívico y la defensa de las instituciones democráticas
son esenciales para enfrentar las amenazas y
fortalecer la democracia en América Latina.
Luis Velásquez
Embajador