Islas en cólera

Los gestos de rebeldía de dos comunidades insulares separadas por miles de kilómetros ocupan  el espacio mediático, unidas ante el peligro común que por razones ecológicas enfrentan hasta para su misma existencia como Estados

Contrastando con la actitud de los grandes del planeta, que por cálculo o ignorancia prefieren  soslayar la crisis planetaria, sus dirigentes, con el agua al cuello –y no es metáfora, porque se hunden cada día, azotados por tsunamis, tifones, huracanes y terremotos- han decidido levantar la voz ante la aldea global.

Expresan irritación por el pobre balance de decenios de tratativas en conferencias que han devenido mero escape turístico para una legión de profesionales de la diplomacia ambiental, mientras la temperatura sigue aumentando con efectos catastróficos en sus regiones.

Por una parte, un grupo de Estados del Caribe reclaman ante la Corte Penal Internacional compensaciones financieras de los países desarrollados más contaminantes por los desastres naturales.

Son nada menos que 91 alegatos que los magistrados de La Haya deberán considerar el próximo diciembre y si es cierto que de allí saldrá sólo una opinión, éste podría servir eventualmente de base legal para negociar las reivindicaciones que los isleños estiman justas a fin de enfrentar el deterioro.

Un veredicto favorable podría abrir el camino de un impuesto global o algo así como un Plan Marshall para el resarcimiento de los daños que dejan las tormentas tropicales, y la condonación de las deudas en que deben incurrir unas sociedades tan vulnerables, mono-productoras y dependientes en general del turismo internacional.

Más radical ha sido la posición adoptada por las islas de Vanuatu, Fiji y Samoa en el Océano Pacífico, de asimilar la destrucción ambiental a un delito de genocidio, en otro documento a la misma Corte que, de prosperar, permitiría  procesar penalmente a  ejecutivos de las grandes transnacionales contaminantes e incluso a jefes de Estado.

Como todo en palacio, también esto irá despacio, sobre todo porque afecta intereses poderosos. Pero distinguidos expertos y académicos están convencidos de que el ecocidio se incorporará inexorablemente al elenco de crímenes contra la humanidad, porque algunos países, como Bélgica, ya lo aceptaron en su legislación doméstica.

Incluso México y la Unión Europea le conceden una atención que hubiese extrañado hace no mucho tiempo y no sorprendería que la evidencia acumulada con catástrofes cada día más mediáticas forzase a quemar etapas para satisfacer el legítimo reclamo de los micro-estados en riesgo y reformar los estatutos de la Corte.

Así se ampliaría la jurisdicción que ahora la confina a crímenes de genocidio y contra la humanidad y el uso de la fuerza de un estado contra otro, pese al  detalle de que los más grandes contaminadores –los Estados Unidos, China, India y Rusia- no forman parte del organismo.

Y, sin embargo, paradójicamente, las apetencias  geopolíticas de estas potencias, de manifiesto en  recientes movidas diplomáticas, pudiera incentivar una competencia que, de carambola, ayudase a la postre a las islas del Caribe y Oceanía en su agónica lucha por la supervivencia

Varsovia, septiembre de 2024.