Izikson (Cadem): «Nos hemos ido dando cuenta que un tercio de los chilenos hoy valida la violencia»

El gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem, señala que «eso es uno de los grandes cambios y una de las grandes novedades en esta crisis porque era algo que no estaba presente en el Chile precrisis». El mismo día en que fue publicada la encuesta, un sector amplio de la izquierda votó en contra de aumentar la penalización de las barricadas como delito de desorden público.

Ayer el Senado aprobó el proyecto que tipifica el delito de desorden público mediante actos de violencia, mejor conocido como «antisaqueos» y «antibarricadas». La votación de este último punto contó con 24 votos a favor y 14 en contra. Los legisladores de izquierda que se opusieron a la iniciativa, utilizaron argumentos como que «se que castiga el legítimo derecho a la protesta» o que era «un instrumento para subsidiar la incapacidad para controlar el orden público en el país».

La ley forma parte de la agenda de seguridad que el Ejecutivo impulsó después de la crisis de violencia tras el 18 de octubre. Y fue justamente en este contexto que ayer se dio a conocer la última encuesta Cadem que muestra, entre otros números, cómo un porcentaje de la población valida la violencia.

El gerente de Asuntos Públicos y Estudios Cuantitativos de Cadem, Roberto Izikson, afirma que «nos hemos ido dando cuenta, a lo largo de estas semanas en distintas preguntas que hemos hecho, que hay más o menos un tercio de chilenos que hoy está validando la violencia y eso es una de las grandes novedades en esta crisis, porque era algo que no estaba presente en el Chile precrisis».

En este sentido, Izikson profundiza sobre el porcentaje de personas que no condena la toma de colegios en el boicot de la PSU. «Hay un 35% de los chilenos que valida el boicot, que finalmente  es una forma violenta de movilización como mecanismo para hacer presión». Esto, versus al 63% que se muestra en desacuerdo del sabotaje del examen.

Nos hemos ido dando cuenta, a lo largo de estas semanas en distintas preguntas que hemos hecho, que hay más o menos un tercio de chilenos que hoy está validando la violencia y eso es una de las grandes novedades en esta crisis porque era algo que no estaba presente en el Chile pre crisis».

«Esa validación de la violencia está dada, principalmente, por una polarización de la izquierda-derecha, donde un 55% de la izquierda está de acuerdo con el boicot. Y luego viene la novedad que es la polarización generacional. Jóvenes entre 18 y 34 años están de acuerdo con el boicot (55%)». 

Esas divisiones de las que habla el gerente de Asuntos Públicos de Cadem, también se vieron evidenciadas en la votación que tuvo lugar ayer en la Cámara Alta.

De los 14 parlamentarios que se opusieron al proyecto antibarricadas, 6 pertenecen al Partido Socialista, 2 independientes, 3 PPD, uno del Frente Amplio, uno del MAS, y un DC.

Este último caso fue la senadora Yasna Provoste quien, al argumentar su postura contraria -tal como lo hizo en la comisión de Seguridad- dijo que se trataba de una «agenda pública centrada en la represión en el orden público. (El gobierno) se queja de no tener herramientas suficientes de represión y se quejan que no se les aprueben nuevos elementos represivos».

En el mismo tono, el vicepresidente del Senado, Alfonso De Urresti (PS), fundamentó su voto en contra afirmando que «no estamos disponibles para este tipo de sanciones que a través de la construcción de figuras penales se cree que esto va a disminuir la movilización social o los estudiantes de marchar por la vía pública». Y llamó a «no castigar el legítimo derecho a la protesta». 

En cambio, además de los representantes de Chile Vamos, fueron 6 los parlamentarios de oposición que votaron a favor del proyecto: Carolina Goic (DC), Felipe Harboe (PPD), José Miguel Insulza (PS), Ricardo Lagos Weber (PPD), Jorge Pizarro (DC) y Jaime Quintana (PPD). 

«No podemos permitir que los ciudadanos sean amenazados por una minoría que pone en riesgo la seguridad de quienes van a manifestarse», señaló el senador Harboe. Y añadió que «en qué minuto se entendió que la legitima reivindicación permitía interrumpir la libertad de una persona mediante violencia».

En este mismo sentido, el único senador socialista que dio luz verde a la iniciativa, José Miguel Insulza, indicó que «estamos hablando de interrumpir completamente la libre circulación de personas o vehículos en la vía pública mediante violencia o intimidación, las dos cosas juntas».  Agregó: «Yo ciertamente critico, igual que muchos, la política de seguridad pública del gobierno, pero este es un proyecto mínimo, es casi una señal. Porque el que hace estas cosas, por ejemplo, el que interrumpe la libre circulación de personas o vehículos mediante violencia o intimidación tiene una pena de presidio menor en su grado mínimo».

Otro dato de la Cadem sobre el orden público muestra que mientras un 28% dice que «se debe esperar el retorno de la normalidad y el orden público» para un cambio constitucional, un 70% dice que «se debe avanzar ahora en el proceso de nueva Constitución». Izikson subraya: En ese segmento (28%) no es que todos ellos no quieran una nueva Constitución sino que dicen ‘normalicemos el orden público y después avancemos’. Pero la gran mayoría, el 70%, sigue estando por avanzar sin importar el contexto de orden público».

De acuerdo a lo que asegura el experto, en la última encuesta quedó en evidencia que la perseverancia en el apoyo a las movilizaciones se explica porque «la gente está disponible a pagar los costos vigentes, con tal de mantener vigente la esperanza de que Chile sea un mejor país del que era antes de la crisis. La principal preocupación del Chile hoy es que todos estos costos que hemos tenido que pagar durante los últimos casi tres meses, sean en vano».

El boicot de la PSU como una variable de orden público

Según consigna el último sondeo realizado por Cadem, un 63% es contrario a las tomas como una forma de protesta en los colegios en que se iba a rendir la PSU, mientras que un 35% está de acuerdo. 

Consultado por el trasfondo de estos números, Izikson destaca: «Hay un 35% de los chilenos que valida el boicot, que finalmente  es una forma violenta de movilización como mecanismo para hacer presión (…). El apoyo a la movilización está más bien asociado al descontento social y no a las variables de orden público».

Quien está más bien por votar Convención Mixta, tiene una tendencia mayor a votar Rechazo. En la medida en que consolide la opción Convención Mixta, eso puede incentivar a que aumente también el Rechazo».

Es ese sentido con el que argumenta que «la PSU atiende más a una variable de orden público a diferencia de lo que explica el descontento social que está asociado principalmente a una sensación creciente de desigualdad producto de la salud, las pensiones, la educación y el costo de la vida».

Plebiscito: «Creo que va a ser 65%-35%. Sectores mayoritarios de la derecha se estén cuadrando con el Rechazo y eso puede permear»

La encuesta abordó también el proceso constituyente. De acuerdo al sondeo, un 74% votaría apruebo a una nueva Constitución, mientras que el rechazo alcanza un 19%.

En esa línea, un 54% está por cambiar totalmente la actual Constitución y redactar una nueva, 25% por hacer cambios, pero tomando como base el actual texto constitucional, y 19% por conservar la Constitución y hacer cambios solo cuando sea necesario.

Respecto a los mecanismos, 52% considera que una Convención Constituyente debiese ser el órgano para redactar la nueva Constitución y 43% que sea a través de una Convención Mixta.

Consultado por los eventuales escenarios de cara al plebiscito de abril, Izikson asegura que existe la posibilidad de que la opción Rechazo tome fuerza. Explica: «Hay voto voluntario y, por lo tanto, no sabemos hoy día cuanta gente de la que dice Apruebo va a terminar votando y eso tiene un efecto». Además, señala , «la campaña todavía no empieza, va a haber franja y la franja tiene un efecto. Las elecciones presidenciales lo demostraron y esto es así. En las últimas tres semanas los chilenos cambian significativamente su voto. No cambia el resultado, pero sí podría aumentar hasta 7 u 8 puntos, sería normal, hasta 10 puntos».

En la misma línea, afirma que «creo que esto va a ser 65%-35%. Creo que sectores mayoritarios de la derecha se estén cuadrando con el Rechazo eso puede empezar a permear. El segundo factor es la prescidencia del gobierno, o sea que el gobierno no tenga una posición también deja en libertad para que la política haga su trabajo. Tercero, está el antecedente que es el apoyo a si esto tiene que ser una Convención Mixta o Constituyente. Y ahí las diferencias son mucho menores. Quien está más bien por votar Convención Mixta, tiene una tendencia mayor a votar Rechazo. En la medida en que consolide la opción Convención Mixta, eso puede incentivar a que aumente también el Rechazo».