Javier Corrales / Venezuela: ¿La gota que colma el vaso?
El gobierno está jugando sucio con el referendo.
Javier Corrales – Americas Quarterly
Para ver una lista completa de las irregularidades electorales que han ocurrido desde que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumió el cargo, vaya a la parte inferior de la página. (Original en inglés).
Yo escribí recientemente sobre el factor institucional que, en mi opinión, está manteniendo al gobierno de Venezuela con vida. Lo llamé el escudo judicial, que hace referencia a la forma en que el Tribunal Supremo se ha alineado totalmente con el Ejecutivo para invalidar todos los actos del Congreso, desarmando así a la oposición.
Pero en las últimas semanas también he notado algo que potencialmente podría provocar la caída del gobierno del presidente Nicolás Maduro: las irregularidades electorales. He contabilizado 26 irregularidades de ese tipo, bajo su presidencia, con una lista completa que se detalla al final de la nota. Si bien un único incidente no socavará a Maduro, juntos están llevando al país muy cerca de un peligroso punto de inflexión.
En situaciones de enorme descontento político, los esfuerzos de un gobierno de jugar con las reglas electorales pueden provocar graves protestas. Esto es lo que ha estado sucediendo este año en Venezuela.
Impulsada tanto por su fuerza electoral como por el escudo judicial del gobierno, la oposición ha iniciado el proceso para impulsar un referéndum que revoque a Maduro.
El referendo revocatorio es una innovación fundamental de la Constitución de 1999 y un importante derecho de los ciudadanos venezolanos, pero la respuesta del gobierno ha sido intentar todos los trucos posibles para evitar la consulta. Este tipo de intromisión es una grave irregularidad electoral y, como es lógico, está sacando de quicio a la oposición.
Son difíciles de exagerar los efectos desestabilizadores de las irregularidades electorales. Esta es la principal lección de las revoluciones de colores, una serie de protestas masivas que tuvieron lugar en las antiguas repúblicas soviéticas a partir de 2000. Las crisis electorales fueron características cruciales en seis casos clave: Yugoslavia (2000), Georgia (2003), Ucrania (2004) , Kirguistán (2005), Bielorrusia (2006) y Moldavia (2009). El gobierno de cada república suspendió las elecciones, vetó a actores importantes, o anunció resultados no creíbles. Estas irregularidades electorales produjeron un aumento de las protestas, y en algunos casos, el cambio de régimen. La primavera árabe a partir de 2010 también involucró irregularidades electorales en muchos casos.
En América Latina, las irregularidades electorales ya no son aspectos prominentes de las crisis políticas. Muy pocas de las crisis presidenciales que han tenido lugar en la región, incluyendo el juicio político de la suspendida presidente de Brasil, Dilma Rousseff, se han desencadenado por irregularidades electorales. Sin duda, elecciones con resultados estrechos, como en México 2006, han desencadenado protestas, pero situaciones en las que el gobierno es sistemáticamente atrapado haciendo trampa, o alterando procedimientos, son menos comunes hoy en América Latina. El fortalecimiento electoral es, de hecho, un área de gran cambio institucional en la última década – por el bien de la democracia-. Si bien ningún país puede pretender tener procesos electorales perfectos, la mayoría ahora tiene sistemas electorales mucho más creíbles y fiables que hace una década. Las excepciones son Haití, Nicaragua, Honduras y, por supuesto, Venezuela.
Venezuela, de hecho, se ha movido al revés del resto de América Latina. El país ha experimentado una larga lista de irregularidades electorales desde que el chavismo se afianzó en 1999. Bajo Maduro, esas irregularidades se han vuelto más frecuentes y excesivas.
En el caso del referendo revocatorio el gobierno de Maduro está posiblemente adoptando las peores formas de irregularidades electorales vistas hasta ahora. El organismo electoral encargado de los procesos electorales, el Consejo Nacional Electoral (CNE), está tomando, inexplicablemente, mucho tiempo para cumplir con los procedimientos establecidos. Ha inventado nuevas regulaciones después de iniciar el proceso. Se están utilizando métodos no transparentes para invalidar las firmas recogidas. Varios miembros del partido en el poder, en secreto, están tomando decisiones acerca de los procedimientos y su cumplimiento. E incluso Maduro, junto con importantes miembros del gabinete, como el canciller Delcy Rodríguez y el vicepresidente Aristóbulo Istúriz, ha dicho que el referéndum no puede tener lugar este año, pronosticando un resultado que no debe ser decretado.
Al comparar el comportamiento del CNE, en esta ocasión, con su comportamiento en una anterior campaña de recogida de firmas se pone de manifiesto su grado de parcialidad. En 2015, el gobierno organizó una campaña de recolección de firmas para aprobar una resolución de condena a los Estados Unidos. El CNE validó 10,4 millones de firmas en tan sólo un día y medio. Para el referendo revocatorio de este año, con 1,95 millones de firmas para validar, el CNE tardó más de 30 días para hacer su trabajo. El CNE rechazó más del 30 por ciento de las firmas, en la mayoría de los casos por razones no claras. Incluso la firma de Henrique Capriles, el líder de la oposición, fue rechazada.
El siguiente paso en el proceso de validación de las firmas ha sido deliberadamente diseñado para desanimar el voto. Sólo se han abierto 24 centros de validación, cada uno situado en las capitales estatales, lo que significa que la mayoría de los peticionarios tendrán que viajar lejos para validar las firmas con sus huellas dactilares. Además, todo el proceso tiene que ser completado en cinco días. Con este marco de tiempo, las largas colas son inevitables, en un país donde la gente está harta de las colas para comprar comida. Los funcionarios también tendrán que trabajar como super-humanos. En el estado Zulia, por ejemplo, los funcionarios tendrán que procesar 10 firmas por minuto, si trabajan una jornada de ocho horas.
Peor aún, estas irregularidades electorales se están produciendo en un contexto de aumento de la represión. La policía nacional y el ejército han sido desplegados en la mayoría de los supermercados con la intención de usar la fuerza para evitar disturbios mientras la gente está de pie en largas colas, desesperada por encontrar productos en un país donde la gran mayoría no está disponible o es demasiado cara. Los líderes de la oposición han sido golpeados en público por participar en marchas. Y a mediados de mayo, Maduro declaró un «estado de excepción» generalizado, aboliendo en la práctica todas las libertades y garantías constitucionales.
El resultado de la creciente irregularidad electoral en el contexto de un descontento en aumento es predecible: tanto el ala moderada como la radical de la oposición se han unido en su determinación de participar en protestas callejeras. Hablando como si estuviera expresando un deseo, la presidente del CNE, Tibisay Lucena, amenazó la semana pasada con cancelar el referéndum revocatorio si ocurren más protestas.
El aumento de las irregularidades electorales bajo Maduro apuntalan el argumento del secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, de que el orden democrático en Venezuela ha sido alterado. El estado de la democracia en Venezuela se ha convertido, una vez más, tema de discusión en los foros diplomáticos.
Mientras la OEA se prepara para discutir el caso Venezuela, se debería tener en cuenta que el país puede haber llegado a un punto de no retorno. Una irregularidad electoral más flagrante podría desencadenar los más graves enfrentamientos hasta la fecha entre el gobierno y los ciudadanos. Más enfrentamientos, a su vez, darán lugar a una mayor participación de los militares. Y una vez que el ejército está involucrado, es difícil predecir quién va a vivir o morir.
En el debate sobre Venezuela, por lo tanto, la OEA debe ser consciente de que está abordando no sólo el estado de la calidad institucional o el diálogo político. Se están abordando cuestiones de vida y muerte entre el gobierno y la oposición.
Para ver una lista completa de las irregularidades electorales que han ocurrido desde que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, asumió el cargo, vaya a la parte inferior de la página. (Original en inglés).
Traducción: Marcos Villasmil
ORIGINAL EN INGLÉS:
Venezuela: Is This the Final Straw?
In dealing with the recall referendum, the government is playing dirty.
Javier Corrales – Americas Quarterly
To see a full list of electoral irregularities that have occurred since Venezuela’s President Nicolás Maduro took office, scroll to the bottom of the page
I recently wrote about the one institutional factor that, in my opinion, is keeping Venezuela’s government alive. I called it the judicial shield, which refers to how the Supreme Court has sided entirely with the executive branch to invalidate every act of Congress, thereby disarming the opposition.
But in recent weeks I have also recognized something that could potentially bring down the administration of President Nicolás Maduro: electoral irregularities. I have tallied 26 such irregularities under his leadership, with a full list detailed below. While no single incident alone will undermine Maduro, altogether they are bringing the country close to a dangerous tipping point.
In situations of enormous political discontent, efforts by a government to tinker with electoral rules can spark serious protests. This is what has been happening in Venezuela this year.
Propelled by both its electoral strength and the government’s judicial shield, the opposition set in motion the process of requesting a referendum to recall Maduro.
The recall referendum is a key innovation of the 1999 Constitution and an important right of Venezuelan citizens, but the government has responded by trying every possible trick to avoid it. This kind of meddling is a serious electoral irregularity and, not surprisingly, it is driving the opposition crazy.
The destabilizing effects of electoral irregularities are hard to overstate. This is the main lesson of the Color Revolutions, a series of massive protests that took place in former Soviet republics starting in 2000. Electoral crises were crucial features in six key cases: Yugoslavia (2000), Georgia (2003), Ukraine (2004), Kyrgyzstan (2005), Belarus (2006) and Moldova (2009). The government of each republic suspended elections, banned important actors, or announced non-credible results. These electoral irregularities led to an increase in protests, and in some cases, regime change. The Arab Spring of the 2010s also involved electoral irregularities in many cases.
In Latin America, electoral irregularities are no longer prominent aspects of political crises. Few of the presidential crises that have taken place in the region, including suspended Brazilian President Dilma Rousseff’s impeachment trial, have been triggered by electoral irregularities. No doubt, close elections, as in Mexico 2006, have triggered protests, but situations in which the government is caught systematically trying to cheat or self-servingly altering procedures are now less common in Latin America. Electoral strengthening is in fact one area of major institutional change in the past decade – for the good of democracy. While no country can claim to have perfect electoral processes, most now have far more credible and reliable electoral systems than they did a decade ago. The exceptions are Haiti, Nicaragua, Honduras and, of course, Venezuela.
Venezuela, in fact, has moved counter to the rest of Latin America. The country has experienced a long list of electoral irregularities since Chavismo took hold in 1999. Under Maduro, those irregularities have become more frequent and excessive.
In the case of the recall referendum, the Maduro administration is possibly adopting the worst forms of electoral irregularities so far. The electoral body in charge of conducting elections, the Consejo Nacional Electoral (CNE), is taking an inexplicably long time to comply with procedures. The CNE invented new regulations after the process started. It used non-transparent methods to invalidate collected signatures. Members of the ruling party, in secrecy, are making decisions about procedures and compliance. And even Maduro, along with important cabinet members such as Foreign Minister Delcy Rodríguez and Vice President Aristóbulo Istúriz, has said the referendum cannot take place this year, predicting an outcome that should not be pre-ordained.
Comparing the behavior of the CNE this time with its behavior in a previous signature-collection campaign shows the extent of its bias. In 2015 the government organized a signature-collecting campaign to pass a resolution condemning the United States. The CNE validated 10.4 million signatures in just one and a half days. For this year’s recall referendum, with 1.95 million signatures to validate, the CNE took more than 30 days to do its job. The CNE rejected more than 30 percent of the signatures, in most cases for no clear reasons. Even the signature of Henrique Capriles, the leader of the opposition, was rejected.
The next step in the process, signature validation, has been designed to deliberately depress the vote. Only 24 validation centers have been opened, each located in state capitals, which means that most petitioners will need to travel far to validate signatures with their fingerprints. Furthermore, the whole process has to be completed in five days. With this timeframe, long lines are inevitable, in a country where people are sick of standing in line for food. Officials will also need to work like super-humans. In the state of Zulia, for instance, officials will need to process 10 signatures per minute, working an eight-hour day.
Worse yet, these electoral irregularities are occurring in a context of rising repression. The military and the national police have been deployed to most supermarkets with the intention of using force to prevent riots as people stand in lines desperate to find products in a country where most products are unavailable or unaffordable. Leaders of the opposition have been beaten in public for participating in marches. And in mid-May, Maduro declared a generalized “state of exception,» effectively abolishing all constitutional liberties and guarantees.
The result of rising electoral irregularity in the context of rising discontent is predictable: both the moderate wing and the radical wing of the opposition have become united in their determination to engage in widespread street protests. Speaking as if she were expressing a wish, CNE president of Tibisay Lucena threatened last week to cancel the recall referendum entirely if more protests happen.
The magnification of electoral irregularities under Maduro supports the argument by the secretary general of the Organization of American States (OAS), Luis Almagro, that the democratic order in Venezuela has been altered. The status of Venezuela’s democracy has become, once again, a topic of discussion in diplomatic fora.
As the OAS prepares to discuss the Venezuela case, it should keep in mind that the country might have reached a point of no return. One more blatant electoral irregularity could trigger the most serious clashes ever between government and citizens. More clashes in turn will trigger more involvement of the military. And once the military is involved, it is hard to predict who will live or die.
In debating Venezuela, therefore, the OAS should be mindful that it is addressing not just the status of institutional quality or political dialogue. It is addressing questions of life and death between the government and the opposition.
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