Jorge G. Castañeda: El dilema de la reforma electoral
Hay dos ideas preocupantes en las declaraciones oficiales sobre la inminente reforma electoral. La primera consiste en el deseo de que las mayorías se reconozcan, “porque así ha sido la historia de México”; la segunda busca eliminar parte de o toda la proporcionalidad en el Congreso, reduciendo la presencia y fuerza de las minorías, cualesquiera que sean. La combinación de las dos ambiciones representa una amenaza más para la desdichada democracia mexicana.
Una regla no escrita de la mayoría de reformas electorales en México, desde la de López Portillo en 1977, y en muchos países, estipula que una condición sine qua non para su éxito y continuidad radica en el consenso. Si no están de acuerdo todos, o por lo menos un amplio segmento del espectro político, cualquier cambio en las reglas del juego será visto como unilateral y favorable al poder, y contrario a los intereses de la oposición.
Resulta más fácil lograr este tipo de consensos en momentos fundacionales o de transición a la democracia: la constitución de la V República en Francia, en 1958; la constitución española de 1977; la brasileña de 1988; las reformas mexicanas de 1977 a 1996. Cuando una reforma es limitada –abarcando un elemento técnico, digamos– y ocurre en sistemas políticos democráticos ya establecidos, pueden producirse cambios en el sufragio o la representación por mayoría, y que favorecen al poder existente, sin que pase a mayores. Es el caso, por ejemplo, de la adopción del voto obligatorio en Chile hace poco, o de los tránsitos recurrentes de la elección por mayoría a la representación proporcional en Francia.
La situación hoy en México es contradictoria. Por un lado, llevamos casi treinta años de un régimen democrático, con elecciones limpias, equitativas, aceptadas por todos –salvo López Obrador en 2006, sin pruebas– y que han permitido múltiples alternancias. No debiera ser necesaria la unanimidad para promulgar una reforma electoral que sólo abarca un aspecto del régimen político: el modo de elegir legisladores.
Por otro lado, los cambios que nos va a proponer la comisión encabezada por Pablo Gómez, of all people, se producirán en un contexto. Este es aquel descrito por Aguilar Camín en su nuevo libro, La dictadura germinal, y que incluye la desaparición de un poder judicial independiente, de los órganos autónomos del Estado, el control cada día más férreo de los medios y la militarización creciente. Por lo tanto, se podría suponer que las circunstancias ameritan que el poder procure el acuerdo de la oposición, y que ésta lo regatee con ferocidad, a menos de que sus intereses sean salvaguardados.
La composición del grupo redactor de la reforma, el hecho de que sólo tendrán voto los miembros del gobierno, y la pésima reputación de Morena en lo que a consultas a la sociedad se refiere, sugieren –o más bien, aseguran– que la reforma se va a lograr por mayoriteo. Tanto en la comisión como en el Congreso.
La oposición se verá obligada a definir una postura compleja. Prestarse al juego de la 4T, cuando se sabe que los dados están cargados y la suerte está echada, se antoja absurdo. Incluso comparecer ante la comisión con la certeza previa de que sus opiniones no serán tomadas en cuenta, parece peligroso para los exfuncionarios electorales que se han manifestado en este sentido. Sin embargo, boicotear las deliberaciones sobre la reforma puede a su vez resultar ocioso y contraproducente: algo se podría tal vez lograr, y el rechazo tajante a todo el proceso parece obstruccionista y antidemocrático.
Ya sabemos lo que va a hacer la 4T: apelar a los peores sentimientos simplistas “del pueblo” para construir un nuevo sistema electoral que consolide la concentración del poder. El pueblo piensa muchas tonterías en esta materia: por ejemplo, según Mitofsky, dos tercios de los mexicanos creen que los secretarios de Estado deben ser elegidos por el voto popular, lo cual no pasa en ningún sistema político del mundo. La oposición y la crítica se encuentran así en un dilema del diablo, del que yo por lo menos no sé salir.
Jorge G. Castañeda
Secretario de Relaciones Exteriores de México de 2000 a 2003. Profesor de política y estudios sobre América Latina en la Universidad de Nueva York. Entre sus libros: Las dos izquierdas y Estados Unidos: en la intimidad y a la distancia.