Juan José Monsant Aristimuño: Una Bitácora Centroamericana III
En la Bitácora pasada hicimos una aproximación a la particular situación política de Nicaragua, a partir de la Nicaragua Act, que está por aprobarse en el Congreso de los Estados Unidos (ya lo fue por la Cámara de Representantes), en el sentido de prohibir a los organismos financieros estadounidenses o interamericanos donde tengan voz y voto, de realizar nuevos préstamos al país centroamericano mientras no se aclare el panorama electoral a realizarse el próximo domingo seis de noviembre.
Allí señalamos que en esta tercera elección consecutiva de Daniel Ortega luego de haber logrado la modificación constitucional para permitirse la reelección indefinida, se han agudizado las contradicciones institucionales y se evidencia el carácter autocrático del gobierno en tres circunstancias principales: 1) Prácticamente lograda la disolución de la Asamblea Nacional, cuando mediante una sentencia del Tribunal Superior de Justicia se les retiraba la investidura parlamentaria a 24 diputados del Partido Liberal, entre ellas la de Eduardo Montealegre, a quién igualmente la Corte le desconoció su carácter de Presidente del Partido Liberal Constitucionalista, apelando a una vieja disputa jurídica archivada en el Supremo. De tal manera que el Poder Legislativo quedó bajo el control total del partido oficialista y de otros pequeños grupos políticos afines o en coalición con el FSLN. 2) Pocos días después de presentase la sentencia de la Corte, Daniel Ortega se inscribió como candidato presidencial del Frente Sandinista, llevando como Vicepresidente a su esposa Rosario Murillo, la poderosa Primera Dama y vocera oficial del gobierno, quien aparentemente controla todas las decisiones del Gabinete. 3) El control de la economía a través de ALBANICA, la poderosa empresa binacional (Pdvsa de Venezuela 51% y Petronic de Nicaragua 49%) importadora de hidrocarburos que, a través de un holding de empresas privadas controladas en su totalidad por los hijos del matrimonio Ortega-Murillo, se encarga de la distribución y venta de petróleo y derivados, estaciones de servicios, hoteles, inmuebles, institutos financieros, medios de comunicación, construcción, medicinas y alimentos, entre otros renglones.
El hecho es que, en medio del proceso electoral, con la supresión de la investidura de los diputados de oposición y el control del Consejo Supremo Electoral, La fórmula presidencial Ortega- Murillo se presenta a unos comicios sin competencia. Los partidos de oposición decidieron no presentarse para no legitimar un proceso que denominan “farsa electoral”; los otros cinco contrincantes son miembros de pequeñas agrupaciones parlamentarias afines al gobierno sin posibilidad alguna de sobrepasar el 5% del electorado entre todos ellos. Por su parte la Conferencia Episcopal Nicaragüense, sin llamar directamente a la abstención, respalda indirectamente la decisión de los partidos de oposición de no presentarse a un proceso notoriamente ilegal, y pidió a sus fieles y a todo el pueblo de buena fe decidir según su conciencia.
Luego de algunas tensiones, el Presidente Ortega dirigió una invitación al Secretario General de la OEA en los siguientes términos: “El gobierno de Nicaragua extiende invitación a la honorable delegación de la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que hagan presencia en Managua Nicaragua, los días 5, 6 y 7 de noviembre a efectos de reunirse con expertos y organizaciones invitadas al proceso electoral nicaragüense y conocer las impresiones de éstos sobre el acto electoral nacional del próximo 6 de noviembre…” La invitación, a todas luces, no fue para participar como observador internacional, sino para legitimar un proceso cuestionado. Por su parte, Luis Almagro, Secretario General de la Organización, afirmó que la OEA no participará como observador sino para intercambiar impresiones y dialogar con los diferentes actores nacionales.
El sector privado que, de alguna manera, directa o indirectamente, había venido respaldando al gobierno de Ortega dado el crecimiento económico experimentado a partir de la presencia del gobierno de Venezuela en la era de la expansión de los precios del petróleo, ha venido resintiendo la contracción económica, y la monopolización de la actividad comercial e industrial por la familia Ortega-Murillo, cerrando espacios a la libre competencia entre iguales, que ya no lo son.
Todo indica que un régimen autocrático familiar se está asentando sin timidez, semejante a la otrora dinastía de los Somoza, donde los poderes públicos sucumben ante la voluntad presidencial que, en algún momento pudiera trasladarse de las manos de Daniel Ortega hacia la extraña personalidad de la vicepresidenta, muy dada al ocultismo y a la arbitrariedad en el uso de los cargos ocupados.
Son otros tiempos y otras experiencias, quizá una dictadura ideológica tal como la instauraron los hermanos Ortega en los ochenta no tenga cabida en la Nicaragua actual; sin embargo, formas centralizadas y arbitrarias del uso del poder público pudieran acercarlos al modelo venezolano, lo que acarrearía a muy corto plazo una nueva situación de desestabilización en la zona. La historia está por escribirse a partir del próximo seis de noviembre, pero es obvio que Centroamérica no está preparada ni desea nuevas confrontaciones internas que conlleven pérdida de vidas, extrañamientos, detenciones abusivas, confiscaciones y paralización del desarrollo por fuga de capitales y ausencia de inversiones, ante la inseguridad jurídica. Sería como ingresar a un circulo maldito que se va cerrando sobre sí hasta asfixiarse.
