Un juez de Estados Unidos insta a Cuba a pagar 166 millones de dólares a víctimas de las FARC
Fotografía de archivo del 12 de marzo de 2009 de los ciudadanos estadounidenses – EFE
El magistrado acusa al Gobierno de los Castro de colaborar con la organización y facilitar el tráfico de drogas o el entrenamiento en Venezuela debido a su estrecha relación con esta
Un juez de Estados Unidos ha instado al Gobierno de Cuba a indemnizar con más de 166 millones de dólares a tres estadounidenses secuestrados y torturados durante más de cinco años por guerrilleros de las FARC, así como a los familiares de un cuarto estadounidense que fue asesinado.
El juez del Distrito de Columbia, Amid Mehta, emitió la semana pasada una orden, a la que ha accedido este miércoles Efe, en la que dictamina que Cuba debe pagar exactamente 166,01 millones de dólares por haber dado «apoyo material» a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia(FARC) «en un número variado de formas».
Por ejemplo, según el magistrado, los hermanos Fidel y Raúl Castro, este último actual presidente cubano, dieron explosivos y armas a los guerrilleros para que aprendieran a combatir en campos de entrenamiento de Venezuela, otro de los países al que el juez Mehta culpa de las actividades de tráfico de cocaína de las FARC.
«Cuba usó su relación cercana con el Gobierno de Venezuela para facilitar la distribución de cocaína de las FARC que pudo pasar de forma segura a través de la frontera entre Colombia y Venezuela, lo que permitió a las FARC traficar con droga y evadir acciones para frustrar sus operaciones, como rescatar rehenes», ha considerado el juez.
Responsabilidad en los secuestros
Para el magistrado, Cuba tiene responsabilidad en el secuestro de los estadounidenses Marc Gonsalves, Thomas Howes y Keith Stansell, que trabajaban para una empresa subcontratada por el Pentágono y estuvieron retenidos entre 2003 y 2008, cuando fueron rescatados en una operación especial por las autoridades colombianas. En esa operación también fue puesta en libertad la excandidata presidencial Ingrid Betancourt y once militares y policías colombianos.
El secuestro de los ciudadanos estadounidenses ocurrió en febrero de 2003, cuando el avión en el que viajaban tuvo que aterrizar de manera forzosa en Florencia, en el departamento de Caquetá, sur de Colombia.
En ese momento, los tres norteamericanos viajaban con otro ciudadano estadounidense, Thomas Janis, y el sargento colombiano Luis Alcides Cruz, que fueron asesinados en el lugar del accidente por miembros de las FARC, según el juez.
Añade que durante los siguientes 1.967 días (casi 5 años y medio), los tres estadounidenses sufrieron «tratos crueles e inhumanos» a manos de los guerrilleros, que les hicieron caminar largas distancias por la selva y les recluyeron en celdas con cadenas y cuerdas alrededor del cuello y las muñecas.
Condiciones extremas
«Los rehenes vivieron en condiciones traumáticas e insalubres», afirma el juez, que destaca un momento en el que uno de los secuestrados, Howes, «sufría una enfermedad que hizo crecer larvas de mosca debajo de su piel y tuvo que acabar matándolas con un cigarrillo de nicotina y apretándolas a través de su piel». El magistrado también asegura en su escrito que los guerrilleros de las FARC «infligieron daños mentales extremos y sufrimiento» a los rehenes, mediante castigos «con regularidad».
En ese sentido, el juez detalla que los guerrilleros obligaban a los estadounidenses a comer alimentos podridos e impregnados en gasolina y que llegaron a encerrarlos en solitario, prohibiéndoles hablar durante «meses y meses» y haciendo que los hombres se quedaran sin habla por no poder usar sus cuerdas vocales.
Para emitir su orden, el juez asegura que la corte del Distrito de Columbia es competente para atender demandas sobre Gobiernos extranjeros, a los que ciudadanos estadounidenses reclaman una compensación civil y que conforman casos como este en el que «Cuba no puede reclamar inmunidad soberana».
Desde que comenzó el proceso, en septiembre de 2015, el Gobierno de Cuba no se ha posicionado en el caso y no ha designado a ningún abogado para su defensa, según figura en documentos de la corte.
