Julio César Moreno León / Una Bitácora Venezolana (X): Guerra cívica de liberación
La salida de Leopoldo López de la cárcel de ramo verde es un obligado paso atrás del gobierno, destinado a mitigar la indignación de los gobiernos e instituciones democráticas del mundo que rechazaron el asalto al Parlamento venezolano. Esa decisión tomada por el TSJ es una medida característica de las dictaduras cuando comienza a resquebrajarse su base de sustentación política.
Ocurre que el régimen se quedó sin un discurso capaz de justificar sus acciones al país y a una comunidad internacional que exige la pronta restauración democrática, y reclama la urgente solución de la crisis humanitaria.
Una de esas inaceptables acciones fue el asalto a la Asamblea Nacional ocurrido el pasado 5 de julio. Con este atropello a la representación popular se traspasaron todos los límites de lo justificable y se desnudó claramente la barbarie entronizada en Venezuela.
Dos días después del salvaje ataque al parlamento se anuncia sorpresivamente la medida que concede casa por cárcel al líder opositor condenado a 14 años de prisión y bautizado como “monstruo” por la propaganda oficialista.
Dice la referida sentencia que se trata de una medida humanitaria, debida a la situación de salud del dirigente político, y en la misma se informa que el tribunal se avocó de oficio a la causa, “por existir serios señalamientos de Irregularidades en la distribución de un expediente relacionado con el caso a un tribunal de ejecución”.
Y como parte de un libreto previamente acordado Nicolás Maduro afirma en cadena nacional el día 8, que no tuvo nada que ver en la condena de López, y que la responsabilidad de su prisión es de la Fiscal Luisa Ortega Díaz.
Obviamente el régimen produjo de esa manera una noticia de gran impacto internacional al sacar a su prisionero estelar de una cárcel en la que, según denunciaron sus defensores, corría riesgo su vida y se violaban continuamente sus derechos humanos.
La información logró, igualmente, opacar la enérgica condena que el criminal atropello a la Asamblea produjo en todo el mundo, y a la vez se intentó descalificar moral y políticamente a la Fiscal Ortega Díaz que tan eficazmente ha horadado la legitimidad del régimen.
Es de destacar que muchos de los líderes y de las instituciones internacionales que días antes condenaron al gobierno de Maduro por su agresión criminal a los parlamentarios de oposición, calificaron la decisión del TSJ como una medida que apunta en la dirección correcta.
Así opinaron, Zeid Ra´ad Al Hussein, Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas; Bill Clinton; Mariano Rajoy; el Presidente uruguayo Tabaré Vásquez y su canciller Rafael Norín Novoa; el Presidente colombiano Santos; el Presidente de Perú Pedro Pablo Kuczinsky; Sebastián Piñera y el canciller chileno Heraldo Muñoz, entre otros.
Mientras tanto, más atenido a la realidad venezolana, el Secretario General de la OEA Luis Almagro afirmó que la prisión domiciliaria de Leopoldo López “es sólo un paso”, asimismo señaló que el dirigente político, como toda Venezuela, sigue preso de una dictadura y exigió la libertad de todos los detenidos políticos.
Sin embargo, la movida gubernamental en torno al líder de Voluntad Popular ha dejado en evidencia las dificultades internas que confronta el militar-cívico gobierno de Maduro, y el juego de presiones que condicionan su rumbo.
Todo esto ocurre en medio de una cada vez más intensa movilización ciudadana con motivo del proceso popular consultivo de la oposición fijado para el domingo 16, y de la fraudulenta elección constituyente del oficialismo convocada para el 30 de este mismo mes.
Así las cosas, el intento de jugar habilidosamente con el caso de Leopoldo López termina convirtiéndose en la nueva engañifa de un régimen que persiste en el uso de la más abyecta violencia contra la población civil, mientras los trágicos hechos que cotidianamente continúan abrumando a los venezolanos evidencian lo incorregible de una cúpula de poder que hace suyos todos los métodos criminales de acción política.
El pasado domingo 10 de julio ocurrió otro asesinato ejecutado fríamente por los mal llamados organismos de seguridad. Fue muerto de un disparo en el pecho el joven de 17 años de edad Rubén Darío González, cuando participaba en el trancazo organizado por la MUD en La Isabelica, Estado Carabobo. Ese mismo día, en las manifestaciones ocurridas en Caracas, resultan heridos varios manifestantes en Caricuao y en Ruiz Pineda. Y según reporta el Foro Penal 116 personas fueron detenidas durante los últimos eventos que la oposición protagonizó en los Altos Mirandinos, Anzoátegui, Caracas, Lara, Carabobo, Nueva Esparta, Táchira y Zulia.
Mientras el gobierno mantiene el desacato a la orden de aprehensión dictada por el Tribunal Penal de Primera Instancia de Barquisimeto contra los guardias nacionales que participaron en el asesinato de Tony Canelón el 18 de abril del pasado año, el SEBIN retiene en los calabozos del Helicoide a 14 agentes de la intervenida policía de Chacao, a pesar de la decisión del Juzgado 7 de Control que expidió las boletas de excarcelación de esos funcionarios el pasado año. Y por orden del Tribunal Militar 5 de Control del Estado Aragua son enviados a las Colonias Móviles de El Dorado un grupo de estudiantes de la Universidad Pedagógica Experimental (UPEL) acusados de instigación a la rebelión, sustracción de efectos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, destrucción de fortaleza y violación de las zonas de seguridad. A los 25 jóvenes los secuestraron grupos armados no identificados, el día 5 de julio, cuando se encontraban en el recinto universitario.
En contraste con esas acciones terroristas desplegadas de manera sistemática y perversa por un Estado delincuente, la resistencia democrática persevera en su empeño de impedir la consolidación del totalitarismo comunista. En función de ese supremo objetivo, la jornada cívica plebiscitaria convocada por la Asamblea Nacional para el próximo 16 será sin duda un histórico acto referendario que legitimará la indeclinable decisión de vencer en esta guerra cívica de liberación nacional.
Con ese impulso otorgado nuevamente por la soberanía popular en nombre del pueblo venezolano la resistencia democrática derrotará, a cualquier costo, el fraude constitucional que pretende imponernos la banda criminal que ha secuestrado a la república.
Caracas, 12 -7- 2017
