Karina Sainz Borgo: Una tumba de neón

El general Raúl Baduel fue compañero de promoción de Hugo Chávez en la Academia Militar. Formó parte de los fundadores del Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, germen del partido con el que Chávez llegó a la presidencia. Fue su más estrecho colaborador y ministro de Defensa. Llegó incluso a restituirlo en el poder, en 2002. También fue crítico –muy crítico– con la deriva autoritaria del proyecto bolivariano. En 2010, Baduel fue condenado por «delitos contra el decoro militar, sustracción de fondos y abuso de autoridad». Tras casi siete años en la cárcel militar de Ramo Verde, le otorgaron medida de libertad condicional, aunque en 2017 se la revocaron. Justo un día antes de cumplir su condena y salir en libertad, Nicolás Maduro lo acusó de traición a la patria e instigación a la rebeldía. Fue trasladado entonces a la cárcel del Helicoide. Murió allí, en el año 2021.

La de Baduel fue una de las muertes bajo custodia y tratos crueles que el régimen bolivariano ha cometido en los últimos años y que acaban de ser documentadas por el informe de derechos humanos de la ONU. En ese edificio, que todavía ejerce de sede de la inteligencia militar; ahí, en el mismo lugar donde el régimen de Maduro mantiene encarcelada parte de los ochocientos presos políticos civiles distribuidos en varios calabozos y cárceles; fue en ese espacio, ese, el que eligió el ejecutivo bolivariano para encender los fuegos artificiales con los que esta semana dio por inaugurada oficialmente la Navidad. Una horca pirotécnica. Una tumba de neón para celebrar la epifanía.

Venezuela vive un clima de terror, persecución y detenciones arbitrarias. Cualquiera puede ser encarcelado sin motivo ni debido respeto a sus derechos. Nadie habla. Hasta el silencio es peligroso. Desde la represión posterior a las elecciones presidenciales de 2024 hasta hoy, el régimen de Maduro ha intensificado la cacería por motivos políticos, incluyendo a todos aquellos que defienden los derechos humanos y las libertades fundamentales. Por esa tumba de neón en la que Maduro ha convertido el Helicoide, y por varias otras dependencias oficiales, han pasado 220 niños, niñas y adolescentes de entre 13 y 17 años incomunicados, torturados y agredidos sexualmente. Asfixia con bolsas plásticas, golpizas, patadas, golpes de puño o bates; amenazas de violación y uso de electricidad en los genitales. La Fiscalía ha ignorado todas esas denuncias y le ha puesto a la impunidad un moño dorado de Navidad.

Hombres y mujeres en pleno uso de sus facultades, pero también discapacitados y dependientes, soportan abusos sistemáticos. Si una paliza en un calabozo rebosado de excrementos y cucarachas es vejatorio para cualquiera, para una persona con trastorno del espectro autista o esquizofrenia –casos también documentados– es el infierno en la tierra. Aun recubierta de lucecitas, esta tumba es invisible también para el Gobierno de España, que nada ha hecho por los ciudadanos españoles y con doble nacionalidad encarcelados en condiciones inhumanas. Qué duda cabe. Mucho mejor una flotilla para mirar hacia otro lado.