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La acusación de un constructor brasileño sacude la política en Chile, Bolivia y Perú

El expresidente del grupo OAS, preso por Lava Jato, menciona sobornos a decenas de políticos latinoamericanos, entre ellos Michelle Bachelet, Evo Morales y Ollanta Humala

La homologación por la Corte Suprema de Brasil del acuerdo de colaboración del empresario Léo Pinheiro, expresidente de la constructora OAS, sacude la política en varios países de América Latina. En su confesión, el empresario, encarcelado en 2016 por la Operación Lava Jato tras ser acusado de participar de una trama de sobornos con la petrolera Petrobras, acusa a una treintena de políticos brasileños y menciona a al menos a tres líderes latinoamericanos: Evo Morales (presidente de Bolivia, por un acuerdo para presuntamente favorecer la obra de una carretera), Michelle Bachelet (expresidenta de Chile, por supuestamente recibir un pago que financiaba parte de su campaña) y Ollanta Humala (expresidente de Perú, por un presunto abono a un publicista que trabajó con él).

La homologación es la última etapa jurídica antes que el relato se utilice para respaldar investigaciones judiciales. El acuerdo de colaboración de Pinheiro —autor de un testimonio clave en la condena judicial al expresidente brasileño Lula da Silva y que salió este martes de la cárcel para pasar a prisión domiciliaria— se firmó a finales del año pasado, pero estuvo retenido durante meses, sin explicación, en la Fiscalía Nacional. Pasó finalmente a la Suprema Corte a principios de septiembre, cuando a la fiscal Raquel Dodge —hasta hace poco fiscal general del Estado— le quedaban solo dos semanas antes de dejar el cargo.

Algunos episodios relatados por Pinheiro ya se habían filtrado a la prensa y se estaban utilizando en procesos judiciales en Brasil y en otros países. El expresidente de OAS ya había detallado todos los presuntos crímenes a los fiscales, en unas declaraciones que se grabaron en vídeo. Pero la semana pasada una buena parte de los crímenes que dice que cometió se convirtieron oficialmente en el punto de mira de la justicia.

El lunes, Folha de S. Paulo y The Intercept anticiparon algunos fragmentos del acuerdo. EL PAÍS, que también tuvo acceso al acuerdo de Pinheiro por las conversaciones de los fiscales de Lava Jato en Telegram filtradas a Intercept, confirmó que en la delación homologada por la Corte el empresario sostiene que el presidente boliviano, Evo Morales, participó de maniobras que favorecían a OAS. Según Pinheiro, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, PT) le pidió que asumiera las obras de un tramo de la carretera Tarija-Potosí, en Bolivia, y dijo que Morales “estaría dispuesto a compensar económicamente a la empresa” con otro contrato: la construcción de la carretera de Villa Tunari. Según Pinheiro, era una manera de evitar que se produjese un desgaste en las relaciones diplomáticas entre ambos países. La concesión la tenía otra constructora brasileña, Queiroz Galvão, que no estaba cumpliendo las condiciones del acuerdo.

El ejecutivo también declaró que Lula prometió que le concedería un crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) para asumir el proyecto. Según Pinheiro, a través de un acuerdo entre Lula y Morales, Bolivia retiró las sanciones que había impuesto a Queiroz Galvão y autorizó que OAS asumiera las obras de la carretera Tarija-Potosí. Como compensación, la constructora habría obtenido el contrato de Villa Tunari. Sin embargo, según Pinheiro, OAS acabó perdiendo el contrato por dos motivos: conflictos sociales en la región y el retraso en la concesión del crédito por parte del Bndes.

Repercusión en Bolivia

Las declaraciones del empresario brasileño tuvieron repercusión en la política boliviana, con la oposición a Morales pidiendo explicaciones. El ministro de Comunicaciones, Manuel Canelas, sin embargo, rebatió las menciones al país andino y exigió “pruebas” de las acusaciones, según informa el diario La Razón, de La Paz. El embajador boliviano en Brasil, José Kinn, afirmó al citado periódico que si Pinheiro efectivamente relató esas informaciones, «son declaraciones en el marco de un acuerdo judicial de delación sobre algo que nunca existió: que el presidente Morales haya actuado, a petición de Lula, para entregar una obra sin licitación».

Bachelet, Lagos y Humala

El expresidente de OAS también menciona en su declaración supuestos pagos de la constructora a Michelle Bachelet, presidenta de Chile en los periodos 2006-2010 y 2014-2018. Según Pinheiro, la constructora temía perder la adjudicación de la construcción del Puente Chacao, en un consorcio con la coreana Hyundai, si Bachelet se imponía en las elecciones de 2013. Por este motivo, la presidenta chilena —siempre según ese testimonio— le habría pedido ayuda a Lula, a lo que él respondió que hablaría con el expresidente chileno Ricardo Lagos y/o con Bachelet para que no perjudicaran a OAS.

Según Pinheiro, Lula le pidió dinero para la campaña de Bachelet. El primer pago se realizaría el 6 de junio de 2014, con Bachelet ya en la presidencia. Entonces, según Pinheiro, se pagaron 101,6 millones de pesos chilenos (unos 142.000 dólares), por medio de un contrato ficticio con la empresa Martelli y Asociados, que pertenecía al chileno Nicolás Martelli Montes.

Bachelet, que hoy ocupa el cargo de alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha negado la versión de Pinheiro: afirma que nunca se ha relacionado con él y que considera extraño que hubiera hablado sobre el asunto en un acuerdo de colaboración que sale a la luz ahora. “Mi verdad es la misma de siempre: yo no he tenido nunca vínculos con OAS ni con ninguna otra empresa”, señaló Bachelet este martes en una entrevista con la televisión pública chilena 24 horas. Lagos también rechazó la versión del brasileño: “Nunca he hablado de plata con Lula. Es todo lo que le puedo decir. Y menos en 2013, cuando yo ya no era presidente. Esto es lo más insólito que me ha pasado”.

Otro exmandatario latinoamericano mencionado en las conversaciones es Ollanta Humala, presidente de Perú entre 2011 y 2016. Tanto el político como su esposa, Nadine Heredia, ya estuvieron en prisión por supuestamente participar de lavado de dinero en una trama con la constructora brasileña Odebrecht, según las investigaciones de la Fiscalía peruana. En el caso de OAS, Pinheiro dice que la empresa se gastó unos 859.000 reales (210.000 dólares) con la empresa del publicista brasileño Valdemir Garreta, que trabajó en la campaña de Humala en 2011. También alega que pagó por los servicios de comunicación que Garreta prestó a Susana Villarán, entonces alcaldesa de Lima.

La defensa de Humala en Brasil rebate las acusaciones de Pinheiro. «Esa alegación de Leo Pinheiro es mentirosa», afirma Leonardo Massud, el abogado que representa al expresidente peruano en el gigante sudamericano. «Sé que hubo un contrato con Valdemir Garreta para su campaña, pero esa declaración [de que dinero de la OAS pagó la campaña] no es cierta».

Garreta, a su vez, llegó a un acuerdo de delación con el ministerio público de Perú y dio la misma versión de Pinheiro a los fiscales peruanos, de que recibió pagos de la OAS para financiar la campaña de Humala. Garreta, por su parte, dio la misma versión de Pinheiro cuando declaró el lunes en la fiscalía de Curitiba, en un proceso en que es reo por Lava Jato. «La OAS financió nuestro trabajo», dejó caer el publicista. El letrado de Humala, sin embargo, minimiza las acusaciones a su cliente: «Hay varios casos en que una persona dice que recibió dinero por alguna razón, pero recibió por otra, o igual retuvieron esos recursos, dado que en esas operaciones había poco control, era todo a la base de la confianza».

El tríplex de Lula da Silva

En su acuerdo de colaboración, el expresidente de OAS revela unas presuntas negociaciones comprometedoras con Lula da Silva, que incluyen la polémica reserva y reforma de un apartamento tríplex en la costa del Estado de São Paulo, un caso por el que el exmandatario ha sido condenado. Pinheiro ya había declarado sobre el tríplex en el juicio contra Lula, y la información que proporcionó fue decisiva para enviarle a la cárcel en 2018.

Cuando empezó a negociar con la Fiscalía, en 2016, Pinheiro negaba que la reforma del tríplex hubiera sido una forma de pagarle una comisión ilegal al expresidente brasileño, pero más tarde asumió ante la justicia que el valor salió de la cuota de comisiones ilegales a las que el PT tenía derecho por los contratos que OAS tenía con la estatal Petrobras. Tras ser condenado, Pinheiro mantuvo esa versión en el acuerdo de colaboración. La defensa de Lula ya ha alegado que la declaración de Pinheiro es falsa y que forma parte de una persecución política contra el expresidente. En una entrevista con EL PAÍS, Lula mencionó la declaración de Pinheiro: “Léo, que estaba detenido aquí [en Curitiba] y me denunció, se pasó tres años diciendo una cosa y luego cambió el discurso. Mi abogado le preguntó por qué lo hacía y él respondió: ‘sigo las orientaciones de mi abogado”.

Un reportaje de The Intercept y Folha de S. Paulo, publicado en julio, reveló detalles de conversaciones entre los fiscales de Lava Jato, en que opinaban que el acuerdo de Pinheiro era “muy malo”, porque inicialmente negaba que el tríplex fuera fruto de comisiones ilegales.  Cambió la versión un año después, como muestran los mensajes intercambiados entre el equipo de investigación y analizados por The Intercept y Folha de S. Paulo. Cuando estaba detenido en Curitiba, sin embargo, Pinheiro envió una carta para refutar a los periódicos y asegurar que no cambió su versión.

Después de tres años en negociación, la delación de Leo Pinheiro quedó marcada por una serie de polémicas. A la demora en alcanzar un acuerdo se suma el supuesto cambio de versiones para acusar a Lula. Otro episodio también demuestra la falta de consenso sobre las declaraciones de Pinheiro. La fiscal Dodge, que había pedido que se archivaran sumariamente algunas de las acusaciones realizadas por el empresario. Entre ellas, una que implicaba al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia. Seis fiscales del equipo de Dodge pidieron su dimisión de forma colectiva porque discrepaban sobre la omisión de informaciones determinado por la jefa. El Supremo, sin embargo, aceptó la petición de Dodge y suprimió esos fragmentos de la delación. El acuerdo de Pinheiro llega en un momento en que la Operación Lava Jato está siendo objeto de críticas por su supuesta imparcialidad después que el sitio web The Intercept revelase diferencias en función del color político.

 

Con información de Rocío Montes, Jacqueline Fowks y Fernando Molina.

 

 

 

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