La agenda política latinoamericana en el primer año de presidencia de Joe Biden

El análisis de la política en América Latina con relación al año 2021 puede abordarse desde una perspectiva triple, configurada por aspectos que tienen una clara interacción. En primer lugar, se encuentran aquellos asuntos que integran el devenir de la política cotidiana; en segundo término, hay que tener en cuenta los procesos electorales del año en curso que suponen la oportunidad del cambio o de la consolidación de los gobiernos en ejercicio; y, finalmente, no hay que obviar las relaciones con una nueva administración norteamericana de cariz, profundamente diferente a la saliente el 20 de enero. Este esquema de análisis triangular debe centrarse en cada caso nacional habida cuenta de la profunda heterogeneidad de la región.

El presente ensayo aborda estos tres ejes intentando encontrar aquellas pautas más generalizables para la región y concluye con los elementos que pudieran ser más relevantes de cara al escenario político de América Latina a lo largo del año recién comenzado.

Lo cotidiano arrastra viejos temas

Si bien la política en el día a día va a seguir dominada por la respuesta a la Covid-19, tanto en la confrontación de los efectos de la pandemia en términos hospitalarios y asistenciales como en el esfuerzo fiscal que se debe poner en marcha para ayudar a la recuperación económica y a la vez apoyar a los sectores vulnerables más perjudicados, hay un consenso generalizado en torno al escenario de democracias fatigadas que viene registrándose en los últimos años y que pesa de forma severa en los distintos países. De hecho, Honduras y, sobre todo, Nicaragua y Venezuela han profundizado su deterioro democrático hasta penetrar en modelos de regímenes políticos autoritarios uniéndose a Cuba. Complementariamente, otros países están en una situación de inestabilidad permanente, como es el caso de Perú, donde su Congreso derrocó al segundo de dos presidentes en 30 meses, o de inestabilidad durante 2020, como ocurrió en Bolivia por la extensión del gobierno interino presidido por Jeanine Áñez.

La democracia fatigada proyecta una situación de malestar social generalizado producto de una combinación del ejercicio de prácticas clásicas poliárquicas basadas en la dimensión electoral de la democracia con cierto desarrollo del estado de derecho, que sufre una fuerte crisis de los mecanismos de representación y una debilidad que se hace crónica en su implementación y en el ejercicio de los derechos humanos.

En el ámbito de la representación, esta crisis se ve reflejada por la minusvaloración de la propia democracia y el incremento de la desconfianza en las distintas instancias representativas. En efecto, los diferentes estudios demoscópicos, como los del Barómetro de las Américas o de la Corporación Latinobarómetro, ponen de relieve ambos aspectos. Por otra parte, se registra un leve descenso de la participación electoral, el incremento del número efectivo de partidos y la potenciación de nuevas formas de intermediación, de activismo político y de movilización, gracias al desarrollo exponencial de las tecnologías de la información y de la comunicación.

En cuanto al desarrollo del estado de derecho, una vez consumado el desmantelamiento de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y de su homónima en Honduras, la MACCIH, que fueron serios intentos de impulsar el papel separado de la justicia, los poderes ejecutivos en Bolivia, El Salvador, Guatemala y México han incrementado su capacidad de maniobra, erosionando sobre todo la independencia del poder judicial y de ciertos organismos autónomos como hicieron con mayor profundidad en años anteriores Nicaragua y Venezuela. En El Salvador, además, el negacionismo histórico de su presidente, Nayib Bukele, socava el legado de los acuerdos de paz abriendo un nuevo frente de consecuencias impredecibles. Por su parte, el ejercicio de los derechos humanos, de acuerdo con el informe de Human Rights Watch 2021, ha supuesto denuncias generalizadas del uso indiscriminado de la fuerza por parte de los agentes de seguridad del estado a la hora de actuar contra el crimen (en 2019, en Brasil la policía mató a 6.357 personas, lo que convirtió al país en uno de los más represores del mundo) y de reprimir las protestas urbanas (en Chile, Ecuador, Perú y Venezuela). Paralelamente, se sigue produciendo el asesinato de líderes y activistas comunitarios en Colombia, estando involucradas fuerzas paramilitares, ex combatientes de las FARC o de la guerrilla del ELN sin que el gobierno haya tomado medidas suficientes para evitarlo. Todo ello se da en el marco de un progresivo escenario de militarización en el que las Fuerzas Armadas van ocupando espacios relevantes. Esto ocurre en Colombia, con el segundo ejército más grande de las Américas, después de Estados Unidos, pero también en Brasil, México, El Salvador y, por descontado, en Venezuela y Cuba.

Este escenario, donde el retroceso según la Fundación Bertelsmann que clasifica el vigor democrático de los países en una escala de diez puntos se verifica mediante el hecho de que las puntuaciones de siete democracias en América Latina han caído 0,8 puntos o más desde 2010, se ve dinamizado por la corrupción, la violencia y la desigualdad, tres aspectos que son recurrentes en las sociedades latinoamericanas. La corrupción ha disparado su impacto por su mayor visibilidad y por afectar a la cima de la política. Buena parte de las interrupciones presidenciales de los últimos años están ligadas a ella, el número de presidentes encausados por cuestiones vinculadas a la corrupción en lo que va de siglo se acerca a la veintena y hoy el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se ve sometido a una investigación en relación con su vinculación con el narcotráfico. La presencia permanente de pautas de inseguridad es una marca de la región que la convierte en una de las más afectadas del mundo por dicha lacra. Finalmente, se mantienen unos patrones de desigualdad elevados que, si bien bajaron en la década comprendida entre 2004 y 2014, han vuelto a subir en el último lustro.

La yuxtaposición de estos elementos contribuyó a impulsar una oleada de movilizaciones sociales y de protesta en varios países de la región en el segundo semestre de 2019 que solo la pandemia hibernó. Si bien las causas inmediatas que impulsaban a la gente a llenar la calle en las ciudades latinoamericanas estaban vinculadas con dinámicas nacionales propias, en su trasfondo latían los aspectos recién mencionados contribuyendo a expandir el sentimiento de malestar.

La Covid-19, que ha matado a más de medio millón de personas en la región, ha profundizado esta situación en un clima de generalizada recesión económica. El golpe al 50% de la población que, en promedio regional, constituye el sector informal ha empobrecido a diversos grupos que han quedado desempleados o sin posibilidad del exiguo ingreso diario. Por otra parte, las prácticas corruptas han marcado la propia gestión de la crisis con usos fraudulentos en la compra de material sanitario, que en algunos casos se han saldado con dimisiones de responsables y en pocos con la actuación de la justicia. Así mismo, las precariedades estatales han permitido el reforzamiento de expresiones delincuenciales contribuyendo al mantenimiento de los patrones ya clásicos de violencia e inseguridad e impulsando en algunos países centroamericanos a la diáspora de su población, como ocurre en Nicaragua hacia Costa Rica y en el triángulo norte hacia Estados Unidos.

La política formalizada ha registrado cierta disminución de los mecanismos de control por las dificultades de actuación de los poderes legislativos en cuanto que son cuerpos plurinominales con prácticas de funcionamiento no preparadas para un escenario de confinamiento. Las decisiones se han jerarquizado aún más, reforzando las pautas de actuación de los poderes ejecutivos que han concentrado las principales funciones de respuesta a la pandemia y priorizado estrategias de comunicación verticales privando a los medios del uso de preguntas. Esto ha traído consigo el fortalecimiento de liderazgos que, no obstante, no siempre han validado su valoración positiva por parte de la ciudadanía. Sin embargo, los casos de Jair Bolsonaro, Andrés Manuel López Obrador y Nayib Bukele contemplan un mantenimiento de niveles altos de popularidad.

Finalmente, en lo atinente a este ámbito, deben señalarse las tensiones producidas entre los centros capitalinos y las periferias departamentales o estaduales. Algo que refleja un escenario tradicional en lo referente a los procesos de descentralización truncos que caracterizan a la política latinoamericana. El conflicto entre los presidentes de Argentina, Brasil y México y los gobernadores de algunos estados o provincias, junto con el que se ha dado también entre los presidentes y las autoridades municipales de las ciudades más importantes del país, como es el caso de Colombia y de Bolivia, es un reflejo de esta situación.

Procesos electorales que mantendrán la democracia fatigada

Durante 2021, la región dará continuidad al calendario electoral viéndose afectados en una modalidad u otra la mitad de los países. Está prevista la celebración de elecciones presidenciales y simultáneamente legislativas en seis países, el desarrollo de elecciones legislativas únicamente en tres, y de elecciones municipales en dos.

En efecto, Ecuador (7 de febrero), Perú (11 de abril), Nicaragua (7 de noviembre), Chile (21 de noviembre), Honduras (28 de noviembre) y Haití (por definir) celebrarán elecciones presidenciales y legislativas en las que, salvo en el caso de Nicaragua y posiblemente de Haití, los actuales presidentes no concurrirán abriéndose el juego político a la alternancia política con nuevas caras.

En el caso de las elecciones ecuatorianas ya convocadas, hay 16 candidatos presidenciales, pero solamente tres, Andrés Aráuz (35 años) -delfín del expresidente Rafael Correa-, Guillermo Lasso, empresario y candidato por tercera vez, y Yaku Pérez, prefecto de Azuay y apoyado por el Pachakutik, opuesto al correismo desde la izquierda, parecen tener posibilidades de competir para entrar en la segunda vuelta en unos comicios en los que algunas encuestas han predicho que un tercio del electorado anulará su voto o votará en blanco. En Perú, comicios también ya convocados, la larga nómina de candidatos es encabezada, de acuerdo con los sondeos de opinión pública, por George Forsyth (38 años), antiguo futbolista profesional y con experiencia como alcalde. Seguidamente se encuentran en las preferencias: Keiko Fujimori, perdedora por un estrecho margen en 2011 y 2016; Julio Guzmán del Partido Morado cuya candidatura fue descalificada en 2016 cuando según las encuestas era el segundo candidato con más posibilidades; Verónika Mendoza congresista entre 2011 y 2016 y candidata en 2016 que ocupa un espacio en la izquierda de la arena política; y Daniel Urresti, militar retirado, congresista y ex ministro del Interior

En lo relativo a los comicios exclusivamente legislativos tendrán lugar en El Salvador, México y Argentina (la mitad de la Cámara de Diputados). En los tres casos, el asunto fundamental a dirimir será la definición de la mayoría en las respectivas cámaras en su relación con el gobierno. Mientras Nayib Bukele, que alcanzó un triunfo electoral en la primera vuelta en 2019 superando el listón del 50%, está hoy muy lejos de la mayoría en la Asamblea Legislativa salvadoreña, Andrés Manuel López Obrador, que también obtuvo un éxito infrecuente en México en las elecciones de 2018 al contar igualmente con más del 50% del apoyo del electorado, buscará mantener su actual mayoría en ambas cámaras a pesar del inédito pacto que en su contra han alcanzado los partidos tradicionales. En Argentina, al tratarse de una renovación de la mitad de la cámara, el impacto sobre la correlación de fuerzas entre el Ejecutivo y el Legislativo será gradual.

Finalmente, se registrarán elecciones municipales en Bolivia, el 7 de marzo, en las que se medirá tanto el apoyo al gobierno del presidente Luís Arce como la distribución del poder dentro del Movimiento Al Socialismo habida cuenta de la bicefalia que pudiera darse dentro de este partido por la presencia activa de Evo Morales. Por otra parte, en Chile se celebrarán también elecciones departamentales y regionales el 11 de abril simultáneamente con las elecciones a la Asamblea Constituyente en la que se elegirán 155 miembros.

Además de lo señalado con respecto a la indudable alternancia que se va a producir en la presidencia de cuatro países, es destacable la consolidación de la tendencia, ya registrada en la región durante al menos la última década, de la desaparición de los partidos políticos y la gestación de plataformas electorales en torno a individuos que han construido su capital político de manera ajena a aquellos y que basan su estrategia de campaña electoral en las tecnologías de la información y de la comunicación. No se trata tanto de la existencia de candidaturas ajenas por completo al mundo de la política, sino de su definición como independientes frente a las clásicas maquinarias partidistas. Mientras que en Chile, en las más de 70 listas para la Constituyente, hay por encima de 2.200 candidatos que son independientes, en Ecuador y en Perú el fenómeno afecta también a las listas de candidaturas para el Congreso, así como un número relevante de las candidaturas presidenciales.

Por otra parte, asimismo hay que hacer notar que tanto los comicios legislativos salvadoreños como los mexicanos dirimen sendos procesos de búsqueda de legitimación popular por parte de los respectivos presidentes de su estilo de conducción personalista con serias dudas de que ambos alberguen intenciones de permanecer en el poder. Un escenario que no resulta ajeno al que se da en Ecuador, donde Rafael Correa impulsa una candidatura que en el futuro pudiera facilitarle el regreso al país.

América Latina en la agenda de la nueva Administración norteamericana

No es una cuestión desconocida el peso que históricamente han jugado los Estados Unidos en la política nacional de los países latinoamericanos, pero si esta interacción se restringe al lapso que se inicia tras los procesos de transición a la democracia de finales de la década de 1970 la influencia sigue siendo notable. Desde la promisoria presidencia de Jimmy Carter, con su apuesta por la política de derechos humanos que tanto contribuyó a la caída de un buen número de dictaduras latinoamericanas como a la devolución de la soberanía panameña sobre el Canal, al inmediato retroceso propiciado por Ronald Reagan, gracias a su política intervencionista en Centroamérica, la región no ha dejado de sufrir los avatares de Washington. Las presidencias de Georges W. Bush y de Barack Obama, coincidentes en gran medida con la expansión del socialismo del siglo XXI, produjeron cierto ensimismamiento para con la región por parte de Estados Unidos en la agenda política, concentrándose las prioridades en la cuestión migratoria y en el narcotráfico. El notable incremento de los flujos migratorios de la región hacia el norte trajo consigo, a la par del aumento de las remesas, la importación de nuevas formas delincuenciales como las maras centroamericanas y su correlato con el mercado de armas que impulsaba nuevas expresiones de violencia. La expansión del narcotráfico se hizo viral impregnando la vida política mexicana, además de mantenerse los niveles de implicación en Colombia. Todo ello, junto con el deterioro medioambiental fueron constituyendo puntos de una agenda actualizada que se diversificaba según los países manteniéndose apenas constante el diferendo cubano. Mesoamérica, el Caribe y Colombia atrajeron inicialmente la atención prioritaria, sumándose desde el inicio del presente siglo Venezuela.

El momento actual, que supone un hito en esas relaciones por la llegada de un nuevo presidente a la Casa Blanca, trae la posibilidad de reformular alguno de los elementos de la agenda impulsada por Donald Trump. Joe Biden, ahora presidente, fue el hombre clave de Barack Obama para América Latina, que visitó 16 veces durante su vicepresidencia. Aun estando requerido a prestar mucha más atención a otros temas en la agenda norteamericana, parece plausible que promoverá en su relación con la región el estado de derecho y los esfuerzos para combatir el cambio climático, preocupaciones que Trump ignoró por completo. Biden entiende que promover una región segura, democrática, y de clase media está en el interés nacional de los Estados Unidos. Además, y puesto que durante 2021 será el anfitrión de la trienal cumbre de las Américas, las expectativas con relación a un cambio radical con respecto al periodo que ahora se cierra son evidentes.

Los datos relativos a la nueva andadura se mueven en el terreno de la especulación y giran en torno tanto a la referida trayectoria del nuevo presidente como de sus nombramientos en el ámbito de las relaciones con América Latina. En este sentido, una pista fundamental es el nombramiento de Juan Sebastián González, nacido en Colombia y Graduado en la Escuela del Servicio Exterior en la Universidad de Georgetown habiendo sido voluntario en las Fuerzas de Paz para Guatemala, como director senior para Asuntos Hemisféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca que dirigirá Jake Sullivan.

González ha repasado en Infobae el pasado 9 de enero¹ los principales temas de la agenda en términos de las relaciones bilaterales de los Estados Unidos con algunos países de América Latina y de dos asuntos en los que la Administración de Trump fue especialmente beligerante: la inmigración y el papel de China en la región.

Con relación a México, González afirmó que “el presidente Trump le quitó miles de millones de dólares al ejército para un muro que no funciona. Lo que piensa (el presidente electo) es que hay partes donde se necesita muro y partes donde no se necesita. Pero el enfoque migratorio debe ser a ambos lados de la frontera. Debemos reformar nuestras leyes, lograr que el sistema de asilo funcione y esté alineado con nuestros valores de país de inmigrantes. Deportar a los criminales, no a los que vienen a trabajar. Los emigrantes no vienen porque quieren, vienen porque deben, debemos invertir en la prosperidad de esos países. El trabajo con México será a nivel de aliados, porque es un país de una importancia estratégica muy alta para Estados Unidos. Vamos a tener desacuerdos con México, pero vamos a hablar. En su campaña, Andrés Manuel López Obrador propuso invertir en el sur de México y el norte de Centroamérica. Hagámoslo”.

En cuanto a Colombia, González precisó que “el presidente electo conoce muy bien Colombia, un aliado por décadas. Trump es alguien que ha dicho a los colombianos que no han hecho nada cuando su sangre literalmente riega las calles por el consumo de cocaína en los Estados Unidos. El presidente Biden va a tratar a todos los países con el mismo respeto. Pero cuando los hijos de Bolsonaro hicieron campaña por Trump eso es una falta de respeto. O el Centro Democrático de Alvaro Uribe, con congresistas que han ido a Florida a hacer campaña por Trump”. A propósito de Brasil, González expresó que “Joe Biden tiene un entendimiento sofisticado de Brasil y cree que su importancia estratégica para Estados Unidos va más allá de quién esté en el poder. Es el exportador más grande en el mundo de productos agrícolas, un puente natural entre el G7 y el G77”. Y añadió “existe una agenda global entre nuestros países. Brasil es un país importante, pero la relación solo podrá alcanzar su potencial bajo una base de valores y entendimientos compartidos: el cambio climático es real y la necesidad de actuar urgente, las instituciones democráticas y los derechos humanos se respetan, y la corrupción no se tolera”.

Con respecto a Argentina, González dijo que “antes de los Kirchner, la política tradicional entre Estados Unidos y Argentina era otra. En las Naciones Unidas, Argentina era un país líder en derechos humanos, en temas de no proliferación. Creo que se nos ha olvidado un poco esa historia, tenemos que volver a recordar los buenos amigos que éramos Estados Unidos y Argentina, que era casi un país que asesoraba a Estados Unidos sobre cómo navegar los retos en las economías emergentes. Tenemos que reconocer que la relación se deterioró entre George Bush y Néstor Kirchner y no la hemos podido recuperar. Se intentó bajo Obama sin éxito. Incluso bajo la administración de Macri hubo mucho show sin nada concreto pese a su relación con Trump. No hemos ejercido el potencial de la relación, y en mi opinión mucho tuvo que ver con dinámicas políticas dentro de Argentina. Tenemos que desarrollar una agenda regional para recuperarnos de la pandemia y no una agenda ideológica”.

Cambiando de área, González precisó que “los embajadores estadounidenses bajo Biden, en especial en Centroamérica, van a abogar en contra de la corrupción, a favor de los derechos humanos y trabajando mano a mano con la sociedad civil. Biden ha anunciado un plan de 4.000 millones de dólares para mejorar la seguridad y promover la economía para que la gente no quiera abandonar sus países. Si los líderes de Centroamérica están listos para trabajar como en aquellos años, nosotros estamos. La agenda va a comenzar con pasos constructivos de trabajo en común”.

En relación con Nicolás Maduro, González enfatizó que “es ahora un dictador que ha perdido toda legitimidad por el sufrimiento que le ha infligido a el pueblo venezolano. Es hora de que dejemos el juego y hablemos abiertamente sobre lo que está pasando en Venezuela. Es inaceptable que millones de venezolanos tengan que huir de su país con tal de comer, y que Maduro se mantenga en el poder sometiendo a los que se quedan con hambruna y a través de ejecuciones extrajudiciales mientras quienes están afiliados con el régimen viven en lujo y se roban miles de millones del país. Las sanciones unilaterales podrán satisfacer la rabia que todos compartimos frente a las injusticias que sufren los venezolanos, pero nunca en la historia han funcionado en cambiar a un régimen en ausencia de una estrategia diplomática que esta administración se ha mostrado incapaz de organizar. Biden ha prometido el Estatus de Protección Temporal (TPS) a los venezolanos en los Estados Unidos, una respuesta internacional más robusta a la situación humanitaria, un incremento en la presión multilateral sobre el régimen para que negocie de buena fe con la oposición. Ya basta del uso del diálogo por Maduro como una táctica para demorar y consolidar el poder”.

De Cuba suscribió que “hay que reconocer que el contexto es hoy diferente. El abuso del crackdown por parte del régimen cubano es igual o peor que durante Bush. Biden guiará su política por dos principios: los cubanoamericanos son los mejores embajadores para la libertad, por eso hay que reducir los límites a remesas y viajes. Y dos, que la capacidad de los cubanos por determinar su propio futuro está en el interés de los Estados Unidos. Cuando Biden aboga por la libertad de presos políticos en Cuba, Trump buscaba registrar su marca para hacer negocios en Cuba”.

En cuanto a los temas migratorios, González predijo que “el presidente Biden presentará un plan legislativo el primer día de su administración y enviará recursos a la frontera para reparar el daño que Trump ha hecho a nuestra capacidad de procesar solicitudes de inmigración con dignidad. Pero tomará meses resolver la situación humanitaria en la frontera y procesar a los migrantes de una forma digna. Biden dice que los dreamers son americanos. Extenderá el programa, buscará formalizarlo y que tengan los beneficios que tenemos aquellos que somos ciudadanos de este país. Queremos que el sistema de asilo funcione de manera eficiente y rápida, justa y digna. Biden suspenderá las deportaciones por cien días porque se necesita analizar las violaciones y abusos de la administración Trump. Es un compromiso del presidente electo”.

Por último, y con respecto a la presencia china, dijo que “la diferencia entre Trump y Biden es que el presidente Trump habla fuerte, pero ha perdido la guerra comercial con China. El déficit comercial ha crecido, ha tenido que subsidiar a la producción agrícola. Y mantuvo una cuenta bancaria secreta en China para hacer negocios en China. Biden conoce a China y a Xi Jinping, y sabe que la única forma de ganarle a China es competir mejor. China da préstamos, pero no tiene capacidad de organizar una respuesta coordinada a la pandemia ni que la región se recupere. Solo les importa dar préstamos y ser más influyentes”.

2021 un año en medio de profundas alteraciones

El panorama descrito plantea una agenda en la que se advierte una combinación de certezas y de incertidumbres. Estas se derivan de los efectos de la pandemia que seguirá asolando a la región a lo largo del ejercicio con su consiguiente impacto tanto en la economía como en el equilibrio existencial de las personas, pero también de la acción inopinada de los actores políticos. Sobre esto las altas cotas de personalización y de baja institucionalización de la política latinoamericana es un factor determinante.
Las certezas, sin embargo, se basan en un triple frente. En primer lugar, la proyección de las inercias acumuladas en los últimos años en torno a las democracias fatigadas supone la presencia de un escenario de malestar social, desconfianza de las instituciones políticas, desidentificación partidista y nuevas formas de acción colectiva centradas en individuos paulatinamente más activos digitalmente. En segundo término, se registra el asentamiento de prácticas institucionales que hoy no son cuestionadas como son las derivadas de la dimensión electoral de la democracia que incluso han podido llevarse a cabo en momento de confinamiento severo. Las elecciones que se llevarán a cabo durante 2021 representan una guía del devenir político de América Latina. No obstante, conviene recordar que ellas vendrán condicionadas, por encima de cualquier otra consideración, por aspectos vernáculos lo que hace más complicado el esbozo de un panorama regional. Por último, las muy mermadas capacidades estatales como consecuencia tanto de la ola neoliberal como del modelo extractivista en que se basaron los regímenes del socialismo del siglo XXI, introducen una capacidad de respuesta muy limitada ante la crisis generada por la COVID-19.