Como tantos otros artificios del Socialismo del Siglo 21, la Asamblea Nacional Constituyente ANC es un organismo sui generis. Fue convocada por el ejecutivo nacional en 2017 sin beneficio de un referendum consultivo a la población, usual en estos casos, debido al escaso apoyo popular a la iniciativa. Adicionalmente, la escogencia de sus integrantes por un método netamente corporativista, ostenta la distinción de la menor concurrencia electoral en la historia de Venezuela, si acaso unos dos millones de electores de un padrón electoral cercano a los 19 millones. En su momento el CNE habló de “8 millones de votos”, obviando solapadamente el hecho de que cada votante lo hacía por tres o cuatro alternativas.
El propósito ostensible de la ANC, según sus promotores, era el redactar una nueva constitución para extirpar de raíz resabios capitalistas y liberales que aún quedaban en la Constitución de 1999. A los dos años de ser instalada, que se sepa la ANC no ha redactado ni un primer párrafo del preámbulo de una nueva Carta Magna, y si lo ha hecho es un secreto bien guardado entre la cúpula de sus 550 miembros. Lo que sí ha hecho la ANC es auto prorrogarse ad infinitum y, atribuyéndose un poder supra constitucional, allanar inmunidades, acusar a opositores al voleo, y redactar una que otra disposición cuya legalidad ante el país y el mundo son altamente cuestionables. La última de estas boutade es una LEY CONSTITUCIONAL QUE CREA EL IMPUESTO A LOS GRANDES PATRIMONIOS promulgada esta semana.
Las leyes impositivas para gravar patrimonios son de las más controversiales y menos productivas que existen en el mundo fiscal. No es porque los ciudadanos, y los gobiernos, sobre todo los más populistas, voraces y demagogos no tengan el deseo de que quienes acumulan mucho patrimonio sean los que más paguen sino por un fenómeno práctico, que no hay que haber aprobado sexto grado para darse cuenta de él: Cuando se pechan los patrimonios, ¡o sorpresa! Quienes los poseen los mueven a otras jurisdicciones fiscales y, también quizás sorprendentemente para la ANC, quienes estaban pensando invertir, redireccionan sus inversiones a otros destinos.
Para un país postrado y al borde del colapso, que requiere urgentemente inyecciones masivas de capital privado nacional y extranjero para recuperarse, lo último que hay que hacer es establecer semejante desincentivo a que los capitales fluyan hacia acá. Tal vez no podría esperarse otra cosas de los venerables constituyentes de la ANC, pero lo que además llama poderosamente la atención es la cuantificación que los mismos hacen de lo que constituye “Grandes Patrimonios”.
En el Articulo 1 del decreto se estipula que todo lo que exceda 36 millones de unidades tributarias ($ 260,000 al cambio vigente) para personas naturales y 100 millones de UT ( $ 715,000) para las personas jurídicas. En un mundo donde los fiscos más voraces del mundo como el español y el francés le ponen la mira al patrimonio de los deportistas y emprendedores exitosos con ingresos de millones de dólares o euros al año y patrimonios cien millonarios, calificar como grandes capitales lo que exceda cifras tan ínfimas es, más que irrisorio.
Nadie duda que el fisco tiene la obligación de arbitrar recursos para su funcionamiento, pero lo aprobado va en sentido contrario de ese objetivo. El déficit fiscal del gobierno es un 20% del PIB. De ese gigantesco hueco, las dos terceras partes surgen de subsidiar empresas perdidosas administradas por el Estado. Mantener vivas a esas empresas en su actual estado de ineficiencia es la principal causa de la emisión inorgánica de dinero que nos trajo la hiperinflación.
Desestatizar esas empresas promoviendo la inversión privada en las mismas sí sería una estrategia fiscal sensata, sensatez que al parecer está bien alejada de la visión equivocada que la ANC tiene de cómo debe conducirse el país.
Editorial Laotravia
