La CIDH exigió a Bolivia garantizar los derechos de Jeanine Áñez y los ex ministros detenidos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) urgió al Estado de Bolivia a garantizar los derechos procesales de la ex presidenta interina Jeanine Áñez y otros ex ministros detenidos en el marco de la causa denominada “golpe de Estado”.

La CIDH se pronunció en un comunicado sobre los recientes acontecimientos en Bolivia, pero no mencionó por su nombre a Áñez ni a los ex ministros transitorios de su breve Gobierno Álvaro Coímbra, de Justicia, y Rodrigo Guzmán, de Energía, quienes han sido enviados cuatro meses a prisión preventiva, sin que se haya celebrado juicio.

En su nota, la Comisión dice que el Estado Boliviano ha aportado información sobre la asistencia jurídica que se les ofreció a los encarcelados y se recoge la afirmación de la Fiscalía General de Bolivia de que no se han vulnerado los derechos de las personas detenidas.

“Sin perjuicio de lo anterior”, afirmó la CIDH, se “reitera que los procesos judiciales, incluyendo aquellos iniciados por la posible comisión de delitos contra el orden constitucional interno deben realizarse con irrestricto apego a los estándares interamericanos” de justicia.

Por eso, urgió al Estado de Bolivia a “continuar velando” para que los detenidos cuenten con las “garantías legales mínimas”, incluyendo la defensa de su presunción de inocencia, el conocimiento de los cargos que se les imputan y la posibilidad de refutarlos.

En enero de 2020, con la colaboración del entonces Gobierno de Áñez, la CIDH anunció una investigación para esclarecer los actos de violencia cometidos entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019, coincidiendo con las protestas que sacudieron Bolivia y dejaron al menos una treintena de muertos.

En concreto, las elecciones de octubre de 2019, en las que fue reelegido el entonces presidente Evo Morales, desembocaron en una grave crisis política y social entre denuncias de fraude electoral a su favor, hasta que en noviembre renunció denunciando que era víctima de un golpe de Estado para sacarlo por la fuerza del poder.

A continuación, Áñez, que era vicepresidenta segunda del Senado, asumió la Presidencia con la promesa de convocar elecciones.

En los comicios de octubre de 2020, resultó elegido en primera vuelta Luis Arce, del Movimiento al Socialismo (MAS) y que fue había sido ministro de Economía con Morales.

El arresto de Áñez ha polarizado de nuevo a Bolivia, que se divide entre quienes ven su encarcelamiento como un acto de justicia y quienes lo entienden como una venganza del MAS, de nuevo en el poder tras la victoria de Arce y con Morales ya de vuelta en el país.

Personas protestando contra la detención de la ex presidenta interina Jeanine Áñez, en la ciudad de Santa Cruz (EFE/Juan Carlos Torrejón)

El gobierno de Bolivia le respondió a la OEA sobre las detenciones y anunció acciones contra Luis Almagro

El Gobierno boliviano rechazó el pedido de la Organización de Estados Americanos (OEA) para que se deje en libertad a Áñez y a dos de sus ex ministros y anunció que adelantará gestiones contra el secretario general, Luis Almagro, “por sus reprochables acciones”.

La OEA manifestó en un comunicado su inquietud “ante el abuso de mecanismos judiciales que nuevamente se han transformado en instrumentos represivos del partido de Gobierno” en Bolivia.

En ese sentido, el Gobierno de Luis Arce señaló que la OEA presenta “posiciones que denotan injerencia e intromisión en los asuntos internos” del país, según un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia.

La Cancillería “repudia las opiniones con las que Luis Almagro pretende dañar a un gobierno democráticamente elegido, cuando en su momento evitó pronunciarse sobre las violaciones de derechos humanos durante el gobierno de facto de Jeanine Añez, aplicando un doble rasero que intenta favorecer intereses de determinados grupos políticos”, señaló en un comunicado publicado este lunes.

La OEA exigió que se conforme una “comisión internacional para la investigación de casos de corrupción desde el último período de Gobierno del ex presidente Evo Morales hasta la actualidad”, incluyendo la Administración de transición de Áñez.

El pasado domingo 7 de marzo el presidente Luis Arce no asistió al acto oficial de apertura de las elecciones subnacionales en el Tribunal Supremo Electoral, porque, según dijo, no hará presencia en ningún acto en el que esté la OEA.

Arce justificó su decisión por el “papel nefasto” de la OEA en las elecciones de 2019, que fueron anuladas entre denuncias de fraude a favor del entonces presidente Morales, que había sido elegido para un cuarto mandato consecutivo, lo que derivó en una grave crisis en el país.

El secretario general de la OEA, Luis Almagro (EFE/Luis Eduardo Noriega A./Archivo)

Acciones contra Almagro

El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia expresó en la nota “que llevará adelante las iniciativas necesarias para que las reprochables acciones de Luis Almagro no queden impunes”.

En la misma línea el jefe de bancada en el Senado del oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), Adolfo Flores, anunció que presentará un proyecto de declaración parlamentaria rechazando “la injerencia del secretario general de la OEA”.

Flores criticó que Almagro “pretenda convulsionar el país con sugerencias a la administración judicial (…) está cuestionando al poder judicial”.

Asimismo el ex presidente Evo Morales señaló que “las declaraciones de Almagro son un nuevo atentado a la democracia: niegan la autoproclamación de Áñez, las masacres, las 1.500 detenciones ilegales, persecuciones y corrupción en pandemia”.

Juan Carlos Áñez (5-d), hermano de la ex presidenta interina boliviana Jeanine Áñez, habla durante una reunión con los representantes del movimiento cívico boliviano en la sede del Comité Cívico Pro Santa Cruz, incluido el presidente de dicha institución, Rómulo Calvo (c), en Santa Cruz de la Sierra (EFE/Juan Carlos Torrejón)

Grupos cívicos alertaron con una huelga nacional si continúan los arrestos en Bolivia

Los grupos cívicos de Bolivia alertaron con realizar una huelga a nivel nacional si continúan las aprehensiones como la de la ex presidenta Áñez y exigieron la liberación de ella y sus dos ex ministros de manera inmediata.

Los representantes cívicos y de organizaciones ciudadanas se reunieron este martes en la sede del Comité Cívico Pro Santa Cruz en esa ciudad oriental para definir las acciones que realizarán a propósito de la aprehensión y el encarcelamiento preventivo de las ex autoridades interinas.

Luego de horas de reunión, el presidente del Comité Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, leyó la resolución del Movimiento Cívico Nacional, conformada por nueve comités cívicos de Bolivia, en la que advierten con una huelga cívica en todo el país si continúan los arrestos o detenciones ilegales en el marco del caso denominado “golpe de Estado” por el que detuvieron a Áñez y sus ex ministros.

También resolvieron exigir la liberación inmediata de la ex mandataria interina Áñez, Álvaro Coímbra y Rodrigo Guzmán, ex ministro transitorio de Justicia y de Energía respectivamente, y de los “perseguidos políticos” que son “víctimas del sistema de justicia implantado por el dictador Evo Morales”, indica la resolución.

Los cívicos manifestaron que no permitirán más “apresamientos ilegales” ni “persecuciones” con fines políticos y exigieron que se otorgue “amnistía” de forma igualitaria para policías, cívicos y ciudadanos “que lucharon” por el país.

Además denunciarán ante organismos internacionales “la grave violación y atropello a los derechos humanos” para que se adopten medidas inmediatas para “proteger al pueblo boliviano”.

También piden que se conforme una comisión internacional que investigue los hechos de corrupción y persecución política en el país.