CorrupciónJusticia

La Comisión Europea detecta «falta de ambición» en la lucha contra la corrupción en España

El 'Informe sobre el Estado de derecho' asevera que la imputación del fiscal general provoca «tensión institucional»

El comisario de Justicia, Michael McGrath y la vicepresidenta ejecutiva para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen ABC

La Comisión Europea considera que hay «falta de ambición» en España en la lucha contra la corrupción además de criticar, una vez más, la «politización de la Justicia». En el ‘Informe sobre el Estado de derecho’ dado a conocer este martes, en donde se revisan diferentes apartados de cada miembro de la Unión como el sistema judicial o la libertad de prensa, la Comisión insta a «España a acelerar y profundizar las reformas pendientes para alinearse con los estándares europeos y reforzar su sistema democrático».

Sobre el Poder Judicial, el estudio aplaude la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) tras años de «bloqueo político», pero añade que persisten las «dudas sobre la independencia judicial» por la vinculación de los nombramientos «a mayorías parlamentarias». También alerta de un aumento del uso de jueces sustitutos y de protestas por las condiciones laborales y las reformas de acceso a la carrera fiscal y judicial. En este ámbito, señala que «persisten los problemas con la duración de los procesos judiciales, especialmente en el Tribunal Supremo».

El informe no ahonda en el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía. Se limita a indicar que «ha generado controversia» y que ha sido remitida al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Apunta que la reforma de la acción popular es «restrictiva» y ha sido muy criticada por «limitar un mecanismo clave de control ciudadano».

Sobre el Ministerio Público, afirma que el proyecto del Ministerio de Justicia para aumentar el mandato del fiscal general a cinco años y desvincularlo de un mandato del Ejecutivo es «insuficiente para garantizar su independencia». Sobre la imputación de Álvaro García Ortiz, por filtrar presuntamente información confidencial de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, el informe de la Comisión afirma que «añade tensión institucional».

En cuanto a la corrupción, Bruselas detecta una «percepción alta» y una escasa confianza ciudadana en la efectividad de las sanciones. Critica que no se haya aprobado la Estrategia Nacional Anticorrupción prevista para el año pasado y una baja tasa de condenas. Detecta, no obstante, avances en aumentar los recursos para investigar casos de alto nivel y en la regulación de los conflictos de interés. Sin embargo, cree que hay una «falta de ambición en la lucha contra la corrupción».

Satisfacción ministerial

El informe denuncia que han aumentado los «ataques y presiones» a periodistas, «incluidos desde el Gobierno y partidos». «El acceso a la información pública no ha mejorado, y sigue pendiente la reforma de la ley de secretos oficiales», añade el estudio del Estado de derecho que critica que la reducción de las «garantías de independencia» de RTVE a pesar de la reforma para desbloquear su gestión.

A pesar de las carencias que retrata el ‘Informe sobre el Estado de derecho’, fuentes del Ministerio de la Presidencia, Jusiticia y Relaciones con las Cortes, han considerado que «avala» las reformas criticadas por las asociaciones profesionales. «No hay ni una línea de las reformas que afecte ni al Estado de derecho ni a la independencia judicial», han afirmado las mismas fuentes ministeriales.

 

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