La condena de Leopoldo López
La sentencia contra Leopoldo López confirma, una vez más, la utilización del sistema judicial por parte del régimen venezolano para perseguir y condenar a sus adversarios, sin que medien pruebas ni exista el debido proceso.
Ya se sabe que esta es una perversión que vienen utilizando desde hace varios años. Todavía está viva la imagen del extinto jefe del régimen ordenando el 11 de diciembre de 2009 por cadena de radio y televisión que condenaran a la juez Afiuni a 30 años de prisión (Véase: “La presa del Comandante”, por Francisco Olivares, Editorial La Hoja del Norte, Caracas, 2012).
Anteriormente, el 25 de octubre de 2008, también por radio y televisión, Chávez había dicho en Maracaibo que metería preso a Manuel Rosales, entonces Gobernador del Zulia, sentenciado luego y sin demora por los tribunales. Varios años antes, el 16 de marzo de 2004, el alcalde de Baruta y hoy gobernador de Miranda, dos veces candidato presidencial opositor, Henrique Capriles Radonski, también había sido enjuiciado por el régimen, acusado de “asaltar” la embajada de Cuba en abril de 2002.
Más recientemente, fueron sometidos a juicio los alcaldes opositores Antonio Ledezma y Daniel Ceballos, bajo cargos absolutamente insostenibles. Y existen muchos otros casos más que no han tenido igual repercusión por tratarse de ciudadanos anónimos, pero que, igualmente, también terminaron condenados por el “delito” de adversar al régimen.
Toda esta situación -reitero- pone de manifiesto la utilización del sistema judicial venezolano para perseguir y condenar a quienes el oficialismo señale como adversarios incómodos, incluyendo aquellos que incurran en el oprobioso “delito de opinión”.
Ahora le toca el turno a Leopoldo López. Después de 18 meses de cárcel injusta, una juez lo acaba de condenar a 13 años y 9 meses de prisión, en medio de un proceso plagado de irregularidades de todo tipo. Según lo han denunciado sus abogados, se llegó al colmo de impedirles promover testigos y pruebas de ninguna naturaleza a su favor, aparte de las aplazamientos y trampas procesales que fueron demorando la decisión durante largo tiempo. Todo ello para alargar el suplicio judicial contra López.
La verdad es que las acusaciones en su contra son absolutamente increíbles, artificiosas y sin fundamento, tal como lo han señalado sus defensores. Pero en el caso de López, dada su proyección como dirigente opositor, se añade una apremiante ofensiva política del régimen, aparte del mecanismo de judicialización de la política ya anotado y que arranca desde hace ya más de una década.
Esa urgente ofensiva política del oficialismo la constituye la cercanía de las posibles elecciones parlamentarias, que según todas las encuestas perdería de calle como consecuencia de la gigantesca ola de inconformidad y rabia que se percibe entre la gran mayoría de los venezolanos.
Por esa poderosísima razón, al condenar a Leopoldo López sin poder demostrar su supuesta culpabilidad, el régimen persigue dos objetivos básicos en este momento, a través de la alevosa sentencia de marras.
Por una parte, mantener preso a quien hoy es el líder de mayor aceptación y popularidad en Venezuela, para impedir que fuera protagonista estrella de la oposición democrática en la venidera campaña electoral que hoy luce -insisto- muy cuesta arriba para el chavomadurismo. Y por la otra, desmoralizar a los electores opositores con este vil atropello contra un liderazgo en ascenso, pretendiendo así que muchos indignados tomen el camino suicida de la abstención ante tantas trampas, injusticias y tropelías.
Se trata, en realidad, de toda una estrategia montada por el régimen para zafarse de la posibilidad de realizar las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre próximo. Ya lo hemos advertido en varias oportunidades y cada vez más los hechos nos dan la razón. En ese siniestro propósito han intentado los conflictos con Guyana y Colombia -desechado aquel por orden de los Castro y mantenido este último como carta debajo de la manga-, y aún podemos esperar que acudan a otros trucos, con la complicidad de su CNE y TSJ.
Porque resulta demasiado evidente que ellos saben que están derrotados y que la victoria de la oposición democrática, si se cuentan bien los votos y se impide el fraude, puede ser una auténtica patada popular histórica contra el régimen. Lo que supondría, por supuesto, que Venezuela entraría en la vía plena de su liberación de esta experiencia oprobiosa y terrible que vivimos desde hace 16 años. Por si fuera poco, si la oposición logra la mayoría de la Asamblea Nacional lo primero que haría sería aprobar una ley de amnistía, a fin de liberar a todos los presos políticos del chavomadurismo.
Estamos, insisto, ante un tigre herido de muerte, cada vez más peligroso, pero ante quien no podemos bajar la guardia.
