Como ha quedado claro en las últimas semanas de violencia contra las manifestaciones opositoras, Nicolás Maduro no tiene cómo mantenerse en el poder sino con represión, miedo y argucias legales. Un estudio de opinión de la encuestadora Hercon hecho en el mes de abril afirma que 88,5 por ciento de los encuestados valoran negativamente su gestión y que 76,5 por ciento desea que salga del Palacio de Miraflores en este año, antes de cumplir su periodo.
Los números no solo no son alentadores, sino que tampoco se prevé una mejora de cara a 2018 cuando el chavismo debería medirse en unos comicios para un nuevo mandato. La encuesta Hercon afirma que 78,1 por ciento de los consultados desea un nuevo gobierno.
Como no hay escenario electoral viable para que el chavismo siga en el poder, Maduro llamó a una constituyente que se reuniría sin pasar por el sí de un referendo popular, al contrario de lo que hizo Hugo Chávez en 1999. Para esa omisión clave argumenta que la actual Carta Magna le da la “iniciativa de convocatoria”.
Juan Carlos Apitz, exmagistrado de la Corte Primera de lo Contencioso Administrativo, admite que ninguna norma establece taxativamente que la iniciativa deba pasar por un referendo consultivo, y el madurismo aprovecha esa grieta. Por eso, el ministro de Comunas, Aristóbulo Istúriz, ha dicho que no hace falta preguntarle nada al pueblo pues “convocar es un derecho del presidente”, pero el propio rector del Consejo Nacional Electoral (CNE) Luis Emilio Rondón alertó de una “posible amenaza” al sistema democrático pues la iniciativa y la convocatoria del proceso no deben confundirse.
Sin embargo, Rondón es minoría en el Poder Electoral, dominado por la visión chavista, incluyendo a su presidenta, Tibisay Lucena. La funcionaria recibió a Maduro en el CNE y habló no para convocar las elecciones regionales pendientes desde diciembre de 2016 ni las municipales de este año, sino para asegurar que “el inicio del proceso constituyente representa una gran oportunidad para el encuentro y el debate social”, en la línea del discurso oficial.
“Lo único que Maduro quiere con el llamado a constituyente es evitar un proceso electoral”, dice el líder opositor Henrique Capriles. Así como en 2016 el Poder Electoral no llamó a elegir gobernadores con la excusa de que debían ocuparse del malogrado referéndum revocatorio, la constituyente sería la razón para suspender cualquier comicio distinto este año.
De hecho, el ministro Elías Jaua, quien encabeza la Comisión Presidencial Constituyente que redactará las bases para el proceso, dijo que uno de los objetivos es “crear condiciones mínimas de estabilidad política para poder ir a los procesos electorales en marcha y los que vienen”. Pero el abogado constitucionalista Juan Rafalli califica de “cínicas” sus palabras, pues “ni siquiera en estados de excepción se puede suspender el derecho al voto, según la propia Carta. Es decir, siempre hay condiciones para llamar a elecciones”. Añade el jurista que si no hay estabilidad suficiente para votaciones regionales “entonces tampoco la hay para ir a una constituyente”.
A falta de Chávez, bueno es Raúl
Hoy, luego de su visita a La Habana el 9 de abril, cuando las protestas opositoras apenas comenzaban, crecen las sospechas de que Maduro mueve sus fichas siguiendo recetas cubanas. No es una coincidencia que su gobierno haya reactivado las exportaciones de crudo ligero a la refinería de Cienfuegos -que atiende al mercado doméstico de la isla y a los aliados de Petrocaribe- luego de una pausa de ocho meses, según datos de PDVSA citados por la agencia Reuters.
“Todo lo que está haciendo Maduro son órdenes de La Habana”, afirma el doctor en Economía y director de Cubanálisis, Eugenio Yáñez. “La instrucción que recibió cuando estuvo allí reunido fue impedir de cualquier manera que se vaya a pique la revolución bolivariana”, dice.
El experto petrolero Rafael Quiroz apunta que aunque se ha reducido la cuota de envío de hidrocarburos a la isla “nunca hemos dejado de mandarle petróleo a Cuba”. Afirma incluso que la reducción de entregas a la veintena de países de Petrocaribe, de 237.000 barriles diarios hace seis años a los actuales 163.000, no ha afectado a La Habana que sigue recibiendo un promedio de 81.000 barriles diarios.
El abogado y experto en relaciones internacionales Mariano de Alba afirma desde Washington que incluso la salida de Venezuela de la Organización de Estados Americanos (OEA) ocurre por la influencia de Cuba sobre Maduro “al transmitirle que podía subsistir fuera del organismo” como ha hecho la isla por varias décadas. “Dentro de la Cancillería había resistencia a eso, lo demostraron las palabras del viceministro Samuel Moncada diciendo que era más costoso salirse que dar la pelea interna”, añade.
‘Cuban way of life’
Mientras la disidencia respira gases lacrimógenos y esquiva disparos, el tablero político muta en Venezuela. Pero la clave de la Asamblea Constituyente no está en cómo votar, sino en quién podrá postularse.
Maduro plantea escoger 500 constituyentes en dos bloques mediante un proceso “sectorial y territorializado”. Un primer grupo de 250 serían electos en todo el país, aunque Venezuela tiene 330 municipios. El diputado Henry Ramos Allup cuestiona que la fórmula conduciría a una desproporción, pues “pretenden que un municipio chiquito tenga un constituyente o uno grande también”, lo que violaría el artículo 63 constitucional.
El segundo lote de 250 delegados saldría de consultar a los “sectores sociales”: obreros, campesinos, indígenas, juventudes, discapacitados, sexodiversos y demás agrupaciones sociales y gremiales reconocidas por el Estado. “Es un concepto fascista de democracia corporativa, al estilo de Benito Mussolini en 1932 cuando suprimió la democracia directa del pueblo por la consulta a sectores interesados y organismos que controla el propio gobierno”, explica Ramos Allup, expresidente del Legislativo venezolano. No sorprendería que Maduro haya repetido al menos tres veces, al decretar la constituyente, “Yo no soy Mussolini”, sin que nadie se lo preguntara.
Especialistas advierten que el gobierno controla los ámbitos de participación popular que seleccionarían a los redactores de una nueva Constitución. La abogada y diputada Delsa Solórzano aclara que las comunas no existen en la actual Carta, “pero tendrán voto para modificarla”. Además, esas instancias, así como los consejos comunales, deben estar registradas y reconocidas por el ministerio respectivo.
Yáñez hace el paralelismo con Cuba donde cualquier elección comienza con el control de las postulaciones. “Hay una comisión de candidaturas formada por la central de trabajadores -los sindicatos-, la federación de mujeres cubanas, la unión de jóvenes comunistas, la alianza para la revolución, la federación de estudiantes universitarios y la de estudiantes de enseñanza media, que deciden quién puede acudir”.
El proceso, a decir del politólogo Guillermo Aveledo, conducirá a “eliminar todo vestigio de democracia burguesa, pues es la etapa pospersonalista del régimen, con representación de sectores allegados al Estado. Anula la participación política del individuo”, argumenta.
Pero si el partido no es suficiente, el hambre como sistema de control social sí. En las más recientes manifestaciones progobierno, los beneficiarios de programas sociales alimentarios, aquellos que reciben ‘bolsas Clap’ (con comida) y portadores del Carnet de la Patria -registro ante programas sociales que podría convertirse en una versión digital de la cartilla de racionamiento- han sido convocados para participar obligatoriamente so pena de exclusión.
También, desde que comenzó mayo, en zonas de Carabobo se han registrado saqueos que han dejado al menos 70 negocios vaciados, muchos de ellos de alimentos. Una fuente de la zona sostiene que la fuerza pública no ha evitado tales desmanes “pues así se limita el acceso a la comida de la gente que tendrá que acudir a pedírsela al Estado a través de los Clap. Y ya sabemos qué pedirán a cambio: filiación política”.
Ni oposición ni libertades
Hasta ahora, entre las ideas esbozadas por Maduro hablan de “perfeccionar” la Constitución, cambiando incluso las atribuciones en política exterior “para evitar agresiones externas”, según Hermann Escarrá, miembro de la Comisión Presidencial; y modificar el sistema económico “para dinamizar las fuerzas productivas”, en palabras de Elías Jaua, un marxista ortodoxo que asomó algo más grave: “Aquí se instaló una concepción del debido proceso que favorece al delincuente”.
Respondía así a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, quien denunció que los cuerpos de seguridad han vulnerado derechos fundamentales en más de 1.500 detenciones registradas durante las protestas. La funcionaria se alejó del madurismo con su condena a la represión y la ilegalidad de las decisiones del presidente luego de ser fiel militante de la revolución.
“Cuidado con esa amenaza de Jaua”, advierte Juan Rafalli. “La tutela judicial efectiva y el derecho a la defensa son conceptos universales en el constitucionalismo moderno, y todo reposa sobre las mismas bases: derecho de petición, derecho a la defensa, libertad de pruebas, el juez natural. ¿Pretenden cambiar esos preceptos?”. Pero el chavismo lo ha hecho de facto: varios presos políticos están siendo tratados por la justicia militar -que encabeza el propio Maduro– violando las normas penales.
La enseñanza del Malecón
Avanzar en un proceso de reforma del Estado para que el chavismo nunca deje el poder pasa por aplastar la protesta. Por eso la represión ha aumentado y en un mes ya se acumulan 35 muertos, centenares de heridos y más de 1.500 detenidos. Yáñez considera que la acción represiva es un calco de las decisiones del castrismo en 1994 cuando frente a “El Maleconazo” la fuerza pública detuvo a más de 100 personas, pero también salieron a la calle las Brigadas de Respuesta Rápida, “delincuentes que actúan, reprimen y no tienen que responder ante la justicia y la ley; lo que llaman el pueblo en armas”.
En Venezuela el espejo son los “colectivos armados” que han actuado contra quienes protestan bajo la vista gorda o la complicidad frontal de la Guardia Nacional. Sus actuaciones en Caracas y otras ciudades han quedado documentadas en videos, fotografías y testimonios. Esas fuerzas paramilitares han sido responsables de algunas de las 35 muertes ocurridas desde abril. Por si fuera poco, Maduro activó el 18 de abril el Plan Zamora para el control del orden público en el cual participan también civiles, incluyendo las bases del partido de gobierno, el PSUV.
Incluso, el grupo armado asumió funciones parapoliciales y detuvo a Andrés Ulichny y Keismer Sivira, y los entregó a la Guardia Nacional que los dejó encarcelados. Lo mismo ocurrió el primero de mayo con un equipo de prensa del canal Vivo Play, detenido por encapuchados y entregado a los militares.
“Y todavía no han llegado a lo máximo. Si hiciera falta sacar los tanques a la calle lo van a hacer”, dice Yáñez desde Miami. Aveledo cree que al gobierno le queda aún un manojo de cartas represivas: “Prohibición directa de los partidos políticos, asesinato de dirigentes sociales y políticos de oposición; es un arsenal aún no usado que parece asomarse para una posible etapa distinta de ultrarepresión”.
Como ha quedado claro en las últimas semanas de violencia contra las manifestaciones opositoras, Nicolás Maduro no tiene cómo mantenerse en el poder sino con represión, miedo y argucias legales. Un estudio de opinión de la encuestadora Hercon hecho en el mes de abril afirma que 88,5 por ciento de los encuestados valoran negativamente su gestión y que 76,5 por ciento desea que salga del Palacio de Miraflores en este año, antes de cumplir su periodo.