La corrupción destruye la gobernabilidad de Brasil
Las costuras de Brasil, uno de los países más ricos y desiguales del planeta, crujen en medio de un vergonzoso escándalo que amenaza con multiplicar la onda expansiva del ‘caso Petrobras’ (la célebre operación Lava Jato) y aniquilar un sistema político irremediablemente contaminado por la corrupción. Michel Temer, de 76 años, el político moderado que derribó a la expresidenta Dilma Rousseff tras su ‘impeachment’ por el propio ‘caso Petrobras’, aparece ahora en una grabación autorizando la ‘compra’ de uno de los políticos más famosos y odiados del país, el expresidente del Parlamento Eduardo Cunha.
El fiscal general, Rodrigo Janot, le implica oficialmente en maniobras para obstruir la justicia y también en el cobro de sobornos. El empobrecido pueblo brasileño vuelve a agitarse en las calles y los periódicos piden la dimisión del presidente justo cuando iba a sacar adelante su reforma de las pensiones, proyecto principal del año político. Dos ministros han dimitido ya tras la publicación de las corruptelas. El ‘establishment’, en definitiva, contiene la respiración en temor de un estallido social comparable al de 2013.
En aquel invierno, cuando Brasil celebraba la Copa Confederaciones, ya se sabía que la burbuja brasileña estaba pinchada. Lo que no se sabía todavía es que ‘Lula’ y su PT (el Partido de los Trabajadores) habían dirigido una gigantesca campaña de desvío de dinero aprovechando a la petrolera estatal, otrora orgullo de Brasil, que llegó a ser la mayor empresa pública de Sudamérica. Miles de millones de dólares sustraídos a las arcas públicas que vienen siendo revelados desde agosto de 2014 por la Operación Lava Jato, cuyas ramificaciones amenazaron con arrasar los despachos de toda Brasilia y terminaron derrocando, vía juicio político, a la presidenta Rousseff entre fuertes protestas de la izquierda por un presunto “golpe de Estado”.
DESCALABRO SOCIOPOLÍTICO
En ese caldo de cultivo, el escándalo del presidente Temer tiene efectos impredecibles. Ocurrido justo en el mes en que se publicaba una contención inflacionaria en el país y una mejora de la inversión bursátil, precisamente cuando el proyecto de reforma de las pensiones ponía de acuerdo a las grandes fuerzas políticas y económicas, las grabaciones al también presidente del PDMB (un gran partido moderado y de tradición acomodaticia) colocan a la potencia sudamericana al borde de un verdadero descalabro sociopolítico con consecuencias en los países de su entorno.
La Fiscalía acusa a Temer de recabar 4,6 millones de dólares ilegalmente para su campaña. Pero la podredumbre no termina ahí: también acusa a sus dos predecesores en el asiento presidencial, Dilma Rousseff y Luiz Inácio Lula da Silva, de recibir decenas de millones de dólares en pagos ilícitos hechos a cuentas ‘offshore’.
La tensión social vuelve a elevarse en las grandes ciudades: una nueva y grave crisis que, de haberse producido antes de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, abriría las ediciones de todos los grandes diarios internacionales. Manifestantes y diputados de la oposición reclaman urgentemente la convocatoria adelantada de elecciones presidenciales, previstas oficialmente para octubre de 2018, mientras las redes sociales echan humo en un país en el que Facebook es la principal herramienta de comunicación.
La solución del adelanto electoral, además de requerir la dimisión previa de Michel Temer, presenta una complicación adicional: exige una reforma constitucional por consenso de dos tercios de la Cámara. Por si fuese poco, el hecho de que el candidato favorito en las encuestas sea el multiprocesado ‘Lula’ dificulta notablemente el acuerdo sobre el adelantamiento de los comicios. El carismático expresidente y exlíder sindical afronta cinco procesos judiciales por corrupción, pero tardaría como mínimo un año en ser inhabilitado si fuese declarado culpable.
INCERTIDUMBRE CRÓNICA
Temer, abandonado esta semana hasta por sus aliados, ha negado que hiciese nada malo y anunció que no dimitiría en medio de un desplome bursátil ya contenido. Ante su negativa, las peticiones de ‘impeachment’ en su contra se amontonan: diversos partidos y asociaciones reclaman un juicio político (el segundo en un año) que duraría varios meses como mínimo y agudizaría peligrosamente la inestabilidad crítica de un país sumido en la incertidumbre más absoluta desde hace al menos dos años.
Otro hecho reciente completa el apocalíptico panorama de la clase política brasileña: el principal partido opositor al PT de Lula y Rousseff, el Partido Social Demócrata Brasileño, está descabezado después de que su todavía líder, el senador Aécio Neves (derrotado por la mínima en las elecciones de 2014) quedase también fuera de juego la semana pasada por acusaciones de corrupción: fue filmado pidiendo un soborno de 600.000 dólares a los dueños de JBS-Friboi, la empresa cárnica más grande del mundo, responsable de la filtración de Temer.
Los columnistas brasileños barajan con insistencia un tercer escenario jurídico para intentar salir de la crisis: a comienzos de junio el Tribunal Superior Electoral iniciará una vista para determinar si inhabilita a Rousseff y a Temer por haber financiado presuntamente de forma ilegal la campaña de 2014, en la que acudieron como tándem presidenta-vicepresidente. En el caso hipotético de que Temer fuese inhabilitado, el orden de prelación para ostentar la presidencia provisional sería (por este orden) los presidentes de la Cámara, del Senado y del Tribunal Supremo.
Ni siquiera ese cauce legal esquivaría escollos, puesto que dos de esos tres presidentes (los dos primeros) están también imputados en la Operación Lava Jato. La pestilencia de la corrupción política brasileña ha alcanzado un nivel que amenaza con hacer ingobernable una de las democracias más grandes y podridas del planeta. Pocos en el país creyeron el enérgico mensaje televisado a la nación del presidente Temer este sábado (“el audio fue manipulado, suspendan la investigación”). La paciencia de la sociedad brasileña está agotada después de casi tres años de escándalos semanales sobre el fraude generalizado de una clase política para la que no quedan ya casi adjetivos.
