La corrupción es el telón de fondo de la precaria democracia peruana

Una mujer sostiene un cartel que dice ‘Tribunal corrupto’ en una protesta contra la decisión de la Corte Constitucional de Perú de aprobar la liberación del expresidente Alberto Fujimori en Lima, el 17 de marzo de 2022. (Martín Mejía/AP)

El siglo XXI peruano inició con algunas de las acciones más espectaculares de lucha contra la corrupción en la historia del país. Como señala Alfonso Quiroz en su libro Historia de la corrupción en el Perú, “rara vez antes las instituciones públicas se habían visto sujetas al escrutinio interno y externo, dirigido a limitar y castigar la corrupción burocrática”.

Tras la caída de la dictadura encabezada por Alberto Fujimori, luego de la difusión de una serie de videos donde se veía a su mano derecha, Vladimiro Montesinos, comprando congresistas con torres de billetes, no solo se realizaron ambiciosas reformas legales y se firmaron acuerdos internacionales como la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, sino que, a lo largo de la década del 2000, el país entero vio cómo los responsables del régimen fujimorista eran sentenciados por diversos delitos de corrupción.

El expresidente Fujimori fue condenado, entre otros, por pagos ilegales a congresistas y por desviar dinero público para pagarle a Montesinos, entonces jefe del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN). Montesinos, a su vez, recibió condenas por, entre otros delitos, corrupción de funcionarios, lavado de activos y tráfico de armas.

Parecía entonces que con el fin de la dictadura y los renovados esfuerzos gubernamentales en la lucha contra la corrupción ese mal endémico de la política peruana podía poco a poco irse convirtiendo en cosa del pasado. En palabras de Quiroz, “estos avances contra de la corrupción, rampante apenas unos meses antes, fueron estimulantes y brindaron esperanzas”.

Esas esperanzas, dos décadas después, se encuentran hoy por los suelos. Basta asomarse a las cifras de algunas encuestas claves para comprender la magnitud de la resignación peruana.

La edición más reciente del Barómetro de las Américas, producido por el Proyecto de Opinión Pública de América Latina de la Universidad Vanderbilt, ubica al Perú primero en percepción de corrupción de la clase política. 88% de los peruanos cree que más de la mitad o todos los políticos son corruptos, más de 20 puntos por encima del promedio en la región (64.25%).

Según la edición 2022 de la Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Corrupción, publicada por Proética a finales de septiembre, 81% de los peruanos opina que la corrupción ha aumentado en los últimos cinco años. Ese número supone un salto de ocho puntos respecto a la misma medición en 2019. A la vez, 53% de los encuestados cree que la corrupción aumentará en los próximos cinco años, 13 puntos más que en 2019.

Pese a ello, la corrupción no es considerada el principal problema del país. Solo 57% de los encuestados cree que sí, frente a 60% que ubica en esa posición a la delincuencia. Lo sorprendente, si uno revisa el histórico del estudio, es que esta actitud de los peruanos es una constante en los últimos años.

Con la sola excepción del año 2010, la corrupción siempre ha estado por detrás de la delincuencia como problema principal y, de hecho, de 2019 a 2022 esa percepción ha caído cinco puntos: de 62% a 57%.

Es decir, los peruanos parecen creer que tienen la clase política más corrupta de la región, que la corrupción viene aumentando y que ese aumento, lejos de detenerse, continuará en los próximos años. Sin embargo, la importancia que le dan a esta percepción viene cayendo.

Esto, sin embargo, no significa que los peruanos crean que la corrupción no tiene impacto. El mismo estudio revela que 86% de los encuestados considera que “la corrupción lo perjudica en su vida diaria”. El peso relativo que le confieren a este problema es menor que hace tres años y palidece ante su preocupación por la delincuencia.

¿Qué nos dice este dato sobre la sociedad peruana? Para interpretarlo, vale la pena introducir otro estudio más inmediato. Según la última encuesta publicada por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP), a finales de octubre de este año, 59% de los peruanos considera que el actual presidente, Pedro Castillo, está “involucrado en actos de corrupción”. Es un salto de siete puntos respecto a la medición hecha a inicios de octubre, cuando 52% de los encuestados respondía lo mismo.

Una importante mayoría de peruanos desaprueba al presidente Castillo y cree que él y su gobierno son corruptos. Pero, a la vez, son cada vez menos los peruanos que piensan que esto basta para quitárselo de encima o que su remoción solucionará algo.

Pese al enorme rechazo que siente ante la corrupción, la ciudadanía peruana ha llegado a creer que la política es así, que todos son corruptos y, lastimosamente, poco o nada se puede hacer. Basta ver los números del Congreso para entenderlo.

El Poder Legislativo peruano, identificado como la principal oposición a Castillo, es aún más impopular que el presidente. Su desaprobación alcanza 81%, según el último estudio de IEP, mientras que su aprobación no llega ni a 15%. Y las sospechas de corrupción que se ciernen sobre el parlamento son incluso mayores: 60% de los encuestados considera que el Congreso es la institución más corrupta, frente a 42% que piensa lo mismo del gobierno de Castillo, según la encuesta de Proética.

La corrupción se ha convertido en el telón de fondo ante el que transcurre, sin novedad ni esperanza, la cada vez más precaria democracia peruana. Y, de momento, en ausencia de una pistola humeante que individualice a un único culpable—como los vladivideos que hace 22 años escandalizaron a buena parte de los peruanos y se trajeron abajo el régimen fujimorista—, aún cuando está claro hoy que el sistema entero es culpable, poco o nada parece que vaya a cambiar en el futuro inmediato.