La cruzada quijotesca contra la dosis mínima
Mientras en Estados Unidos los inversionistas se preparan para una industria regulada de compraventa de productos cannábicos que llegará a los US$35.000 millones en el 2022, en Colombia el Ministerio de Justicia habla de cómo los papás deben dar cuenta de la adicción de sus hijos que sean capturados en posesión de la dosis mínima. ¿Vuelve el oscurantismo irracional?
El presidente Iván Duque y el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, sacan pecho con su cruzada quijotesca contra la dosis mínima y la dosis de aprovisionamiento. Hablan de cómo el microtráfico está afectando a los niños del país y argumentan que las autoridades tienen las manos atadas para enfrentarlo por la ausencia de herramientas normativas. ¿La solución? Más represión, táctica que ha fracasado en los 47 años que el mundo lleva enfrascado en la ilógica y fallida “guerra contra las drogas”. No deja de sorprender la lluvia de aplausos que han recibido las medidas propuestas por el Gobierno y la Fiscalía.
Despachemos lo obvio: el narcotráfico, sea a la escala que sea, es un flagelo que tenemos que enfrentar. Se trata, además, de un problema de salud pública, pues en efecto las drogas matan: 1.400 personas murieron en el país en el 2016 por este factor de riesgo, según información del Instituto de Mediciones e Información sobre Salud. Hasta ahí estamos de acuerdo con el fiscal y el presidente.
Dicho eso, la solución no es darle más herramientas a la Policía para que, mediante criterios discriminatorios, requise a los ciudadanos y decomise incluso la dosis mínima que es legal en Colombia desde 1994. En nombre de “los niños” nos estamos llevando de frente los derechos individuales, donde, sí, va incluido el de tomar una decisión sobre consumir o no drogas, sin intervención del Estado. Más importante aún, se trata de una medida cosmética: subirán los arrestos, aumentará el precio de la droga, los consumidores se irán a la peligrosa clandestinidad, los colombianos con menos recursos serán los más perseguidos y los grandes capos del narcotráfico seguirán con su poder intacto.
Como explicó Johnattan García Ruiz en El Espectador, el cigarrillo y el alcohol son factores de muerte de colombianos mucho más graves que las drogas. ¿Por qué a ellos sí los tenemos altamente regulados y con impuestos, mientras a la marihuana se le cae con todo el estigma, que además parte de la ignorancia sobre sus efectos?
Cuesta entender los motivos para que esta sea la prioridad del nuevo gobierno. Además, los procedimientos anunciados son muy extraños. En entrevista memorable con Blu Radio, la ministra de Justicia, Gloria María Borrero, explicó: “Se decomisa la droga, se hace un procedimiento de descargos y, si la persona demuestra que es un adicto, que lo puede hacer con el testimonio de los papás o una opinión médica, se le devuelve la droga. De resto, no se devuelve y se destruye”.
En redes sociales circuló una propuesta de minuta para que los consumidores carguen una autorización de sus padres donde diga: “Por medio de la presente (…) certifico que mi hijo es el adicto de la familia”. No hay otra manera de responder ante tal despropósito.
Tal vez lo más lamentable de todo este asunto es que la lucha contra las drogas está pendiente de un debate mucho más serio, desprovisto de moralismos inútiles y centrado en la realidad de hacia dónde van las políticas mundiales. Distraídos por molinos de viento, nuestros líderes no están viendo los verdaderos gigantes peligrosos.
