La Cumbre de las Américas y Venezuela
La Cumbre de las Américas de Lima puede convertirse quizás en la última oportunidad para que América Latina exprese, en una sola voz, la grave preocupación de la región por la situación que vive Venezuela y ejercer acciones diplomáticas para lograr el restablecimiento del orden democrático a través de una salida pacífica e institucional con llamamiento a elecciones libres, transparentes y democráticas.
El Grupo de Lima, que incluye a Chile, como espacio de coordinación a instancias de la OEA, ha declarado «carente de legitimidad y transparencia» la reciente convocatoria del régimen de Nicolás Maduro a elecciones generales el 20 de mayo de 2018. El llamado a elecciones ha sido considerado un acto de provocación, no solo a la oposición que resolvió no participar en los comicios, sino también a la comunidad internacional, por carecer de la debida transparencia y garantías democráticas, y sin supervisión internacional independiente. Lo anterior agravado por cuanto la mayoría de los dirigentes políticos de la oposición se encuentran encarcelados, exiliados o inhabilitados por la «justicia» venezolana.
Existe alta preocupación internacional por su quiebre institucional, agudizado por la instalación ilegítima de una Asamblea Nacional Constituyente que ha cooptado los órganos públicos controlando la totalidad del poder, poniendo a Venezuela al margen de la legalidad internacional. Se suma a lo anterior la grave situación económica, alimentaria y migratoria que afecta al país, que puede conducir a una severa crisis humanitaria en Venezuela, según lo ha advertido la Organización Mundial de la Salud de Naciones Unidas, ACNUR (Agencia de la ONU para los refugiados), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, la Unión Europea y recientemente el Papa Francisco en su mensaje Urbi et orbi.
La Carta Democrática Interamericana, aprobaba en 2001 precisamente en Lima, en sus artículos 20 y 21 faculta a la OEA a intervenir en casos de «grave alteración constitucional y quebrantamiento del orden democrático», los que han sido constatados en Venezuela por el Informe de la Secretaría General de la OEA. La Corte Penal Internacional ha recibido evidencias de graves violaciones a los derechos humanos, que pueden acarrear responsabilidad por crímenes de lesa humanidad al régimen de Nicolás Maduro.
Se espera que la región, comprometida con el valor universal de la democracia representativa y la defensa de los derechos humanos, promueva en la Declaración Final de la Cumbre acuerdos encaminados a no aceptar los resultados de la elección del 20 de mayo.
La urgente apertura de un canal internacional humanitario para paliar la grave carencia de alimentos y medicinas que sufre el pueblo venezolano y el apoyo a las sanciones individuales contra altos funcionarios del régimen que ya han sido decretadas por EE.UU., Canadá, la Unión Europea y Panamá debieran estar también presentes, así como un plan para establecer un fondo de ayuda internacional con el apoyo de ACNUR para los refugiados venezolanos en Colombia, Brasil, Chile y otros países, estimándose que más de tres millones de venezolanos han buscado el exilio en los últimos años.
Las declaraciones de apoyo y solidaridad son valiosas, pero ante la obstinada pretensión del régimen de perpetuarse en el poder, solo una enérgica acción por la vía diplomática puede facilitar una salida multilateral a la situación venezolana.
América Latina no puede permanecer indiferente frente a la tragedia de Venezuela. Chile, de acuerdo a su tradición republicana y conforme a los ejes conductores de sus relaciones exteriores, como política de Estado, puede jugar un activo rol en la referida Cumbre, junto a los demás países del Grupo de Lima, en apoyo a la recuperación democrática y la protección de los derechos humanos conculcados en Venezuela.
Soledad Alvear
Ex canciller
Eduardo Aninat;
Francisco Cruz F.;
Nelson Hadad;
Eduardo Rodríguez
Ex embajadores