La definición del 17 de diciembre

Al comenzar noviembre de 2023, Chile ha entrado en una nueva fase del proceso constituyente. El Consejo elegido popularmente y el Comité designado por los partidos y el Congreso han terminado su trabajo. Hoy contamos con una nueva propuesta de Constitución y el país ha ingresado a una etapa que incluye tanto la información como las campañas a favor y en contra del texto.

El termómetro político ha permitido observar la frialdad de este segundo proceso, sin la novedad ni el carácter refundacional de la Convención constituyente. Este 2023 existió no solo mayor sobriedad en los actores, sino también más control de parte del sistema institucional: si la revolución de octubre de 2019 fue en buena medida una reacción popular contra el orden social y político, y ello se expresó en la fórmula constituyente respectiva, después de la derrota de ese proyecto el 4 de septiembre de 2022, los partidos y el Congreso mostraron su desconfianza hacia esas expresiones “populares” y procuraron ejercer un mayor control sobre el proceso, estableciendo “bordes” y un Comité de su confianza para preparar el texto. Con seguridad lo único que no estuvo planificado ni previsto fue el triunfo del Partido Republicano del pasado 7 de mayo, que produjo reacciones y definiciones inmediatas.

Los alineamientos para el plebiscito del 17 de diciembre han sido bastante predecibles. Desde un comienzo –quizá desde la elección del Consejo constituyente– la izquierda comenzó a desmarcarse del proceso por distintas vías. De esta manera, el Partido Comunista, el Frente Amplio y el Socialismo Democrático se han pronunciado claramente en contra de la propuesta con diversos argumentos, aunque me parece que sobre todos prevalece uno: hace poco más de un año esas agrupaciones fueron el gran soporte político del Apruebo al proyecto de la Convención constituyente. No es posible pensar un apoyo decidido a esa iniciativa y favorecer después el actual proyecto, pues ambos son contradictorios en su esencia.

Por el contrario, los grupos que en el pasado se opusieron a la iniciativa de la Convención, logrando una gran victoria el 4 de septiembre de 2022, hoy se manifiestan a favor de la propuesta que se plebiscitará el 17 de diciembre. Así podemos ver a los partidos de Chile Vamos –Renovación Nacional, la UDI y Evópoli– y a Republicanos; también se han sumado a esta postura Amarillos y Demócratas, así como la Coordinadora de Movimientos Ciudadanos. En otras palabras, se replican las posiciones del año pasado, pero en una dirección invertida.

En estas definiciones se suman dos cosas complementarias. La primera se refiere a la composición del órgano encargado de redactar la propuesta constitucional y la segunda al contenido de las propuestas de nueva Carta Fundamental: la Convención en 2021-2022 y el Consejo (sumado al comité designado por el Congreso) este 2023. Si la primera se caracterizó por tener una mayoría de las diferentes izquierdas y sosteniendo una fórmula claramente refundacional –como lo anunció la presidenta Elisa Loncón al comenzar las funciones el 4 de julio de 2021–, el Consejo tuvo una clara mayoría de Republicanos y de Chile Vamos, y como resultado la propuesta actual es más acorde al constitucionalismo chileno de los siglos XIX y XX, así como a la Constitución vigente. Por lo tanto, son bastante entendibles las contradicciones a la hora de los apoyos al texto de 2022 y al que se plebiscitará en diciembre.

Uno de los problemas centrales que enfrenta Chile en la actualidad es el profundo cambio que ha experimentado desde la revolución de octubre de 2019 hasta el presente. Desde luego, entonces se vivió un ambiente transformador e iconoclasta, del cual se colgaron sectores políticos y sociales cansados de los “30 años” y aquellos oportunistas que siempre han tenido un sueño distinto para Chile, lejano a los consensos de la Concertación, a los progresos sobre la base de una economía de mercado y a una Constitución “tradicional”, sea esta de Pinochet o de Ricardo Lagos.

A esto se sumó que en noviembre de 2019 el país experimentó efectivamente un momento constituyente –así lo muestran diferentes encuestas– que la clase política sobrepasada por las circunstancias asumió primero de hecho y luego mediante un acuerdo transversal. El plebiscito de entrada ratificó de manera lapidaria el deseo de cambio de Constitución. Las cosas no resultaron como se previeron: el fracaso de la Convención no estaba en la mente de nadie, si bien tampoco se esperaba su composición, que liquidó la historia de la Concertación y minimizó a la centroderecha a su peor resultado desde el regreso a la democracia en 1990.

El segundo proceso –surgido con posterioridad al 4 de septiembre de 2022– tuvo otra lógica, en un contexto también diferente. Desde luego, fue una imposición de los partidos políticos y no un acuerdo ciudadano el que lo impuso. Además, eso se ha notado durante todo el año, con un desinterés manifiesto de la población, huérfana de autoridades capaces de resolver el problema de la delincuencia o de sentar las bases para la recuperación económica. No ha sido fácil luchar contra la corriente, y parece que la Convención –también el Comité– hicieron un esfuerzo importante, pero que más parece el deseo de cerrar de una vez por todas esta obligación asumida el 2019 que otra cosa. Todo esto no deja de ser un problema, porque efectivamente debería cerrarse el tema constituyente y pasar de una vez por todas a los grandes problemas del país.

Lamentablemente, creo que hay dos cosas que no se definirán el próximo 17 de diciembre. La primera es el cierre del proceso constituyente, por las amenazas cruzadas de mantenerlo vivo por distintas vías. Incluso entre quienes están en contra existe la tentación o convicción de que es necesario comenzar un tercer proceso a través de una Asamblea Constituyente, lo que representa una excelente forma de burlarse de la población y de las instituciones, así como de mantener la incertidumbre y la pérdida de confianza en Chile. El segundo tema, de la mayor importancia, es la recuperación de las bases del progreso de nuestro país, durante décadas símbolo de cambio de mentalidad, desarrollo social, disminución de la pobreza y prestigio internacional. Hoy no existe la madurez ni el talento en la clase política para comprender la gravedad de los problemas sociales que aquejan al país y la necesidad efectiva de tener un sistema estable en el tiempo.

Con certeza, no será la obsesión constituyente la que despierte a Chile de su letargo. Quizá el 17 de diciembre fracase nuevamente el acuerdo por una nueva Constitución o quizá los malos perdedores no acepten el resultado si logra triunfar la propuesta del Consejo constituyente. En cualquiera de los casos, Chile no llegará muy lejos si no adopta –en serio y con urgencia– un acuerdo por el desarrollo económico y por el progreso social, que mes a mes nos trae malas noticias, para desdicha de la gente y en medio de una indolencia política que terminará costando muy caro.