La democracia sin centro: crisis de autoridad y rotación presidencial en el Perú

La reiterada destitución de presidentes en el Perú, siete en una década, no puede seguir interpretándose como una sucesión de fracasos personales o episodios aislados de corrupción. El patrón de inestabilidad expresa una crisis más profunda: la progresiva desaparición de un centro político capaz de producir autoridad legítima, articular mayorías estables y sostener un horizonte estratégico para el Estado.

La reciente censura y salida del presidente interino José Jerí, tras apenas 130 días en el cargo, confirma esta lógica estructural. Con 75 votos a favor, 24 en contra y tres abstenciones, el Congreso puso fin a un mandato que nació débil y terminó erosionado por una acumulación acelerada de escándalos políticos, cuestionamientos éticos e investigaciones fiscales.

Su caída no constituye una anomalía, sino la reiteración de un mecanismo ya naturalizado en el sistema político peruano: la expulsión presidencial como forma ordinaria de resolución del conflicto entre poderes.

El caso Jerí sintetiza varios elementos característicos del actual ciclo político peruano. Durante su trayectoria previa como congresista enfrentó una denuncia por presunta violación sexual, posteriormente archivada por la Fiscalía por insuficiencia probatoria. Más adelante, ya en funciones presidenciales, el Ministerio Público abrió una investigación por presunto tráfico de influencias tras la difusión de mensajes que sugerían pagos irregulares vinculados a la aprobación de leyes y asignaciones presupuestarias.

A ello se sumaron cuestionamientos patrimoniales por la adquisición de inmuebles cuyo valor parecía desproporcionado respecto de sus ingresos declarados, además del denominado “Chifagate” (vale señalar que «chifa» se le llama a la comida china en Perú): reuniones privadas con empresarios chinos no registradas en la agenda oficial, una de ellas realizada con medidas de ocultamiento que agravaron la percepción pública de opacidad. 

El deterioro se profundizó tras la difusión de imágenes y contradicciones en su versión de los hechos.

Finalmente, polémicas vinculadas a conductas personales, desde el seguimiento de cuentas pornográficas en redes sociales hasta la organización de una fiesta privada con presencia de figuras bajo investigación, consolidaron un clima de desgaste ético que terminó por desfondar su legitimidad política.

Sin embargo, reducir la crisis a una cadena de errores individuales sería un análisis superficial. La clave no radica únicamente en la conducta del actor, sino en el modo en que el sistema procesa, o explota, esas crisis.

Perú ha transitado, desde la caída del régimen de Alberto Fujimori, hacia una democracia institucionalmente formalizada pero políticamente fragmentada. En ese período, presidentes como Pedro Pablo Kuczynski, Martín Vizcarra y Pedro Castillo fueron removidos o forzados a dejar el cargo en medio de conflictos con el Congreso, investigaciones fiscales o crisis institucionales.

El caso Jerí se inserta en esa secuencia, pero revela una fase más aguda: ya no se trata de presidentes elegidos que colisionan con el Legislativo, sino de mandatarios interinos que tampoco logran estabilizar el sistema.

La democracia peruana continúa funcionando en su dimensión procedimental, elecciones, Congreso activo, Ministerio Público autónomo, prensa vigilante, pero ha perdido densidad como dispositivo de conducción estratégica. El sistema muestra alta capacidad de control y destitución, pero baja capacidad de producción de dirección política.

La fragmentación partidaria y la debilidad orgánica de las fuerzas políticas han desplazado el centro de gravedad del poder hacia la capacidad de veto. El Congreso se ha consolidado como actor dominante no por su aptitud para articular mayorías programáticas, sino por su poder para remover.

Gobernar se ha vuelto un ejercicio provisional bajo amenaza permanente de censura o vacancia. Esta condición altera los incentivos: el Ejecutivo prioriza la supervivencia antes que la formulación de reformas estructurales. La política se convierte en gestión del riesgo personal, no en construcción de proyecto colectivo.

Paradójicamente, el énfasis constante en la fiscalización y la sanción, pilares indispensables de toda democracia, termina produciendo un sistema que corrige sin estabilizar.

La rotación acelerada erosiona la continuidad administrativa, desalienta la inversión y dificulta la planificación de políticas públicas de largo plazo. En el plano social, la reiteración de crisis presidenciales genera fatiga cívica: la destitución deja de ser excepcional y se normaliza como episodio más de una secuencia repetitiva.

La ciudadanía no necesariamente se radicaliza; más bien se distancia, la desafección reemplaza a la indignación, la democracia no colapsa, pero se vacía.

En el plano internacional, esta fragilidad interna reduce la capacidad del Estado para negociar estratégicamente en un contexto global marcado por competencia geopolítica y disputas por recursos, tecnología y cadenas logísticas. 

Un Estado que no logra estabilizar su propio centro político ve reducido su margen de maniobra externo.

La experiencia peruana expone los límites de un modelo de gobernanza que fortaleció mecanismos de control sin consolidar capacidad estratégica estatal. Cada destitución parece restaurar momentáneamente el orden normativo, pero en realidad profundiza la percepción de provisionalidad.

El riesgo principal no es el colapso inmediato de la democracia como régimen formal, es algo más inquietante: que la democracia continúe funcionando mientras el poder, que debería organizar y proyectar, se diluye en una secuencia interminable de correcciones sin proyecto.

La pregunta central ya no es quién gobierna, sino si el sistema político peruano es capaz de reconstruir un centro de autoridad que transforme conflicto en dirección y pluralidad en proyecto.

La elección del congresista José Balcázar como nuevo presidente interino introduce un elemento adicional de tensión en un escenario ya estructuralmente inestable. Cercano políticamente al entorno del exmandatario Pedro Castillo y mencionado en diversas controversias públicas e investigaciones preliminares, su llegada al Ejecutivo no parece inaugurar una etapa de recomposición institucional, sino más bien profundizar la percepción de provisionalidad. 

Más allá de lo que determinen las instancias judiciales correspondientes, el hecho de que su trayectoria esté acompañada de cuestionamientos y señalamientos erosiona desde el inicio su capital político y debilita su margen de maniobra frente a un Congreso fragmentado y con incentivos orientados al veto. 

Si el Ejecutivo nace bajo sospecha y sin una base parlamentaria cohesionada, el desenlace podría reproducir el patrón ya observado: escalada de confrontación, acumulación de denuncias y eventual activación de los mecanismos de destitución. 

La reiteración de este ciclo confirmaría que el problema no radica exclusivamente en los individuos que acceden al poder, sino en una arquitectura política que ha convertido la remoción en mecanismo ordinario de regulación del conflicto y la estabilidad en excepción transitoria.