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La desgobernanza madurista

 

La usurpación perpetrada por Nicolás Maduro a partir del 10 de enero, tras el fraude electoral del 28 de julio de 2014, ha agravado la gobernanza de nuestra sufrida Venezuela.

Era previsible que, tras consumarse el golpe del EstadoPSUV contra la soberanía popular, la capacidad de la cúpula roja para gobernar, es decir, para dar solución a los graves problemas de nuestra sociedad, terminaría por desaparecer.

En efecto, nuestra tragedia se profundiza cada día. Hoy somos un país aislado del resto del mundo. Los venezolanos, con más del 30 % de nuestra población dispersa en el extranjero, enfrentamos cada vez más limitaciones para movilizarnos dentro y fuera de nuestras fronteras, así como para desarrollar actividades profesionales y productivas.

A lo largo de estos años, la cúpula roja, tras haber destruido nuestra economía—especialmente la industria petrolera—, ha instaurado un sistema mafioso en el que predominan la opacidad y el manejo de negocios oscuros e ilegales. De esa economía criminal obtienen los fondos con los cuales sostienen la estructura de poder que desconoció el mandato del soberano en la elección presidencial de 2024

La desgobernanza que presenciamos se hace evidente en la incapacidad de los cuadros de gobierno para articular y ejecutar políticas públicas que atiendan los graves padecimientos de los ciudadanos en áreas como el salario, los servicios, la educación y la salud.

En estos días, el colapso del sistema eléctrico se ha agravado y afecta a todos los estados y municipios del país. Los cortes eléctricos son cada vez más frecuentes y prolongados, con graves consecuencias sobre la calidad de vida de la población y la actividad laboral.

Asimismo, en estos primeros meses del año, asistimos al cierre técnico de la red de hospitales y ambulatorios. No hay suficiente personal médico, y los pocos que quedan están limitados por la falta de medicamentos y equipos necesarios para diagnosticar y tratar a los pacientes que diariamente acuden en busca de atención.

Hoy, los hospitales de nuestro país son depósitos de enfermos sin asistencia. Quien no tiene dinero muere de mengua en esas instalaciones. Todo hay que pagarlo. Maduro ha terminado por privatizar la salud.

La educación también ha colapsado. Nuestros niños apenas reciben 20 horas de clase a la semana. Nuestros educadores, los héroes que aún permanecen en los centros de enseñanza, ni siquiera ganan lo suficiente para cubrir el pasaje que les permita asistir a su labor.

En consecuencia, la dictadura carece de gobernanza; lo que nos muestra la realidad es, por el contrario, su desgobernanza. Un Estado hipercentralizado ha derivado en un caos absoluto, con compartimentos estancos y parcelas de poder destinadas a controlar el territorio y administrar la economía criminal que manejan.

Podríamos escribir un tratado con los innumerables casos que sustentan esta tesis, pero bastará con mencionar dos: el saqueo de PDVSA y el manejo corrupto de los CLAP, encabezado por el “prócer” de la revolución, Tareck El Aissami.

Estos ejemplos evidencian la ausencia de conocimientos gerenciales por parte de Maduro y su camarilla, así como su incapacidad para coordinar su propio gabinete. Sin embargo, el problema es aún más grave: la imposibilidad de construir consensos que permitan el desarrollo económico y la convivencia civilizada.

La prioridad de la dictadura no está en la gestión pública. Su principal esfuerzo se centra en el ejercicio del poder, no en el arte de gobernar. Ahí radica la razón de su desgobernanza. Todos sus recursos están dirigidos a perpetuarse en el poder a través de la manipulación, la mentira y el uso de las armas.

Eso no es gobernar, ni se ajusta al concepto de gobernanza. Proteger y desplegar grupos armados al margen de la ley, como los colectivos asesinos o la guerrilla “traqueta”, como la calificó el presidente Petro, solo sirve para sembrar el terror y desmovilizar a la población. Pero eso no es gobernar.

Llenar las cárceles con miles de presos políticos y hostigar a los ciudadanos que participan en la organización electoral de la sociedad democrática no demuestra capacidad de gestión del bien común. Al contrario, evidencia la perversión del espíritu de la cúpula roja y de todos aquellos que miran hacia otro lado con tal de no incomodar a los usurpadores.

Confiscar bienes, cerrar medios de comunicación y hostigar a los sectores productivos dejan en claro la naturaleza criminal de quienes detentan el poder.

Empujar a la diáspora a más de ocho millones de venezolanos, sin asumir la responsabilidad por la destrucción de la economía ni por el clima de odio e intolerancia que han generado, solo muestra el rostro deshumanizado de Maduro y su entorno.

Esta situación de desgobernanza se profundizará en los próximos días. Las señales que recibimos de la comunidad internacional, que se niega a “pasar la página” como tanto ansía la dictadura, presagian tiempos aún más difíciles para nuestra sufrida nación, pero también una mayor presión sobre los responsables de la usurpación y el crimen.

Por supuesto, el aparato de propaganda de la dictadura repetirá una y otra vez que la culpa de esta desgobernanza no es suya. Nos dirán que son unos ángeles empeñados en “salvar la patria del acecho imperialista”. Según su narrativa, la culpa será del “imperio”, de “las sanciones”, del “bloqueo”, de “María Corina” y de cualquiera que les sirva como chivo expiatorio.

Para ellos, 25 años en el poder no significan nada en este cuadro de destrucción. Su fraude electoral y su conducta criminal tampoco tienen relación con la crisis que vivimos.

No faltarán los “analistas” y los “opositores” que, en su afán de congraciarse con la dictadura, saldrán a culpar a la comunidad internacional y a los líderes de la resistencia democrática por el deterioro de la gobernanza o por nuevas sanciones que puedan imponerse.

Esos “analistas” y “opositores” comentan estos temas, pero callan ante el fraude, la represión, los asesinatos, el saqueo de los bienes y recursos del país. Para ellos, esos asuntos no deben tocarse “ni con el pétalo de una rosa”. Su postura los retrata de cuerpo entero.

Han derivado hacia la periferia de la usurpación en busca de cargos y cuotas de poder que les permitan satisfacer sus bajas pasiones o su insaciable apetito de poder.

Ningún venezolano desea ver a su país en semejante situación. Nos duele tanto el saqueo perpetrado por la barbarie roja contra PDVSA como la dependencia de nuestra industria petrolera de las licencias que concede el gobierno de Estados Unidos.

A esta situación hemos llegado porque Chávez y Maduro destruyeron nuestra industria petrolera y, en lugar de gobernar, se dedicaron a enemistarse con los países más desarrollados e influyentes del hemisferio occidental. Su obsoleta ideología comunista nos trajo hasta aquí.

El desafío de nuestra sociedad es claro: hacer respetar el mandato ciudadano del 28 de julio de 2024. Ese mandato fue categórico y abrumador: Maduro y su camarilla deben abandonar el poder. Esta debe ser la prioridad de todo venezolano que ame a su país y defienda la democracia como forma de vida y conducción del Estado.

Una vez instaurado el nuevo gobierno, bajo la conducción del presidente electo Edmundo González Urrutia y con el respaldo de María Corina Machado, debemos avanzar con determinación en el rescate de la gobernanza y la institucionalidad del país. Solo así podremos superar la tragedia humanitaria en la que estamos sumidos. Estoy convencido de que la creciente desgobernanza hará inevitable este desenlace.

 

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