La dictadura no debe instalarse en Venezuela
El régimen chavista ha consumado un autogolpe de Estado en Venezuela que supone un dramático punto de no retorno. Maduro se ha quitado definitivamente la careta con el brinco cualitativo en su deriva autoritaria al que acabamos de asistir. El Tribunal Supremo ha usurpado los poderes de la Asamblea Nacional, con mayoría de diputados opositores elegidos democráticamente hace 15 meses, acusándoles de «desacato». Y desde ahora las funciones legislativas quedan en manos de la sala constitucional de la Corte, compuesta por siete magistrados que fueron elegidos a dedo por el chavismo, con tal desfachatez que el presidente es un ex diputado oficialista.
Como bien lo definió el dirigente de la oposición Henrique Capriles, estamos ante un «madurazo», un auténtico golpe propio de una república bananera y de unos tiempos que en Occidente creíamos felizmente superados. Los hechos son tan flagrantes que hasta la fiscal general de Venezuela, muy próxima al chavismo, denunció la «ruptura del orden constitucional». Ya sin el freno y el control que legítimamente corresponde al Parlamento, y tras asumir poderes extraordinarios en materia penal, militar o económica, Maduro tiene vía libre para actuar como un absoluto autócrata en una Venezuela sumida en el caos, en tanto en cuanto no se restablezcan el orden y la legalidad conculcados de un modo tan obsceno por el régimen. Estamos ante un escenario de tan extraordinaria gravedad que se imponen de inmediato la condena y una contundente respuesta de la comunidad internacional.
El chavismo ha llegado mucho más lejos de lo que cabía imaginar. A pesar de que éste es un golpe cocinado a fuego lento desde diciembre de 2015. El régimen nunca aceptó el resultado de las urnas, que otorgaron la victoria en las legislativas a los partidos de la oposición. Y a través del brazo ejecutor de la justicia -en Venezuela hace demasiado tiempo que no cabe hablar de separación de poderes-, el Gobierno se ha dedicado a hostigar y bloquear sin parar la labor de los diputados. No olvidemos que el Supremo ha llegado a dictar en este tiempo hasta 56 sentencias contra la Asamblea Nacional, tumbando a través de esta artimaña todas sus iniciativas legislativas.
La situación no admite medias tintas. Cabe aplaudir la rapidez con la que el secretario general de la Organización de Estados Americanos condenó los hechos y pidió la convocatoria de una reunión para tomar medidas. Aunque hace mucho que la OEA debió actuar ante la involución que se estaba viviendo en Venezuela. Ahora ya no caben excusas para que los países de la región no invoquen la Carta Democrática Interamericana e impongan sanciones a Caracas e incluso contemplen su expulsión. Todas las medidas de presión diplomática serán pocas hasta que se consiga solucionar la crisis política más grave en Venezuela desde hace décadas, que ya sólo podría resolverse con unas elecciones presidenciales anticipadas, supervisadas por organismos internacionales para velar por su transparencia y limpieza.
Y en esa imprescindible presión internacional, nuestro país debe ejercer un papel proactivo en apoyo de la oposición venezolana y en defensa del orden constitucional, como corresponde a nuestras especiales relaciones con toda la comunidad iberoamericana. El Gobierno español ha de reaccionar con la proporción que un episodio tan grave merece; no basta con el tuit en favor de la libertad con el que Rajoy despachó el asunto. España debe liderar una reacción conjunta de la Unión Europea. También se hace necesario que el Congreso apruebe una resolución contra el golpe. Aunque el consenso unánime de los grupos se antoja difícil, después de que los líderes de Podemos se negaran a condenar lo ocurrido.
Ahora más que nunca la oposición venezolana necesita actuar unida. De su división casi crónica se ha aprovechado siempre el Gobierno bolivariano. Pero ante la alocada huida hacia adelante de un régimen que, para tratar de sobrevivir, ha decidido pasar por encima de la democracia, no caben fisuras. Venezuela debe recuperar cuanto antes las libertades y una estabilidad política que permita salir al país del pozo de la pobreza, el desabastecimiento y la creciente desigualdad en el que lleva años sumido.