La división del Gobierno salta a las calles

Las ministras de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez (i); de Asuntos Económicos y vicepresidenta primera, Nadia Calviño (2d); Begoña Gómez (c), mujer de Pedro Sánchez, y la ministra de Hacienda, María Jesús Montero (2d) EFE

La división que la coalición de Gobierno exhibió el martes en el Congreso de los Diputados se tradujo este miércoles, en las calles de Madrid, en una fractura del feminismo en el ámbito político y social. Desde hace días existían indicios suficientes para augurar esta quiebra en el seno del movimiento. La convocatoria de dos manifestaciones alternativas, la disputa por la oficialidad del discurso o las primeras protestas que, ya por la mañana, tuvo que enfrentar la ministra de Igualdad, auguraban que las dos marchas del 8M serían una muestra definitiva de una ruptura irreconciliable. Los dos socios de gobierno concurrieron divididos a una misma manifestación que años atrás sirvió para aglutinar de manera unificada las reivindicaciones del movimiento feminista. Además, en la dialéctica que enfrenta a las calles con las instituciones, las bases de Podemos inclinaron a su favor la balanza mostrando un mayor apoyo en la marcha mayoritaria.

La tentación populista nunca resulta inocua. Cuando las ideas o la institucionalidad democrática se ponen al servicio de la propaganda legislativa, el riesgo de malograr causas que son legítimas rebasa el margen de lo prudente. Lo ocurrido ayer en el Día Internacional de la Mujer debería demostrar qué ocurre cuando se le conceden responsabilidades de gobierno a partidos cuya cultura política no es homologable al de las democracias liberales contemporáneas. La introducción urgida de debates forzados y que resultan ajenos a gran parte de la sociedad así como la patrimonialización hostil de causas que estarían llamadas a ser compartidas y transversales ha terminado generando una división social que adquiere, también, indudables consecuencias políticas.

Esta escisión del feminismo no es la expresión de un mero fenómeno social fortuito. Es la demostración de lo que ocurre cuando se intentan romper consensos democráticos por una pura obstinación ideológica y por la temeraria confusión entre el activismo y el ejercicio de responsabilidades públicas. España ha avanzado durante décadas en la conquista y defensa de los derechos de la mujer y gobiernos de todo signo han asumido, en atención a sus principios, la necesidad de activar políticas públicas que redunden en la igualdad entre hombres y mujeres. Sin embargo, desde que en el año 2020 Pedro Sánchez nombrara a Irene Montero ministra de Igualdad, hemos visto cómo una causa justa ha servido de coartada para ejercer una frívola imprudencia política. Basta con comparar el fondo y las formas de la ministra o de su secretaria de Estado de Igualdad, Ángeles Rodríguez «Pam», con el de otras feministas que las precedieron en el ejercicio de cargos políticos para comprobar la excepcionalidad discursiva y legislativa con la que Unidas Podemos ha saldado la aceptación social del feminismo en nuestro país.

La división que ayer se mostró en las calles es la muestra de la agonía del movimiento feminista en España. A la hora de buscar responsables se haría imposible no concederle a Unidas Podemos un lugar privilegiado. Sin embargo, no debe olvidarse que la prerrogativa de crear ministerios y de nombrar ministros es exclusiva del presidente del Gobierno. Por más que en los últimos días el Partido Socialista esté intentando proyectar una imagen de responsabilidad al revertir los efectos de ley del ‘sólo sí es sí’, no debe obviarse que ha sido el PSOE quien ha normalizado y transigido con las iniciativas legales profundamente divisivas y temerarias en el marco de la agenda feminista en España.