La épica del rebelde

A este Gobierno le va definitivamente mejor en la calle, participando en las protestas o manifestaciones de apoyo en la vía pública, donde hemos visto con megáfono en mano al Presidente Gabriel Boric y a ministros como el de Vivienda, Carlos Montes. Imagino que tuvieron que atajar al Mandatario para que no se plegara a la manifestación de la CUT el jueves. Total, era contra su administración, pero, sobre todo, contra la oposición.

Esta ultraizquierda tiene facilidad de palabra, es aficionada a los juicios en las redes sociales y sabe cómo movilizar a los medios de comunicación en su favor, los que transmitían sus protestas en vivo desde que eran estudiantes marchando por la Alameda en 2011.

Boric no se resigna a despedir su alma de activista y su carácter de rebelde, porque como ha repetido, “la rebeldía es parte de la esencia de ser militante de izquierda”.  Por eso en la “fiesta de los abrazos” del PC, en enero, estaba tan cómodo con ese gesto corporal que revindicó como un “acto de resistencia y rebeldía”.

Es un joven, ya no tan joven, que no puede concebir el sentido de la política alejado de la rebeldía. Por eso convoca a “no perdamos esa rebeldía”, renegando la posibilidad de “transformarnos poco a poco en administradores”, como sostuvo en el aniversario de RD en enero. Es que, como señaló a los miembros de su partido, Convergencia Social, en junio pasado, “queremos hacer cambios que sean estructurales, no una mera administración de lo que hay” y para eso requiere de su alma contestaria e inconformista.

Eso puede explicar que da la impresión de latearse en La Moneda, porque allí tiene que administrar lo que hay y eso no tiene nada de épico. Más, cuando no se conforma con no tener las mayorías para hacer los cambios refundacionales con que asumió su coalición, de aprobar una nueva Constitución, eliminar las isapres y las AFP, poner impuestos patrimoniales y subirlos más a los ricos, y condonar todas las deudas a estudiantes y profesores.

Esa incomodidad con la prosaica tarea de sólo gestionar es la que los paraliza en todas las áreas. En materia de seguridad parecen haber comprado la agenda (¡era que no!) pero a cada rato se olvidan que están en La Moneda, que son el Gobierno y representan al Estado y toda su fuerza.

Nada más nítido en la actitud del titular del partido del Presidente, Diego Ibáñez, cuando retrucó la crítica de los alcaldes de RD Tomás Vodanovic y Emilia Ríos de falta de preparación para llegar al Gobierno. Respondió que “es el Estado neoliberal el que no está preparado para resolver los dolores ciudadanos”. Pero su disociación respecto al deber de asumir la responsabilidad de representar al Estado no termina ahí, porque frente a indignados vecinos de Quilpué, que se quejaban por la lentitud del Ejecutivo para ayudar a los damnificados de los feroces incendios, el diputado Ibáñez se defendió asegurando: “Yo no soy el Gobierno”.

Esta actitud adolescente (con perdón de ellos) no es sólo de Convergencia Social, sino que de todos los partidos del Frente Amplio y el PC. Y en la amplitud de desafíos que les toca enfrentar como Gobierno. Aunque hayan priorizado la seguridad que no estaba en el programa de esta administración, no trepidan en trasladar la responsabilidad a otros. La delegada presidencial de la Región Metropolitana culpó a la “falla de la seguridad privada” que una mujer le arrebatara el arma a un vigilante e hiriera a tres personas en Lo Valledor, porque el guardia no supo inmovilizarla.

Son los proveedores de alimentos los que han debido tomar medidas allí para contener la ola delictual y homicidios. Y es a los privados, asimismo, de las empresas consideradas estratégicas, como las mineras, a los que La Moneda exige ahora asumir la contratación de vigilantes armados como parte de su planilla de trabajadores propios. El riesgo y el costo es para ellos, a pesar de que el primer rol del Estado, por el uso monopólico de las armas que le confiere el Constitución, es darle protección a la ciudadanía y cautelar el Estado de Derecho. Sin contar con el “impuesto a la seguridad” que pagan las empresas en Chile, costeando su defensa ante la delincuencia, que superó los US$2.200 millones anuales según la Cámara Nacional de Comercio.

En economía no podía ser distinto. En vez de resolver con las herramientas que el ordenamiento legal provee al Estado para enfrentar el problema que plantea el cierre de una planta acerera en Huachipato, el Gobierno le solicita a las mineras comprarle a la industria de CAP más caro para compensar las pérdidas que le produce el ingreso de acero chino barato y que, según ellos, constituye dumping.

Qué decir de la falta de entereza para enfrentar el sinfín de problemas en educación. Ya en octubre del año pasado el Ministro PC, Nicolás Cataldo, encaró el paro de los profesores por la deficiente infraestructura de las escuelas estatales en Atacama (que se prolongó hasta fines de año) exculpando a la administración con un “aquí no ha fallado el Gobierno, falló el Estado”. O sea, moya…

A los 30 mil alumnos de Atacama que siguen sin clases este año por el mismo motivo (los meses de vacaciones no fueron suficiente para que el Estado asumiera su obligación) se le sumaron los 37 mil de escuelas estatales de Antofagasta con otra excusa, el suicidio da la muerte de una profesora. En paralelo, los padres alegan por los miles de alumnos que no tienen matrícula porque el Sistema de Admisión Escolar (SAE), que centraliza en manos del Estado la distribución de cupos, no se los proveyó. ¿Y qué hace el ministro? Pedirle a los alcaldes que resuelvan el problema de la falta de vacantes y solucionar la crisis. Al menos, no le echó la bronca al sector privado, que si amplía las matrículas es porque se lo han hecho difícil y, abrir nuevos colegios, imposible.

Donde es más evidente que los que están en el poder no se sienten adultos a cargo de la tarea de administrar el país es con las catástrofes, como los recientes incendios en la V Región. La alcaldesa Ripamonti, de Viña del Mar, no tenía el plan de emergencia comunal actualizado, pero le echó la culpa a la ausencia de una ley de incendios, como lo hizo ver con una pancarta en la cesión inaugural del Festival de esa comuna.

El gobernador de Valparaíso, a su vez, Rodrigo Mundaca, apuntó al “Estado fallido” por la demora en la reconstrucción de las zonas afectadas y la ministra a cargo de la reconstrucción, Javiera Toro, disparó al sector privado para justificar la lenta respuesta del aparato gubernamental. Enfatizó, por último, que “la reconstrucción es un desafío para todo el país”, sector público, privado, voluntarios y comunidades, dijo. Pero omitió decir que la coordinación y gestión principal corresponde a quienes ganaron las elecciones democráticas para alcanzar y administrar el poder.