La expresidenta Dilma Rousseff ahora va por el Senado
RÍO DE JANEIRO — Casi dos años después de que el Congreso de Brasil destituyera a la entonces presidenta Dilma Rousseff y propiciara una de las caídas políticas más asombrosas en la historia de Brasil, la primera presidenta de ese país espera regresar a la capital como senadora.
Rousseff anunció formalmente sus intenciones de postularse para ocupar un escaño en el Senado el 28 de junio pasado, en representación del estado de Minas Gerais, de donde es originaria. Lo más probable es que en esta contienda se enfrente al titular actual, el senador Aécio Neves, a quien logró derrotar por un ligero margen en las elecciones presidenciales de 2014.
Si llega a ganar, Rousseff se convertirá en el caso más reciente de un polémico expresidente de la región que regresa a la política con un cargo en el Senado.
El colombiano Álvaro Uribe Vélez y la argentina Cristina Fernández de Kirchner se convirtieron en personajes importantes de la oposición en el Congreso después de haber cumplido dos mandatos en la presidencia.
“Creo que puedo contribuir mucho al país desde la perspectiva de Minas Gerais”, dijo Rousseff en una entrevista el viernes por la noche. “Sobre todo, quisiera ser una de las voces que defiendan la expansión de la democracia en Brasil”.
Rousseff afirmó que cree que su imagen entre el electorado ha mejorado debido a la cantidad de escándalos que han envuelto a varios legisladoresresponsables del proceso para destituirla, al que considera un golpe antidemocrático.
Rousseff dijo que, en caso de ser votada al cargo, luchará para reducir la desigualdad y ampliar el acceso a la educación, dos de las iniciativas principales que el Partido de los Trabajadores (PT) impulsó cuando esa agrupación estuvo en el gobierno, de 2003 a 2016.
“En la actualidad observamos un retroceso significativo por todo el país”, aseveró. “Los más pobres sufren las consecuencias de las políticas de este gobierno”.
Quizá Rousseff sea el nombre más reconocido que aparezca en las boletas representando al PT en octubre, cuando los brasileños elijan presidente.
Todavía no se sabe a quién postulará el partido de izquierda para la contienda presidencial. Su plan de lograr la elección para un tercer periodo de Luiz Inácio Lula da Silva, el predecesor de Rousseff, sufrió un traspié este año, cuando Lula comenzó a cumplir una sentencia de doce años por cargos de corrupción.
Rousseff, de 70 años, podría convertirse en el segundo caso de un expresidente brasileño destituido y después electo al Senado desde el restablecimiento de la democracia a mediados de la década de los ochenta. El expresidente Fernando Collor de Mello, quien renunció en diciembre de 1992 mientras se realizaba un procedimiento de juicio político en su contra por corrupción, ha ocupado un escaño en el Senado desde 2007.
Laura Carvalho, economista de la Universidad de São Paulo, quien publicó hace poco un libro en el que critica la política económica de los gobiernos del PT, opinó que Rousseff podría convertirse de nuevo en una voz influyente.
“Dilma podría tener una enorme influencia en los debates sobre temas económicos y políticos durante los siguientes cuatro años, en gran parte debido a su experiencia de haber fungido como presidenta”, explicó. “No me extrañaría que resultara mejor senadora que presidenta”.
Rousseff se ha mantenido relativamente lejos de la escena pública desde su remoción del cargo en agosto de 2016, después de que el Congreso determinara que había utilizado indebidamente fondos de los bancos del Estado para ocultar déficits presupuestarios.
Desde entonces se han formulado cargos de corrupción tanto en contra de ella como en contra de Neves, político de centroderecha afiliado al Partido de la Social Democracia Brasileña.
El año pasado, los investigadores obtuvieron una grabación en la que se escucha a Neves solicitar un soborno enorme a un empresario conocido. Aunque Neves ha negado su culpabilidad, el Supremo Tribunal Federal dictaminó en abril que había suficientes pruebas para proceder con el caso.
Una denuncia presentada en septiembre señaló a Rousseff como una de las responsables de operar un esquema masivo de sobornos dentro del Partido de los Trabajadores, expuesto como una organización criminal. Rousseff mantiene que las acusaciones en su contra carecen de fundamento.