La Fiscalía argentina pide doce años de prisión contra la expresidenta Cristina Kirchner

Este lunes por la tarde el fiscal de la causa en la que Cristina Fernández de Kirchner es acusada de corrupción durante su presidencia ha solicitado 12 años de prisión para la actual vicepresidenta argentina. Además, ha pedido la inhabilitación perpetua de la exmandataria para el ejercicio de cargos públicos.

La confirmación del pedido por parte del fiscal de la causa, Sergio Mola, llegó cerca de las 17.30 horas locales, tras un largo alegato –que se extendió durante toda la tarde- en el que expuso detalladamente los motivos de su decisión. Entre las razones mencionadas por el fiscal, indicó que la exmandataria «ostentaba el cargo máximo del estado nacional y empleó su poder sobre el resto de los imputados para alcanzar la finalidad de lucro tan anhelada». Concretamente, acusa a Fernández de Kirchner de ser jefa de una asociación ilícita y de administración fraudulenta.

Refiriéndose directamente a los jueces, Mola los alentó con tono eufórico: «Hoy más que nunca la sociedad reclama justicia y ustedes, señores jueces, son los encargados de dar a cada uno lo que corresponde». Y añadió que «una sentencia ejemplar puede ser el primer paso para restaurar la confianza de la sociedad en las instituciones».

A continuación, el fiscal de la causa que tiene en vilo en estos momentos a Argentina añadió: «Nuestro único objetivo fue buscar la verdad. Señores jueces, este es el momento. Es corrupción o justicia. Y ustedes tienen la decisión». Mola cargó también contra el actual presidente argentino, Alberto Fernández, de quien dijo que «para defender puerilmente a su compañera de fórmula, evitó hablar de los hechos probados en el caso».

La causa por la que se investiga a Fernández de Kirchner se vincula con hechos de corrupción que habrían sido cometidos durante su mandato como presidenta de la nación. La actual vicepresidenta estuvo al mando de la Casa Rosada entre los años 2007 y 2015.

La exmandataria está siendo juzgada desde el año 2019 junto a otras 12 personas por acusaciones de haber beneficiado al empresario Lázaro Báez en las licitaciones de obras públicas. Los hechos habrían ocurrido en la provincia de Santa Cruz –ubicada al norte de Argentina-, de donde la política es oriunda.

En la mañana del lunes en la ciudad de Buenos Aires, el fiscal Sergio Mola dio inicio a la última audiencia de alegatos –la novena- en la que hizo un repaso de todo lo avanzado hasta ahora en la causa. Hasta el momento, en la causa que tiene revolucionado a todo el país sudamericano, han declarado más de una decena de personas.

En un discurso realizado de manera virtual, el fiscal aseguró que «trazaron un plan» con el claro objetivo de defraudar al Estado a través de la «discrecionalidad en la utilización de los fondos«. En el mismo sentido, indicó que existieron una serie de «irregularidades sistemáticas en 51 licitaciones a lo largo de doce años». «El cuadro probatorio demuestra de manera contundente las maniobras ilícitas», dijo. Además, llegó a la conclusión de que «no es creíble que Cristina Fernández (de Kirchner) no se enterara de nada en la soledad de su despacho».

Si bien está centrada en la gestión de la expresidenta cuando era Jefa de Estado, la causa también incluye el período presidencial anterior, entre los años 2003 y 2007, cuando el primer mandatario era el expresidente Néstor Kirchner, marido de la actual acusada y fallecido en el año 2010.

A lo largo de la soleada tarde de Buenos Aires, y a medida que se incrementaban las especulaciones con respecto a cuál sería la pena que solicitaría el fiscal que lleva la causa contra Cristina Fernández de Kirchner, las redes sociales se hicieron eco de la convocatoria de asociaciones y grupos afines al oficialismo de salir a la calle en defensa de la actual vicepresidenta.

Luego de darse a conocer el posible pedido de prisión para la actual vicepresidenta, la política –abogada de 69 años- decidió solicitar una ampliación de su declaración indagatoria que se realizaría este martes. En su cuenta oficial de Twitter, la actual vicepresidenta expresó con enojo: «En abierta violación del principio de defensa en juicio, (los fiscales) montaron en su acusación cuestiones que nunca habían sido planteadas».

En la misma línea, uno de los abogados de Cristina Fernández de Kirchner, Gregorio Dalbón, aseguró que el pedido de su clienta tiene como objetivo asegurar su «derecho a una defensa legítima en juicio». No obstante, la fase indagatoria ya acabó. En las próximas horas se sabrá si finalmente le es otorgada la posibilidad de ampliar su declaración. O si, por el contrario, le es denegada esta nueva oportunidad.