La Fiscalía General de Bolivia ordenó este lunes activar una alerta migratoria contra Evo Morales y abrir una nueva investigación por supuestos casos de corrupción durante su gestión (2006-2019), tras una denuncia presentada por los exdiputados Amilcar Barrar y Yesenia Yarhuri Albino, informó el medio digital Infobae.

Bajo el foco de las investigaciones están un programa estatal millonario denominado Fondo Indígena y la firma de contratos con la empresa china CAMC, especializada en servicios de ingeniería y cuya representante en el país andino era una exnovia de Morales. Según los datos aportados por Barrar y Albino el daño económico total de las acciones fraudulentas del expresidente sería de 1.000 millones de dólares, una cifra que tendrá que ser corroborada por el Ministerio Público como parte de la investigación.

Esta denuncia se suma a las de violación, trata y tráfico de personas presentadas recientemente contra el líder indígena por su supuesta relación sexual con una joven de 15 años, identificada como C.S.V.P., miembro de su «guardia política juvenil» en 2015. En 2016, la adolescente dio a luz una hija, de la que Morales sería el padre, según certificado de nacimiento.

Ante esta situación, y con una orden de aprehensión emitida en su contra, pero que no ha sido ejecutada, Morales se atrincheró en su feudo cocalero del Chapare tras declararse «perseguido político», en los que su círculo más cercano y sus seguidores consideran un caso de lawfare.

En tal sentido los sectores sociales afines al expresidente instalaron este lunes tres puntos de bloqueo en carreteras del centro del país en defensa de Morales, como respuesta a la citación de la Fiscalía para que declare.

Las organizaciones afines al líder indígena bloquearon en dos lugares de la vía que va desde la región central de Cochabamba hacia la oriental Santa Cruz e instalaron otro punto de bloqueo en la ruta antigua entre ambos departamentos, según el reporte de transitabilidad de la estatal Administradora Boliviana de Carreteras (ABC).

A primera de este lunes, además, intentaron bloquear la carretera desde Cochabamba hacia el occidente del país, cerca de la localidad de Parotani, pero la Policía dispersó a los manifestantes y permanece en el lugar para impedir que se instale la medida de presión.

En este contexto, que evidencia la inestabilidad política de Bolivia y las tensiones entre Morales y el actual presidente del país, Luis Arce, antes aliados, el exmandatario escribió en su perfil de X: «El Gobierno traidor construyó una ruta judicial y violenta para acabar con el Proceso de Cambio… pretenden inhabilitarnos a través de procesos judiciales».

Las acusaciones de Morales llegaron al punto de señalar al Gobierno por «promover tal nivel de violencia legitimada que resulte en episodios como el atentado contra la vida de Cristina Fernández. No les tenemos miedo. El abuso y la violencia siempre encontraron en nosotros una respuesta democrática». Morales, además, ratificó su candidatura a las elecciones presidenciales de 2025, a pesar del gran escollo que estas acusaciones pudieran representar.

Según analistas y opositores citados recientemente por AP, el oficialista Movimiento al Socialismo (MAS), dividido por el enfrentamiento entre Arce y Morales, vive una profunda crisis, más el agotamiento del modelo económico estatista que impulso Morales tras el derrumbe de los partidos tradicionales en 2003. Esa lucha interna está induciendo a los divididos partidos de oposición de centro y de derecha a buscar alianzas para enfrentar al debilitado oficialismo.

Además, en otro hecho que aumenta las tensiones en el país, la apertura del juicio contra la expresidenta interina de Bolivia Jeanine Áñez (2019-2020) y el gobernador suspendido de la región oriental de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, por sus roles en la crisis política de 2019, que estaba prevista para este lunes, fue aplazada porque los acusados no fueron trasladados desde prisión para asistir a la audiencia, informó la agencia EFE.