La Fiscalía de Perú ordena la detención por corrupción de dos sobrinos de Castillo
Horas antes, el mandatario superaba su segunda moción de censura en el Congreso en ocho meses
Ocho meses después de llegar al poder, el presidente de Perú, Pedro Castillo, ha vuelto a salir airoso de una nueva moción de censura en el Congreso –con 55 votos de los 130 escaños– por un caso de presunta corrupción en su entorno de asesores. Si bien el mandatario se ha librado, de momento, no así su círculo más cercano de asesores. El Ministerio Público de Perú ordenó el lunes la detención preliminar durante diez días contra once personas investigadas por presunta corrupción en el entorno del Ejecutivo, entre ellas se encontraba el exsecretario de Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, así como dos sobrinos de Castillo.
El despacho de la fiscal Karla Zecenarro dirigió el lunes un megaoperativo de detención preliminar, allanamiento, incautación, registro domiciliario y personal, así como el levantamiento del secreto de las comunicaciones, contra once investigados en el caso de una presunta red criminal que dirigía obras en el seno del Ministerio de Transportes, detalló la Fiscalía en comunicado recogido por Efe.
Entre los implicados en esta disposición fiscal figuran el exsecretario presidencial, Bruno Pacheco, acusado de los delitos de tráfico de influencias y organización criminal; y Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo, sobrinos del mandatario e imputados como presuntos cómplices primarios del delito de colusión agravada y presuntos autores del delito de organización criminal. Durante el operativo, que se desarrolló en trece inmuebles situados en varios distritos de Lima y el Callao, fue detenido el empresario Zamir Villaverde.
Estas diligencias se realizaron en el marco de las investigaciones fiscales relacionadas con presuntos actos de corrupción en la licitación de Provías Descentralizado, unidad ejecutora del Ministerio de Transportes, para la construcción del puente automovilístico Tarata, sobre el río Huallaga, en la selvática región de San Martín.
La ‘lobista’ López, quien solicitó en febrero pasado acogerse a la ‘colaboración eficaz’ (delación premiada), brindó polémicas declaraciones ante la Fiscalía y comprometió a Castillo, sus sobrinos y otras personas cercanas al mandatario, en las actividades de una presunta organización criminal enquistada en el Ejecutivo.
Según trascendió en la prensa local, la empresaria, señalada como una gestora de intereses con vínculos con las altas esferas de poder en los últimos años en Perú, denunció una red que opera en la cartera de Transportes y Comunicaciones para obtener dinero de licitaciones de obras públicas.
La colaboradora dijo que Castillo buscaba usar ese dinero para pagar las deudas contraídas durante la campaña electoral del año pasado, en la que derrotó a su rival, la derechista Keiko Fujimori.
Práctica habitual
Cercado por la Justicia, Castillo ha vuelto, sin embargo, a sobrevivir a una segunda moción de censura, una práctica que se ha vuelto moneda corriente desde 2017 en Perú, año en que se presentó la primera moción contra Pedro Pablo Kuczynski (2016-18), también la sufrió su sucesor en el cargo, Martín Vizcarra (2018-20), mientras que Castillo, en menos de un año, ya suma dos.
Desde el 2016, Perú ha vivido una gran inestabilidad política pues ha visto pasar cinco presidentes hasta hoy; se han cambiado más de diez primeros ministros y 230 ministros; lo que, sumado a la pandemia en el 2020, ha causado que el otrora país de crecimiento económico se encuentre en una crisis económica de pronóstico reservado.
