La Fiscalía de Perú pide 16 años de prisión para el expresidente Toledo y su esposa
Los fiscales del 'caso Odebrecht' acusan al político de lavado de dinero y reiteran a Washington la solicitud de extradición
Un juez ordenó en febrero de 2017 la detención del expresidente peruano Alejandro Toledo, imputado por recibir más de 20 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña Odebrecht. En mayo del año pasado, el Gobierno peruano solicitó su extradición a Estados Unidos, donde reside. La tarde del lunes, el equipo de fiscales encargados de investigar las ramificaciones de la trama de corrupción en Perú, acusó formalmente al expolítico y a su esposa, Eliane Karp, de lavado de dinero. El Ministerio Público pide 16 años y ocho meses de cárcel para cada uno y reitera la petición de extradición.
Los fondos que Toledo y su entorno blanquearon, según la acusación, proceden de la caja B de Odebrecht. Las pesquisas comenzaron en 2013, cuando el diario Correo reveló unas millonarias transacciones inmobiliarias a nombre de Eva Fernenbug, suegra del exmandatario. El fiscal Rafael Vela, coordinador del llamado Equipo Especial Lava Jato, ha pedido además condenas de 10 años de prisión para Fernenbug; 16 años y ocho meses para Avraham Dan On, exguardaespaldas de Toledo; 13 para Shai Dan On -hijo de Avraham-; y 13 años para David Eskenazi, quien fue apoderado legal de la suegra de Toledo. Asimismo, solicita a la juez Aracely Baca que los acusados paguen al Estado, entre todos, más de 11.4 millones de dólares por reparación civil.
El caso es conocido en Perú como Ecoteva, el nombre de la firma off shore que Fernenbug registró en Costa Rica para comprar en 2012 propiedades en Lima por casi 4.7 millones de dólares. En febrero de 2013, Toledo explicó que su suegra, de nacionalidad belga, compró los inmuebles con el dinero que recibía por ser víctima del Holocausto. «Ha acumulado el dinero de toda su vida. Hay una compensación inicial y una mensual que recibe hasta ahora no solo por ella, sino por su mamá. Recibe también porque [los nazis] se llevaron a su papá, a su esposo y a su hermano”, dijo el expolítico a la televisión peruana en 2013 desde Stanford (California), donde trabaja su esposa.
Sin embargo, poco después, cuando la prensa de su país reportó que las indemnizaciones no alcanzaban para tanto, Toledo modificó su versión, y mantuvo que su suegra hizo las inversiones con un préstamo de Josef Maiman, un hombre de negocios peruano-israelí muy amigo del exjefe de Estado. Maiman se convirtió en colaborador del caso Ecoteva en marzo de este año y con las pruebas que aportó, el Equipo Especial Lava Jato pudo terminar la investigación.
“Maiman ha entregado toda la ruta del dinero de Odebrecht y (la constructora brasileña) Camargo Correa desde el soborno hasta las adquisiciones inmobiliarias de la pareja Toledo-Karp. Odebrecht pagó a Maiman vía el departamento de operaciones estructuradas [el área encargada de los sobornos]”, informó Vela a EL PAÍS.
Según el diario El Comercio, la acusación señala que durante el Gobierno de Toledo, entre 2001 y 2006, los pagos para la licitación de la carretera Interoceánica Sur generaron fondos ilícitos que se depositaron en cuentas “a nombre de personas jurídicas constituidas en el exterior para evitar su vinculación con el expresidente y su rápida identificación”. Los Dan On y Maiman abrieron firmas off shore en Panamá y Costa Rica para recibir las coimas de las constructoras brasileñas y luego transfirieron los capitales a Ecoteva Consulting Group, que presidía la madre de la ex primera dama.
La acusación presentada por Vela sostiene que los fondos de Ecoteva también fueron usados en pagar la hipoteca de dos casas del matrimonio Toledo-Karp. Es decir, el expresidente y su esposa habrían sido los “beneficiarios finales” de las transacciones inmobiliarias.
Una fuente diplomática indicó a EL PAÍS que si ahora la Cuarta Sala Penal de la Corte Superior aprueba el pedido de extradición, esto constituiría una “ampliación” del expediente ya entregado en 2018 a Estados Unidos. El Gobierno peruano contrató en febrero de este año a un despacho estadounidense para el trámite de extradición de Toledo, que continúa en fase de evaluación en el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
La política al ritmo de Odebrecht
Todos los expresidentes peruanos que han ejercido el cargo desde el año 2001 están investigados por hechos de corrupción y/o lavado y de activos ligados al caso Odebrecht. En mayo, el Equipo Especial Lava Jato pidió 20 años de prisión para Ollanta Humala y 26 años para su esposa, Nadine Heredia; en abril, cuando un fiscal y la policía entraron a la casa de Alan García con una orden de prisión preliminar en el marco de la investigación de lavado de dinero, colusión y tráfico de influencias, este se suicidó.
El expresidente Pedro Pablo Kuczynski estuvo detenido en una cárcel en abril, pero un juez modificó finalmente la orden a tres años de prisión preventiva por obstrucción de las investigaciones fiscales. El economista fue ingresado a una clínica privada para un cateterismo y después del alta la justicia le permitió pasar a arresto domiciliario.
Además, la dos veces candidata presidencial peruana y líder de la oposición, Keiko Fujimori, cumple prisión preventiva desde octubre, investigada por lavado de fondos de campaña que recibió de Odebrecht, y en el mismo penal está recluida la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán, investigada por asociación ilícita para delinquir, cohecho y lavado de dinero. La expolítica de izquierda recibió fondos de Odebrecht para una campaña publicitaria que buscaba detener su destitución en 2013.
En febrero, Odebrecht firmó un acuerdo de colaboración con los fiscales Lava Jato y la Procuraduría ad hoc de Perú para disminuir sanciones legales a cambio de entregar pruebas de los sobornos que pagó y abonar una reparación civil al Estado.
