La Fiscalía ya no pide que Cristina Fernández cumpla pena en prisión, pero sí en otro domicilio
El Ministerio Público Fiscal argumenta que genera complicaciones a los peatones que circulan por la zona

Un hombre se encuentra debajo del edificio donde vive Cristina Fernández –
Este lunes, y ante la sorpresa de gran parte de los argentinos, la Fiscalía de la Causa Vialidad, por la cual la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner se encuentra presa por corrupción, ha dado marcha atrás en la solicitud de que la dos veces ocupante de la Casa Rosada sea trasladada de la prisión domiciliaria a una cárcel ordinaria. La decisión se ha dado a conocer apenas minutos antes de que comience una audiencia clave en la cual la Justicia revisa las condiciones del arresto de la líder kirchnerista. Sin embargo, exigen que la ex jefa de Estado cumpla la pena en otro sitio.
La defensa de la exmandataria también había apelado el fallo judicial. Concretamente, pide que la condenada no sea obligada a usar tobillera electrónica y solicita que se revise el régimen de visitas. El tribunal cuenta con un plazo de cinco días para expedirse.
Desde primera hora de la mañana, se esperaba con atención el inicio de una audiencia judicial que tiene la potestad de modificar las condiciones de arresto de Cristina Fernández de Kirchner. La expresidenta está presa desde hace tres semanas en uno de sus domicilios tras ser condenada a seis años de cárcel por corrupción. Se encuentra en un piso ubicado en la calle San José 1.111, en el barrio porteño de Montserrat.
La Fiscalía del caso había presentado una apelación al tribunal en la que reclamaba que la política fuera trasladada a una cárcel ordinaria –como ha ocurrido con los otros condenados en la misma causa-, alegando motivos de seguridad y cuestionando el otorgamiento de un «privilegio». El escrito había sido enviado el pasado mes de junio por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
La audiencia estaba prevista para las 12 horas local pero, de forma inesperada, en las vísperas de su inicio, la Fiscalía tomó la decisión de retirar la solicitud y conceder a la ex jefa de Estado la prisión domiciliaria. «Es cierto que el domicilio actual no aporta mayores garantías (sobre todo si la condenada realiza numerosas salidas a su balcón que, con derecho a hacerlo, incrementa el riesgo)», sostuvo este lunes el fiscal Mario Villar. Aunque consideró que «la sustitución de su domicilio particular por un establecimiento carcelario supondría un retroceso en la modalidad de ejecución, por lo que creo desaconsejable imponer en este momento un cambio que redunde en desmedro del desarrollo personal de la condenada y su proyecto de vida».
En la misma línea, Villar concluyó: «Esta representación del Ministerio Público Fiscal no presenta oposición a que la pena se siga ejecutando en la modalidad de prisión domiciliaria siempre que la condenada se mantenga a derecho y, en especial, atendiendo a las reglas de conducta impuestas».
Pedido de traslado
Si bien, en este nuevo escenario, el traslado a una prisión ordinaria ya no es una posibilidad, la Fiscalía mantiene el reclamo de que la líder kirchnerista continúe el cumplimiento de la pena en otro domicilio. El argumento de Villar radica en que la permanencia de la expresidenta en su domicilio, emplazado en el barrio porteño de Montserrat, genera complicaciones a los peatones que circulan por la zona.
Cabe recordar que una de las condiciones que había impuesto la Justicia a la exmandataria para concederle la prisión domiciliaria consistía en «abstenerse de adoptar comportamientos que puedan perturbar la tranquilidad del vecindario y/o alterar la convivencia pacífica de sus habitantes».
Por otro lado, en estos días la Justicia deberá también evaluar si hace lugar a los pedidos realizados por la defensa de Cristina Fernández de Kirchner. En este sentido, uno de los reclamos presentados es que líder kirchnerista sea eximida del uso de tobillera electrónica. La expresidenta también apeló, a través de su abogado, el régimen de visitas, ya que por ahora debe solicitar autorización para recibir personas durante su arresto domiciliario, además de informar luego acerca de su carácter y su duración.