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La hora de Felipe VI

El rey emérito está obligado a acudir a la llamada de la Justicia española. Felipe VI es desde hoy el garante de ese compromiso. Y del futuro de la Monarquía

La decisión del rey emérito de abandonar España, tomada tras un proceso de evaluación de pros y contras en los que ha intervenido el rey Felipe VI, es una triste noticia que ha causado gran sorpresa y no poca perplejidad, tanto en nuestro país como en el extranjero. En una democracia supuestamente asentada, que un ex jefe del Estado abandone su patria tras revelarse hechos presuntamente cometidos por éste en el pasado, y que podrían tener consecuencias cuando menos de índole tributaria, si no mayores, es un hecho que afecta en primer término, y de forma extremadamente negativa, al prestigio del país.

A simple vista, y más aún desde la perspectiva de las naciones de calidad democrática contrastada, no es fácil encontrar argumentos que justifiquen una medida más propia de repúblicas bananeras que de una avanzada monarquía parlamentaria asentada en un sólido sistema de separación de poderes. El problema es que la España de hoy, guiada hacia no se sabe dónde por un Gobierno que ni siquiera ha sido capaz de defender con firmeza el actual modelo de Estado, no parece asentarse en ningún terreno sólido.

 

Abandonando su residencia oficial en La Zarzuela, el emérito abre un espacio imprescindible entre su reprochable conducta y la hasta ahora intachable de su heredero»

Únicamente partiendo de esta realidad, la de un Ejecutivo en el que una parte ha optado por el ataque frontal a la Corona para desviar la atención de sus propios y graves problemas, y la otra parece empeñada en achicar los márgenes de actuación de la institución monárquica, a mayor gloria de su presidente; sólo desde la sistemática utilización política de la bochornosa conducta del Emérito, y la irresponsable explotación de tal comportamiento a través de los medios públicos y las terminales informativas (sic) de la izquierda radical, puede entenderse una decisión tan extrema. Porque lo que la «huida» de Juan Carlos I también evidencia es la creciente desconfianza que despierta, dentro y fuera de nuestras fronteras, una clase política más preocupada por retener o aumentar su poder que por fortalecer los mecanismos institucionales que caracterizan a las democracias modernas y afrontar con solvencia y espíritu de sacrificio las brutales crisis sanitaria y económica que amenazan nuestro futuro.

 

Es en el contexto de un Gobierno débil, que depende de nacionalistas y populistas de izquierda, donde cobra algún sentido la decisión del rey emérito»

 

Y es precisamente en ese contexto, el de una sociedad que sufre un doble castigo, el provocado por una crisis espeluznante y el de un Gobierno débil que depende de nacionalistas y populistas de izquierda, donde cobra algún sentido la decisión del rey emérito. Con su alejamiento voluntario, don Juan Carlos contribuye, o al menos lo intenta, a apartar a la Corona del foco de atención pública en un momento en el que el impacto de la crisis va a tener graves consecuencias políticas y sociales, empezando por el incremento exponencial de la pobreza y siguiendo por las legítimas reclamaciones que llevarán a la calle un ejército de parados que va a exigir soluciones inmediatas y eficaces, circunstancias estas que a buen seguro serán aprovechadas por el independentismo catalán, que prepara unas elecciones cuyo objetivo no es dar voz a los ciudadanos, sino promover un nuevo golpe al Estado. Abandonando su residencia oficial en La Zarzuela, el Emérito abre un espacio imprescindible entre su reprochable conducta y la hasta ahora intachable de su heredero, elemento este fundamental para preservar el crédito de un Rey cuyo papel de árbitro ecuánime, de comodín equilibrador, debiera cobrar todo su valor justo cuando es más necesario: en el trámite más complejo y grave por el que probablemente España atraviesa desde la muerte de Franco.

Separar el devenir judicial del rey emérito de la realidad política, y de la búsqueda de consensos que contribuyan a superar cuanto antes la profunda crisis en la que nos encontramos, debería ser objetivo primordial de nuestros gobernantes. En este sentido, sería de gran utilidad que Gobierno y oposición concentraran todas sus energías en la reconstrucción del país, pero para ello, al menos PSOE y PP deberían sellar un pacto que protegiera a Felipe VI de cualquier agresión oportunista y desestabilizadora, cerrando cuanto antes el debate estéril e improcedente que pretenden imponer, contra toda cordura, los populismos de izquierdas y nacionalista.

 

Al menos los dos grandes partidos, PSOE y PP, deberían sellar un pacto que protegiera a Felipe VI de cualquier agresión oportunista y desestabilizadora»

 

Puede que el rey emérito acabe siendo juzgado, o no; puede que acabe demostrándose su culpabilidad, pero sea absuelto por la prescripción de los presuntos delitos cometidos (cohecho impropio y delito contra la Hacienda Pública); puede que, como ha ocurrido en múltiples ocasiones, se llegue a un acuerdo tributario por el que el supuesto defraudador devuelva con intereses lo defraudado. Todo puede ocurrir en un caso sin precedente conocido y de gran complejidad. Todo menos que el procedimiento judicial todavía inexistente contra don Juan Carlos sea rentabilizado por los enemigos de la nación.

«La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad». Así reza el artículo 56.3 de la Constitución. Obviamente, no hay otra interpretación posible de este precepto que no sea la más restrictiva, de acuerdo con el precedente artículo 14 de la Carta Magna, el que proclama la igualdad ante la ley de todos los españoles. El Rey es un ciudadano más. Así es y así debe ser interpretada la ley de leyes. Que detrás del conocimiento exhaustivo de las andanzas de don Juan Carlos se esconde una despreciable operación de chantaje a Felipe VI, y colateralmente al Estado, parece incuestionable. Como lo es que, a pesar de sus errores, en los últimos cuarenta años la institución monárquica ha protagonizado el período de mayor progreso de la historia de nuestro país. Eso se lo debemos en gran parte a la extraordinaria contribución de don Juan Carlos. Pero ni la constatación de que hay importantes contrapesos en las balanzas judicial y política, ni el hecho de que hoy no haya alternativa viable a la Monarquía, pueden ser argumentos que justifiquen ninguna impunidad.

El rey emérito está obligado a acudir a la llamada puntual de la Justicia española y asumir su responsabilidad. De lo contrario, estaríamos ante una crisis institucional sin precedentes que supondría, ahora sí, el final de la Monarquía. Felipe VI es desde hoy el garante de esa exigencia y de ese compromiso que su padre ha asumido. Solo desde el sometimiento al imperio de la Ley, tiene sentido y legitimidad la Monarquía.

 

 

 

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