La investigación del Caso Ayotzinapa se desmorona desde adentro

Un participante en las protestas en Ciudad de México por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, el 28 de septiembre de 2022. (Eduardo Verdugo/AP)

John Gibler es autor del libro ‘Una historia oral de la infamia: Los ataques contra los normalistas de Ayotzinapa’.

El 31 de octubre, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en México dio a conocer los resultados del peritaje independiente sobre 467 capturas de pantalla presentadas en el informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia (COVAJ) el 18 de agosto, con la que se presentó un nuevo relato sobre el destino de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en 2014.

Las imágenes fueron obtenidas por la COVAJ, entregadas a la prensa y publicadas de manera censurada o testada. No fueron compartidas antes con el GIEI ni con la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA). La comisión solo las mostró a las familias de los 43 estudiantes desaparecidos y sus representantes legales horas antes de la presentación pública.

Después, algunas de esas imágenes, ya sin testar, fueron publicadas de manera extraoficial por la periodista Peniley Ramírez el día 24 de septiembre. Una vez más, las familias de los estudiantes desaparecidos fueron obligadas a leer un cuento de horror sobre sus hijos de manera pública, sin que la información que supuestamente respaldaba el relato grotesco —en donde se mencionaban incineraciones y descuartizamientos— hubiera sido verificada.

Ahora el peritaje del GIEI confirma lo que se veía venir: las 467 capturas de pantalla presentan anomalías que imposibilitan su verificación. Esto debido a que existen oficialmente en una memoria USB y no en los aparatos telefónicos originales. Según el peritaje realizado fuera del país a petición del GIEI, en 181 imágenes las fechas no coinciden con la de los metadatos; en otras hay elementos de la aplicación WhatsApp como una doble palomita azul, o un ícono de videollamada, que no existían en la fecha que aparece en la imagen.

Lo que queda pendiente de resolver es quién fabricó las imágenes y también conocer las razones por las que, contra todo protocolo, no se entregaron esos elementos al GIEI, la COVAJ, la UEILCA y, solo cuando ya se hubiese verificado la información, se compartiera con las familias de los 43 estudiantes desaparecidos.

Cabe preguntarse si el informe de la COVAJ y las capturas de pantalla buscan crear una nueva “verdad histórica” —como la que supuestamente encontró el gobierno federal anterior— o “verdad histriónica”. El GIEI dijo que no. Calificaron los actos de la COVAJ como “torpezas” que corren el riesgo de tumbar el caso y garantizar la impunidad.

Las “torpezas” son de tal magnitud que el GIEI decidió que dos de sus miembros, Claudia Paz y Paz y Francisco Cox, se deben retirar del caso —en protesta, se entiende—. Y los otros dos, Ángela Buitrado y Carlos Beristain, seguirán como mecanismo de seguimiento, igual que como hicieron después de que el anterior gobierno de Enrique Peña Nieto se negara a renovar su asistencia técnica en la investigación en 2016.

El mal manejo de la información no sucedió en un vacío de autoridad o de manera aislada. Fue parte de lo que parece ser una maniobra coordinada, una vez más, desde los más altos niveles del gobierno para tumbar el caso, para detonarlo desde adentro, para cansar a los investigadores y hacer tiempo mientras dicen ante las cámaras que están comprometidos con las familias y con la verdad.

Todo inició con una presentación de un informe de la comisión que no se compartió con las familias, con las instancias relacionadas con la investigación o con su asesoría técnica. Siguió con la detención mediática del exprocurador general de la República, Jesús Murillo Karam, que se hizo con una acusación que no estaba bien sustentada. Además, en ese momento, el fiscal especial del caso, Omar Gómez Trejo, planeaba un viaje a Israel para hablar con autoridades de ese país sobre la petición de extradición del exdirector de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, involucrado en el caso y hoy prófugo. Es decir, la audiencia inicial de Murillo Karam se hizo con la presencia de fiscales que no estaban al tanto del expediente.

Después, una serie de movimientos de la Fiscalía General de la República abonaron a un mal manejo de la información: la toma de la oficina del fiscal especial por funcionarios de asuntos internos de la Fiscalía y de la ya desaparecida Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada. A eso se suma el retiro de policías de investigación de la UEILCA, con lo que paralizaron los trabajos; la renuncia del fiscal especial y varios miembros de su equipo ante la intromisión en la investigación; y el nombramiento de un fiscal sin experiencia relevante y que desconoce el caso.

Semanas después, y en medio de un debate político que se dio por la incorporación de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional, se cancelaron 21 órdenes de aprehensión, 16 de ellas en contra de militares.

El manejo cuestionable de la información también se hizo evidente en los medios de comunicación. Además de las filtraciones, el 26 de octubre se publicó un artículo de The New York Times que reveló la grabación de una reunión en Israel entre el subsecretario de Derechos Humanos y encargado de la COVAJ, Alejandro Encinas, y Tomás Zerón.

En la grabación, Encinas ofrece impunidad de manera política y en violación directa a la judicialización de los delitos de lesa humanidad que enfrenta Zerón, quien fue grabado mientras participaba en sesiones de tortura, que dieron origen a las declaraciones que conformaron la llamada “verdad histórica”.

Como si eso fuera poco, las revelaciones que se hicieron a partir del hackeo a los correos del Ejército el mes pasado, revelaron que el actual secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, aboga ante el presidente a favor de unos de los militares detenidos.

A pesar de este cúmulo de información el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, durante una de sus conferencias de prensa calificó de “especie de rebelión” a la renuncia de los fiscales que no se cuadraron ante la manipulación del caso.

Tal vez no sea una nueva “verdad histórica”, como indicó en la conferencia el GIEI, pero es algo grave y lo que está logrando es romper los avances en la investigación, romper al GIEI, hacer sufrir más a las familias y generar las condiciones para asegurar, una vez más, la impunidad.

Aunque no sea una “verdad histriónica”, hay algo también imperdonable y perverso de darle a las familias de los estudiantes desaparecidos otra esperanza solo para dinamitarla desde adentro.