La legitimidad del Senado

Senado de España

El pasado miércoles, el Senado, Cámara Alta del poder legislativo, activó por mayoría absoluta un conflicto entre órganos constitucionales para requerir formalmente al Congreso la retirada de la proposición de ley orgánica de la amnistía. En una fase posterior, y agotado el plazo de un mes que se abrió tras esta solicitud, podrá cursar una petición ante el TC en la que se solicite la suspensión cautelar de la norma en trámite. Es la primera vez en nuestra democracia que se activa una colisión de este tipo entre cámaras, lo que da muestra del grado de división que genera la iniciativa legislativa con la que Pedro Sánchez logró el apoyo de formaciones políticas en las que se integran personas que saldrían personalmente beneficiadas si esta ley entrara en vigor.

Los argumentos que ha encontrado el Senado para activar este choque institucional se fundamentan en el informe elaborado por los letrados de la Cámara Alta, en el que con toda rotundidad se argumenta la inconstitucionalidad de la ley de amnistía. Esta norma, según el criterio de estos juristas, puede suponer una reforma constitucional encubierta, lo que requeriría una tramitación formal distinta de la emprendida por el Gobierno y, por supuesto, con la mayoría reforzada que es preceptiva. A esta falta de idoneidad procesal, debe además sumarse el conjunto de argumentos sustantivos y contrarios a importantes fundamentos del Derecho, como los que, por ejemplo, recogió el dictamen de la Comisión de Venecia, que explícitamente descartaba la legitimidad de amnistías promovidas por los propios beneficiarios.

Esta acción del Senado no sólo es legítima, sino que se ajusta escrupulosamente a Derecho por cuanto la colisión entre órganos constitucionales aparece consignada en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional en sus artículos 73, 74 y 75. Cabe recordar que la mayoría que ha aprobado este conflicto institucional (148 votos a favor, 112 en contra y una abstención) es depositaria de la soberanía nacional en los mismos términos que lo es el Congreso de los Diputados. Si una mayoría de senadores decide atender, como obviamente es razonable, al contenido del dictamen de los letrados y considera que el trámite de la ley de amnistía es inconstitucional, como miembros de las Cortes Generales no sólo tienen la opción sino también el deber de activar este mecanismo excepcional.

En este contexto de máxima fractura promovido por un Gobierno que se afana en hacer lo que prometió no hacer, por puro interés propio y de la mano de formaciones políticas explícitamente contrarias al orden constitucional, resulta especialmente grave la actitud del ministro de la Presidencia. Félix Bolaños intentó menoscabar la dignidad y relevancia del Senado al señalar que la soberanía nacional reside «sobre todo» en el Congreso, una falsedad interesada e impropia de alguien a quien se le presupone una cierta pericia jurídica. Aquel exceso, otro más en la lista del ministro Bolaños, le sirvió para ser reprobado por la Cámara Alta precisamente por intentar debilitar o menoscabar la función que cumplen todos y cada uno de los senadores. Si el Gobierno verdaderamente respetara el funcionamiento de las cámaras parlamentarias y atendiera a la soberanía nacional que fue amenazada durante el ‘procés’, y que vuelve ahora a desafiarse, debería retirar inmediatamente una norma que, además de ser manifiestamente injusta, cuenta con la oposición mayoritaria del Senado, así como de buena parte de la ciudadanía.