La lucha cívica debe “derrotar el estado de sitio” de Ortega

Los cuatro piquetes exprés que se realizaron el sábado pasado en Managua, pese al inmenso despliegue policial y de paramilitares, representan la única forma de presión que tienen los ciudadanos nicaragüenses para luchar por “los derechos confiscados” por la dictadura orteguista, según Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia (AC).

Durante una entrevista en el programa Esta Semana, Chamorro destacó que “Las dictaduras en ninguna parte de la historia han dado o devuelto derechos confiscados. Esto se tiene que ir ganando”, dijo,  en relación, al derecho a manifestarse libremente, que ha sido eliminado por el régimen orteguista con la imposición de un estado de sitio.

Para el líder opositor, actualmente la discusión sobre el futuro político del país debería de girar en torno a la “Nicaragua que queremos”, más allá de definir por quiénes votar o en cuál casilla se haría.

Anunció que esta semana miembros de la AC y la Unidad Nacional Azul y Blanco (UNAB), se reunirán con la Comisión Diplomática de Alto Nivel de la OEA, a la que el Gobierno le negó la entrada a Nicaragua. A los diplomáticos, según Chamorro, les presentarán “la situación de estado policial que vive actualmente Nicaragua, la violación de derechos humanos, la existencia de más de 126 presos políticos, los asesinatos de campesinos en el norte”.

¿Qué balance deja la represión que desató la dictadura este sábado? ¿Se puede mantener de esa manera el estado de sitio?

Fue un despliegue policial impresionante. En la organización de esta marcha, que al final no pudo realizarse, por el despliegue policial, decidimos hacerlo en cuatro puntos. Llegaron entre 480 y 500 personas, tomando en cuenta los riesgos que existían. La mayor parte de la gente se concentró en el Edificio Pellas, también en el edificio de Movistar, allí habían unas 200 personas, y luego en Plaza Vistana y en RostiPollos. Hubo dos heridos; afortunadamente ya están bajo observación. Uno de ellos tuvo siete puntadas en la cabeza y el otro también fue herido, pero ya están fuera de peligro.

¿Se puede estimar cuántas patrullas policiales, cuántos efectivos de la Policía y paramilitares desplegaron?  

Miles de oficiales. Notamos la presencia de parapolicías y muchos motorizados de civil. Nosotros fuimos objeto de persecución por parte de unos motorizados. Lo mismo pasó con Mario Arana y Félix (Maradiaga). Con el interés de amedrentar y de querer meter miedo; una tónica que no habíamos visto en las anteriores manifestaciones.

Está claro que este estado de sitio está fracasando, pero Ortega insiste en mantenerlo. ¿Hay suficiente presión nacional e internacional para lograr la suspensión del estado de sitio?

La presión la seguimos manteniendo. La expresión del sábado fue muy importante. Fue increíble la cantidad de gente que desde los vehículos veían los piquetes y mostraban su solidaridad; y eso que mucha gente no pudo llegar a los sitios. La presión nacional hay que mantenerla, hay que seguir haciendo este tipo de actividades.

Sobre la presión internacional, ya vemos como la dictadura le cerró la puerta a esta Comisión Especial (de la OEA). Nosotros vamos a tener esta semana, la oportunidad —como Alianza Cívica y también como Unidad Azul y Blanco— de reunirnos con esta comisión para presentarle la situación de estado policial que vive actualmente Nicaragua, la violación de derechos humanos, la existencia de más de 126 presos políticos, los asesinatos de campesinos en el norte.

Toda esta situación está siendo documentada y se le va a presentar a la comunidad internacional para ser ese otro frente internacional de lucha. Al cerrar la puerta de la OEA, la dictadura está encaminándose a una posición más fuerte de este organismo interamericano de aplicación de la Carta Democrática.

¿Qué expectativa tienen ustedes sobre la acción que puede tomar esta comisión?  El plazo de los 75 días para presentar ese informe vence el 13 de noviembre, ¿Puede la comisión adelantarse y presentar antes un informe?

La resolución de la Asamblea General es bastante clara cuando dice que está hablando de un plazo máximo de 75 días; de tal manera que si la comisión considera que ya ha acumulado la información  suficiente para rendir este informe al Consejo Permanente, pues podría ser en menos tiempo, pero definitivamente esto ya sería una decisión que es potestad de la Comisión Especial de los cinco países. De todas maneras, nosotros esperamos un reporte muy contundente con todo lo que ha pasado.

Nuestra tarea va a ser documentar qué fue lo que pasó en la última parte de la mesa de negociación, particularmente en el no cumplimiento del acuerdo del 29 de marzo (de 2019) de libertades individuales y libertades constitucionales, que el Gobierno lo firmó y que no lo ha cumplido, como lo podemos ver en el tema de la represión a las marchas.

Si la comisión llegara a tomar una acción de convocar una Asamblea Extraordinaria de la OEA, ¿Tendrían los 24 votos para dar un paso adelante para sancionar o separar al Gobierno de Ortega de la OEA?

No sabemos si ya están los 24 votos, pero si se va a trabajar en que la mayoría de los 24 países se puedan adherir a una resolución de esta naturaleza. Es un trabajo de cabildeo que debemos realizar para que cada vez más países tomen conciencia de la importancia de tomar acciones.

En caso de que la OEA tome una decisión de aplicación extrema de la Carta Democrática, ¿Qué consecuencias tendría esto para Nicaragua?

Creo que este es un escenario en el que se cerrarían las puertas del Banco Interamericano de Desarrollo. Como sabemos es uno de los principales financiadores del programa de inversiones públicas, y tendría consecuencias desastrosas para el país.

Nuestro trabajo en este momento es documentar lo más detallado posible, cuál es la situación actual de los derechos de los ciudadanos en Nicaragua, la necesidad de una solución a esta crisis, que pase por la devolución al pueblo de Nicaragua de estos derechos constitucionales que están confiscados, y la elaboración de reformas electorales que lleven a todo un proceso electoral transparente observado, seguro y anticipado. Esa ha sido la agenda de la Alianza Cívica desde un principio.

Cuando el Gobierno rechazó el ingreso de los miembros de la comisión, también rechazó al representante de la Secretaría General de la OEA, al señor Gonzalo Koncke, delegado de Luis Almagro, ¿Quiere decir que no hay ningún contacto entre el régimen y la Secretaria General?

No te lo podría decir porque esto sería ya una comunicación del Gobierno con la Secretaria General. Aunque en las declaraciones recientes de Gonzalo Koncke fue bastante contundente en decir que esta era una acción que tenía un nivel de hostilidad que no se había visto anteriormente. De tal manera, que si llama la atención esta nueva posición hostil con la Secretaria General, en adición a la que ya se genera con la Asamblea General y al máximo cuerpo de la OEA.

Hay una resolución de la Asamblea General de Medellin y la dictadura decide ir en contra y esto provocará una nueva relación con la OEA. Pero, además de eso, está también la relación bilateral, pues al negarle la entrada a un diplomático de Canadá, Jamaica, Paraguay está afectando relaciones bilaterales de Nicaragua con estos países. Parece ser que la dictadura está siendo arrinconada, ella misma esta arrinconándose en una situación de aislamiento.

¿Cómo se puede avanzar en la dirección de la negociación de unas reformas electorales, si no hay ningún canal abierto de negociación con el régimen ni con la Alianza Cívica ni con la Unidad Nacional Azul y Blanco ni con la propia OEA?

Lo que ha ocurrido en las últimas semanas es un proceso de búsqueda de un consenso general sobre las reformas electorales. Tanto la posición del Grupo Pro Reformas, de la Alianza Cívica y de otros grupos se parece mucho; concentrándose en el tema de la no reelección, que no puede correr ningún cónyuge del presidente, del 50 por ciento más uno para ir a segunda vuelta y las reformas a la estructura del consejo electoral. Todas estas cosas que están apareciendo en cada una de las posiciones, creo que son sumamente sanas porque se está dando esta discusión para poder integrar todas ellas en una sola posición de reformas electorales.

Como Alianza Cívica sostenemos que la solución a esta reforma tiene que pasar por la mesa de negociación. En la mesa de negociación se firmó la hoja de ruta que exigía que las partes de la Alianza Cívica y el Gobierno llegaran a acuerdo por la vía del consenso. Si nosotros permitimos que el Gobierno haga reformas de manera unilateral como le ha gustado hacer, como vimos en la ley de amnistía, en la cual la Alianza no tuvo nada que ver, y si se hace una reforma electoral unilateral, estaríamos cayendo en que la dictadura estaría haciendo un acuerdo a sus intereses; y si se hace dentro del contexto de la mesa de negociación estaríamos hablando de una reforma más estructural, más profunda y básicamente lo que está demandando el pueblo.

Tanto ustedes como la Unidad Azul y Blanco han venido hablando de que están en el proceso de conformar una Coalición Nacional Electoral, la gente pregunta: ¿Cuándo, cómo, en qué casilla se inscribirían para ir a una elección y cómo seleccionarían a los candidatos a los cargos de una elección popular?

La discusión que hay en este momento, más que discutir el quién o en qué casilla, es en el qué. ¿Cuál es el contenido que nos debe de unir a todos los azul y blanco?, Nos debe unir la búsqueda de un estado de derecho, una Nicaragua con justicia, donde no haya impunidad.

Una vez establecido un programa básico de la Nicaragua que queremos, que básicamente responde a lo que nos ha llevado a esta crisis ­ — la existencia de una dictadura, de una reelección, de un Estado que prácticamente ha violentado, de cuerpos paramilitares — y todos estos elementos del qué, los estamos viendo en la reforma electoral.

¿Ese es un movimiento político exclusivo del movimiento azul y blanco o tienen partidos que no están alineados con el régimen?

En este consenso debemos de ser lo más inclusivo posible. Hay evidentemente en los municipios de este país, líderes políticos que han estado afiliados a partidos políticos y yo no vería por qué estás personas deberían de estar excluidas.

Una cosa distinta sería a nivel de liderazgo, donde hay cierta responsabilidad, pero lo más importante es que este movimiento azul y blanco debe concentrarse en el objetivo de que en Nicaragua vuelva a darse un estado de derecho, se establezca la justicia, se reestablezca la democracia y podamos vivir en paz para que el país pueda progresar.

Para nosotros ese es el elemento más importante en este momento. No tiene ningún sentido tratar de hacer una agrupación política si ya vemos qué pasa al hacer una marcha. Entonces un elemento previo a todo esto tiene que ser la devolución de los derechos ciudadanos y las garantías constitucionales para que el pueblo nicaragüense pueda expresarse.

Estás hablando de la suspensión del levantamiento del estado de sitio, ¿Cómo se llega a ese punto?

Esta es una cosa que se tiene que ir ganando. Las dictaduras en ninguna parte de la historia han dado o devuelto derechos confiscados. Esto se tiene que ir ganando. Se tiene que ir luchando para que estos derechos ciudadanos, tengan que ser devueltos al pueblo de Nicaragua.

Paralelamente, pensando en lo que debería ser el contenido de reformas como las reformas electorales, al sistema de justicia, la reforma al sistema de educación que está totalmente politizado, los elementos de la seguridad nacional, el tema del desarme, podemos trabajarlo en paralelo.

Esa lucha es importante hacerla en el plano nacional, como lo vimos en la marcha del 21 (de septiembre) que fue un éxito, y también internacionalmente, que cada vez más se están alineando los países en ver la barbarie que se ha hecho con los derechos humanos, la violación de todos los derechos, el estado de sitio, la existencia de los presos políticos y los asesinatos.