La lucha judicial para combatir la corrupción se estanca en Ecuador
El Gobierno de Lenín Moreno convoca a la comunidad internacional para formar una comisión anticorrupción
Los dos primeros años de Gobierno de Lenín Moreno en Ecuador han transcurrido con todos los focos sobre dos asuntos: la situación económica y la depuración de funcionarios y ex altos cargos salpicados por sospechas de delito. Coincidiendo con la salida de Rafael Correa de la presidencia, el caso Odebrecht y otros indicios de irregularidades en el Estado pegaron un acelerón hasta entonces inédito. Pero tras la efervescencia de 2017, el ritmo de avance de los procesos judiciales se fue ralentizando y ha derivado en un halo de cuestionamientos a la labor fiscal, en la que se han estancado decenas de informes de la Contraloría General y denuncias de particulares contra el Gobierno de Correa.
En estos todavía primeros compases del año, sin embargo, el Ejecutivo de Moreno parece haber tomado algo de brío acelerar las investigaciones. La última decisión se anunció el lunes por la noche: Ecuador convocó a la comunidad internacional para conformar una Comisión Internacional contra la Corrupción con el objetivo de facilitar el intercambio de información y la recuperación de bienes y activos malutilizados. Para ello, según el mandatario latinoamericano, el canciller del país, José Valencia, se reunirá este martes con la ONU, con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la Oficina de Transparencia Internacional y el cuerpo diplomático.
“Necesitamos apoyo en la prevención, en las leyes, en el trabajo de jueces y fiscales, en los mecanismos para lograr que los corruptos sean sancionados y que el dinero robado sean devuelto a su verdadero dueño: al pueblo ecuatoriano”, detalló Moreno. La nueva comisión “apoyará a las instituciones del Estado ecuatoriano encargadas de la denuncia, de la detección, de la investigación y de la judicialización de los casos».
No es la primera propuesta del Gobierno, que, según las cifras difundidas el lunes, ha presentado más de 500 denuncias de presuntos casos de corrupción. La impaciencia oficialista en la depuración de responsabilidades tomó forma a inicios de año con otros dos movimientos que no fueron bien recibidos por la Fiscalía General. A mediados de enero, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), que se dedica a buscar indicios de lavado de activos en empresas y personas naturales, anunció que había llegado a un acuerdo con uno de los implicados en el caso Odebrecht para que devuelva 13,5 millones de dólares, recibidos de origen ilícito, como acto de buena fe y de colaboración. El pacto se anunció en una rueda de prensa con la directora de la UAFE, Diana Salazar, con el Secretario Particular de Presidencia, Juan Sebastián Roldán y con el subsecretario de Acción Política, Iván Granda. No había nadie de Fiscalía.
El Ministerio Público salió entonces a recordar que la competencia penal es exclusivamente suya y que ese tipo de acuerdos no pueden llevar aparejada una cooperación o beneficios penales a no ser que se pacten con Fiscalía directamente. 15 días después, el desplante entre Ejecutivo y la autoridad de control se repitió.
De nuevo, el Gobierno anunció a inicios de febrero que tenía un acuerdo con 17 testaferros que estaban dispuestos a colaborar con información que implicaba a altos funcionarios del Gobierno anterior. La fiscal general encargada, Ruth Palacios, —la quinta que pasa por el cargo desde que se cambió de Gobierno y se inició el proceso contra Odebrecht— llamó entonces a declarar a Granda para que compartiera los datos de quienes habían prestado su nombre para ocultar dinero ilícito de funcionarios del correísmo. Finalmente, el Ejecutivo de Moreno informó de que creaba, mediante decreto ejecutivo, una nueva Secretaría Anticorrupción de la Presidencia, a cargo del mismo Granda, que se dedicaría a facilitar las denuncias de ilícitos y la cooperación entre instituciones en la purga de irregularidades.
La Fiscalía General ha tratado de repeler las críticas sobre su lentitud recordando que faltan efectivos y recursos en la institución, compartiendo el estado de los principales casos y anunciando un nuevo viaje a Brasil en busca de más detalles en el caso Odebrecht. Con la delación de un directivo de la constructora brasileña, recibida en 2017, Ecuador sancionó al ex número dos del Ejecutivo de Rafael Correa, Jorge Glas, con seis años de cárcel por asociación ilícita. De ese proceso, surgieron indicios para abrir una decena más de investigaciones que no han pasado aún de las fases judiciales iniciales. Según el Ministerio Fiscal, solo hay seis fiscales en la unidad de indagaciones previas que tienen 100 expedientes a cargo cada uno.
Al viaje a Brasil acudirá el procurador general, Íñigo Salvador, el mencionado Granda como nuevo secretario Anticorrupción y la fiscal general Palacios, en un gesto que sacude la fricción entre el Ejecutivo y las instituciones de control. Se aprovechará la reunión con las autoridades judiciales brasileñas, según Fiscalía, para comprobar si en la primera colaboración se recibió la información completa o si el anterior fiscal, Carlos Baca Mancheno, muy cercano al expresidente Correa y destituido por la Asamblea el año pasado, ocultó detalles de la cooperación penal con Brasil.
