La mentira de Cuba: informe sobre el estado de los derechos sociales en la isla

En su cuarto informe de 2021, sobre El estado de los derechos sociales en la isla, el Observatorio Cubano de derechos Humanos (OCDH) desmiente en un estudio pormenorizado la imagen que el régimen cubano pretende vender a la comunidad internacional.

Crisis alimentaria, crisis sanitaria y consecuencias negativas de la Tarea Ordenamiento están entre los principales problemas identificados por los cubanos, además del agravamiento del derecho a disenso con la represión de las protestas del 11 de julio, «auténtico ‘amplificador’ de la voz popular, la pérdida del miedo y la opinión de un país disconforme con el régimen político actual, que se resume en la demanda por un cambio».

«Durante mucho tiempo se ha establecido que los cubanos debían vivir sin derechos políticos porque tenían una serie de derechos sociales que les permitían una vida decorosa. La vida nos ha demostrado que ni tenemos libertades políticas, ni derechos sociales», manifestó Alejandro González Raga, expreso político de la dictadura cubana y director ejecutivo de OCDH, durante la presentación del informe en Madrid, sede de la ONG.

El estudio se basó en las declaraciones de 1 141 personas mayores de 18 años, procedentes de 39 municipios y 11 de las 16 provincias de Cuba, quienes accedieron a entrevistas presenciales utilizando aplicaciones de código abierto para dispositivos móviles.

Crisis alimentaria

Según el informe, realizado en el lapso comprendido entre el 25 de junio y el 19 de julio pasados, el 60% de los entrevistados considera el problema de la alimentación como el principal mal del país. Una de las preguntas hechas a los involucrados fue si «en los últimos tres meses, por falta de recursos o de dinero, ¿usted o algún miembro de su familia dejó de desayunar, almorzar o comer?». La respuesta fue desoladora, con un 45% de cubanos privados de al menos una comida en el día.

El 73% señaló calificó como «deficiente» la alimentación de sus familias, superando en seis puntos esta calificación en el anterior informe de 2020.

La libreta de abastecimiento, un recurso del estado cubano del que recientemente el presidente Díaz-Canel hizo alardes en la cumbre de la Organización de Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, fue descalificada por el 52% de los encuestados, quienes estiman que los productos de primera necesidad de la libreta sólo les alcanzan para los primeros 10 días del mes.

Así mismo, y relacionado indirectamente con la alimentación, se concluyó que en los últimos dos años no se ven mejoras en la garantía del derecho al agua. Un 82% de los participantes en el estudio no cuentan con servicio de agua potable de manera permanente en sus hogares.

«Un 38% recibe agua menos de 4 días a la semana, mientras que un 34% de 4 a 6 días a la semana». Sin servicio ninguno de agua pervive un 9%, y el 62% califica en general la calidad del agua entre regular y muy mala.

Crisis sanitaria

La investigación realizada por OCDH ocurre en el contexto en el que Cuba se convirtió en uno de los peores países con cifras de contagios y muertes por la covid-19 en el mundo. El descalabro del régimen y sus instituciones de salud conllevó a la evaluación del 79% de los encuestados de entre regular y muy mala la gestión del gobierno frente a la pandemia. Una valoración negativa que se destaca entre jóvenes de 18 a 30 años, y que crece en su tendencia entre mala y muy mala tras el 11J.

Con la represión del régimen a las protestas, fueron a parar cientos de manifestantes a las cárceles cubanas, destapando la situación epidemiológica de los sistemas penitenciarios. Prisioneros políticos como Félix Navarro Rodríguez y Luis Manuel Otero Alcántara se contagiaron del virus en las prisiones a las que fueron confinados sin mediación de juicio alguno ni contacto exterior con familiares, a los que sólo se les notificó en el momento de sus contagios.

«La valoración general del sistema de salud se encuentra entre ‘regular y mala’, a excepción de la calificación que se les da a los profesionales sanitarios. Los aspectos peor valorados por los ciudadanos son el abastecimiento de material médico y el acceso a exámenes (malo)», dice el acápite sobre derechos de salud.

En resumen, 8 de cada 10 cubanos no pudieron conseguir medicamentos en las farmacias, principalmente debido a la escasez (29%). Las cifras dan al traste con el empeoramiento del estado de salud en la isla, que el 21% cataloga de crítica. Muchas familias denunciaron tener que consumir medicamentos vencidos, obtenerlos por vías ilegales o recibirlos del extranjero.

Fracaso de la Tarea Ordenamiento

Pero estos derechos no son los únicos que han sufrido un deterioro en la nación. Luego de aplicarse la llamada Tarea Ordenamiento, en diciembre de 2020, el estado ha fracasado «en garantizar a los cubanos un mínimo de subsistencia o un nivel de vida digno», según expresó Yaxys Cires, director de Estrategia del OCDH.

El regreso de los «apagones», que tanto afectaron a la isla durante el Período Especial y la «coyuntura« por la escasez energética en 2019, es un indicador fehaciente de la gravedad de la crisis. El 80% de la población entrevistada dijo haber experimentado cortes de luz en los últimos tres meses, 58% con apagones de entre 2 y 6 horas al día y 22% sin electricidad de entre 6 y un día de duración.

En cuanto a la descripción económica del hogar, el 71% de las familias sobrevive con menos de 3.8 dólares al día, que representan 1.28 dólares por persona aproximadamente, lo que coloca a Cuba por debajo del umbral de la pobreza señalado por el Banco Mundial (1.90 dólares al día por individuo). A esto habría que añadir la inflación de la economía cubana devenida con el Ordenamiento, que quintuplicó los precios del mercado estatal y privado, con la mayoría de los productos disponibles en una moneda (dólar, euro, Moneda Libremente Convertible y otras) ajena a sus salarios.

El 40% afirma “tener problemas incluso para comprar lo más esencial para sobrevivir».

Los derechos laborales, uno de los paladines esgrimidos por el régimen ante la comunidad internacional, quedó desmentido en el informe, cuando el 57% de los afiliados a sindicatos de trabajo estima que estos no defienden sus derechos.

En el sector turístico, eslabón escogido en el informe por ser la tercera fuente de ingresos de la economía nacional, el 55% cree que hay discriminación laboral de algún tipo, y el 72% arguye que la principal forma en la que se expresa esta discriminación es política o ideológica.

Después del 11J, la estimación de que en Cuba no se respetan los derechos laborales pasó de un 40 a un 60% en los encuestados.

Según el estudio, el 73% cree que es la población adulta y los ancianos quienes afrontan la peor parte del fracaso de las políticas económicas del régimen, seguidos por un 55% de los que no reciben remesas del exterior y un 51% de desempleados.