La represión sin fronteras del régimen de Nicaragua: «Rosario Murillo no olvida»

A la derecha, Daniel Ortega y Rosario Murillo; arriba, a la izquierda, el exmilitar sandinista Roberto Samcam; debajo, Joao Maldonado, tras el segundo atentado aFP/j.Maldonado

Joao Maldonado asegura que se siente «seguro» porque tiene a Dios de su parte. Lo afirma a pesar de haber sufrido dos atentados –en 2021 y 2024– en Costa Rica, donde vivía exiliado, en los que su cuerpo recibió trece impactos de bala. «Estoy hablando ahora con usted porque Dios me dio aliento. En el último intento pensaban en el hospital que no salía adelante», recuerda este joven activista nicaragüense, que con 36 años ya ha esquivado la muerte dos veces y está viviendo su tercera vida.

Maldonado relata a ABC, desde algún lugar fuera de Nicaragua, cómo ha vivido en carne propia la represión del régimen nicaragüense del que huyó tras el estallido social de 2018 –en el que murieron más de 300 personas– y la Operación limpieza en Carazo. En este departamento tuvieron lugar las protestas y los bloqueos más duros contra las fuerzas del régimen de Daniel Ortega –integradas por «el Ejército, paramilitares y mercenarios cubanos y venezolanos»–. Como él, cientos de miles de nicaragüenses dejaron ese año su país para ponerse a salvo de la persecución y la represión del régimen.

Pero los tentáculos de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, copresidentes ambos del país centroamericano, son largos, muy largos. Sus tácticas de terror no se detienen en las fronteras nacionales, van mucho más allá, y se están desarrollando de manera muy explícita en Costa Rica, donde, entre exiliados y refugiados, viven más de 200.000 ciudadanos a la espera de regresar a Nicaragua cuando caiga la dictadura. Ortega y Murillo han arrasado todas las instituciones democráticas –no hay división de poderes, ni oposición política ni medios de comunicación independientes–.

Esta persecución transnacional ha sido denunciada por activistas, líderes políticos y organismos de derechos humanos. La denuncia más reciente ha sido recogida en un informe del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU, publicado hace unos días. El texto desgrana las distintas formas de violación de derechos humanos y persecución que sufren los exiliados nicaragüenses. Las medidas van desde los aspectos legales, como la retirada de la nacionalidad, revocación de títulos profesionales, denegación de expedientes académicos y de renovación de pasaportes, prohibición de entrada a Nicaragua, hasta las económicas, confiscación de bienes, de pensiones o cotizaciones. También incluye el uso de acusaciones falsas ante la Interpol con el fin de que los países que acogen a quienes huyen del régimen sean deportados. Y la más grave: la violencia física.

El objetivo de todas estas medidas, impulsadas por el régimen nicaragüense, es provocar la ‘muerte civil’ y la ‘muerte económica’ de aquellos que se atrevieron a disentir. Por una parte, la oposición política, pero también va dirigida, y quizá con más saña, contra los sandinistas históricos que criticaron la deriva autoritaria de Ortega y Murillo. También buscarían evitar que la diáspora genere desde el exterior una alternativa.

A esas muertes, sobre el papel, hay que sumarle la física. Si bien lo intentaron, sin éxito, con Maldonado, el activista no ha sido la única víctima de un atentado sospechoso de haber sido orquestado desde Nicaragua.

Por ser de los primeros, y en otro país, Honduras, apenas se dio relevancia al asesinato, en junio de 2022, de Rodolfo Rojas, un disidente que lideró los bloqueos durante las protestas de 2018. Otro caso bajo sospecha es el de Jaime Luis Ortega Chavarría, líder del movimiento campesino que formó parte de la resistencia y también abandonó Nicaragua en 2018. Fue asesinado en 2024 en Costa Rica.

La infiltración de agentes del Gobierno de Ortega en el círculo de los opositores es una realidad con la que el exilio tiene que convivir. Esa habría sido la estrategia para acercarse a Maldonado, que llegó a ser engañado por la misma persona en dos ocasiones.

Originario del histórico y rebelde departamento de Carazo, que ya se alzó contra la dictadura de Somoza y luego se convirtió en un feudo sandinista, Maldonado es hijo de un militar que formó parte de su ejército en los años 80. «Entonces era otra cosa, había otros valores», afirma. Con el regreso al poder de Daniel Ortega, en 2006, las cosas cambiaron y su padre se distanció del sandinismo. «Comenzó a denunciar la corrupción y los abusos de poder». Dejó el Ejército, se convirtió en pastor evangélico y apoyó las protestas de 2018 tras ver la represión contra los pensionistas. «En los bloqueos rezaba y por ello el régimen le acusó de terrorismo y traición a la patria». Pasaría un año en prisión. «Fue uno de los primeros presos políticos», recuerda Maldonado.

Precisamente el conocimiento que tenía de los mecanismos de respuesta de las fuerzas de Ortega contra los manifestantes –«la orden era reprimir con violencia»– empujó a este activista al otro lado de la trinchera, convirtiéndose en uno de los líderes de los bloqueos y de las movilizaciones contra el gobierno, también en objetivo del régimen. En agosto de 2018, y con una orden de captura contra él, decidió exiliarse a San José.

Las amenazas no cesaron; le persiguieron hasta Costa Rica, donde no abandonó la resistencia ni el activismo. Allí formó parte de varias organizaciones de exiliados. En 2021, un día antes de una marcha contra el fraude electoral que estaba gestando el gobierno de Nicaragua, sufrió su primer atentado, en el que recibió cinco impactos de bala, uno de los cuales le rozó el corazón. En ese momento, la fe de su padre se convirtió en un faro para Maldonado: «Me tranquilizó y me permitió seguir conduciendo durante cinco kilómetros hasta llegar a un hospital, al que entré andando».

Sin recuperarse del todo, Maldonado sufrió un nuevo atentado en enero de 2024, «cuando había entrado en un proceso de reasentamiento en EE.UU.». Aquel día recibió ocho balazos; otro alcanzó a su esposa, Nadia Robleto, que la ha dejado en silla de ruedas. Esa es la mayor tragedia para el activista: «Confío en que un día se pueda levantar. Es una lucha diaria».

La falta de un mecanismo de protección en Costa Rica, «un país que ni siquiera tiene ejército», es lo que, en opinión de Maldonado, estaría facilitando las operaciones contra exiliados. A esto se suma que el país sufre una alta criminalidad e índice de inseguridad: «Algo que sabe aprovechar el régimen de Nicaragua», señala. Tras una campaña de criminalización en redes sociales, el primer atentado de Maldonado fue vinculado con el narcotráfico. Cuando sufrió el segundo ataque, la motivación fue incuestionable.

Si bien Maldonado logró sobrevivir, Roberto Samcam no tuvo tanta suerte. Asesinado a tiros el pasado mes de junio, la muerte del militar retirado provocó dolor y terror en el seno del exilio nicaragüense en Costa Rica. Su muerte trazaba una línea que vinculaba todos los ataques y confirmaba que ningún disidente estaba a salvo.

Samcam, que abandonó Nicaragua en 2018 tras la Operación limpieza en Carazo, denunció en repetidas ocasiones la existencia de células nicaragüenses de inteligencia infiltradas en el país. «Con Roberto, el crimen transnacional escala al máximo. Evidencia cómo la represión traspasa fronteras y llega hasta la puerta de mi casa», afirma Claudia Vargas, viuda de Samcam, quien asegura a ABC que «fue un asesinato selectivo, organizado y planificado».

Con este crimen, los autores intelectuales subían un peldaño más respecto a Maldonado. «Roberto tenía un perfil político», asegura Vargas. A esto se sumaba que el militar retirado tenía un gran peso mediático, lo que le convertía en alguien muy incómodo para Ortega y Murillo.

Buen orador, Samcam se convirtió en una voz que denunciaba los excesos del régimen y participaba de manera asidua en programas en los que desvelaba el funcionamiento interno del Ejército de Nicaragua, que tan bien conocía. «Sabía cómo funcionaba la seguridad desde dentro». Horas antes del atentado, había concedido una entrevista en la que habló sobre la represión del régimen y de Murillo, a quien muchos señalan como la instigadora de la respuesta contra los jóvenes durante las protestas de 2018, así como de las purgas en los círculos castrenses y de seguridad más altos y cercanos a la Presidencia para eliminar cualquier tipo de oposición interna.

En sus intervenciones en medios, Samcam, que fue miembro del partido MRS (hoy llamado Unamos), una escisión del Frente Sandinista de Liberación Nacional que se creó para confrontar a Ortega, alertaba «sobre los riesgos que se estaban corriendo acá en el exilio», explica Vargas.

Amenazados en Nicaragua a través de las redes sociales y el teléfono, el acoso continuó cuando se trasladaron a vivir a Costa Rica. «En la primera etapa había muchas listas de quienes el régimen consideraba terroristas o traidores a la patria. Roberto estaba en casi todas ellas». Listas que se colgaban en internet. «Eran campañas de desprestigio que buscaban infundir el miedo. Ese es un terrorismo de Estado que te persigue más allá de Nicaragua, y que busca silenciar la resistencia que hay en Costa Rica».

El militar retirado llegó a denunciar, en sus intervenciones, la existencia de una «estructura organizada de células operando desde la Embajada de Nicaragua» en San José. Samcam se refirió a la presencia de hasta «22 oficiales, sin cargos en la embajada, que son agentes de la dirección de Inteligencia y operan en Costa Rica». Esta profusa presencia de agentes existe en sedes diplomáticas en países donde el exilio nicaragüense es mayor, alertó el militar. El objetivo de esas células sería «ubicarte y conocer tus rutinas». Después, el paso siguiente consistiría en «contratar a sicarios».

Si bien el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, ha negado la existencia de esas células, el asesinato de Samcam ha llevado a la Oficina de Investigación Judicial (OIJ) a aceptar que ya «no es una coincidencia» el ataque a tres disidentes nicaragüenses y que son crímenes políticos. Y ha sugerido la existencia de «intermediarios costarricenses» encargados de «contratar a sicarios» para cometer los atentados.

En el caso de Samcam fueron detenidas cuatro personas, entre ellas el tirador –en los atentados de Maldonado no fue localizado–, algo que ha resultado fundamental en la investigación. Según el expediente de la OIJ –parte del cual se filtró a la prensa–, el presunto autor intelectual sería Pablo Antonio Robles Murillo, quien tendría vínculos con «la plana mayor del Ejército» de Ortega y Murillo, según publicó el medio ‘Divergentes’. Robles Murillo actualmente está siendo investigado, pero no ha sido imputado.

La información que maneja la OIJ señala además la participación de células vinculadas al régimen de Ortega en Costa Rica. Según un testimonio confidencial, miembros de la Dirección de Inteligencia y Contrainteligencia Militar de Nicaragua y del G2 (Inteligencia militar cubana) habrían coordinado la operación contra Samcam.

Claudia Vargas, junto al féretro de su marido, Roberto Samcam, es consolada por Zoilaméria Narváez Murillo, a la derecha, el pasado mes de junio reuters

El dolor de Claudia Vargas fue compartido por todo el exilio nicaragüense en Costa Rica. Una de las personas que compartió ese abrazo de consuelo fue Zoilamérica Narváez Murillo, hija de Rosario Murillo e hijastra de Daniel Ortega, que tuvo que abandonar Nicaragua en 2013. Lo hizo después de soportar diez años de hostigamiento y represión por haber denunciado públicamente los abusos sexuales que sufrió durante años por parte de su padrastro. Su madre rechazó la versión de su hija y la acusó de mentir, alineándose con Ortega.

La vigilancia que sufrió Zoilamérica en Nicaragua la siguió a Costa Rica. Murillo le hizo saber a su hija que mantendría el acoso mientras no cambiara su relato. Algo que no está dispuesta a hacer. «En aquel momento me dijo que tenía el control, refiriéndose al trámite migratorio que yo estaba realizando, y que tomó más tiempo de lo esperado», explica a ABC.

Sobre las amenazas a las que se enfrenta el exilio nicaragüense, Zoilamérica se refiere a la existencia de grupos «de fanáticos» afines a Ortega y Murillo, «que pueden operar por su cuenta» y atacar a disidentes con el objetivo de ayudar a un régimen cuyo objetivo es –dice– «que los que estamos fuera no nos articulemos en una verdadera opción de amenaza».

En cuanto a la escalada de poder de su madre, que tras proteger a Ortega obtuvo la vicepresidencia, en 2016, y actualmente es copresidenta, Zoilamérica afirma que es fruto de «una alianza de poder patológico y del vínculo entre lo personal y lo político, fundamentado en el delito de los abusos sexuales» de los que fue víctima siendo niña. «Su liderazgo nunca surgió de la popularidad o de méritos, sino de una negociación que perfila a un ser humano con graves distorsiones y gran insensibilidad».

El origen de ese ascenso certifica, en opinión de Zoilamérica, que la ambición de Murillo «no va a detenerse ante nada». Y considera que su madre utiliza su título de copresidenta como «un acto de supervivencia extrema ante el crecimiento de nuevas camadas de líderes» que pueden amenazar su poder. Subraya, además, que en la medida en que ha ido acumulando títulos, «Murillo ha ido aumentando su capacidad criminal, de crueldad y de persecución». Aunque admite que en muchos casos nunca se va a poder demostrar que fue ella la autora intelectual de los crímenes contra disidentes, asegura que estos son «una práctica del poder, cuyo objetivo es eliminar a todo aquel que esté en contra. Y no cabe duda de que esto no va a parar». Por lo que considera que será muy difícil un cambio en Nicaragua «sin sangre».

Sobre la situación personal que está viviendo en Costa Rica tras su exilio, Zoilamérica confiesa que desde muy pronto se dio cuenta de que «nunca podría tener una vida normal» mientras siga viva su historia contra Ortega. «Voy a mantener este nivel de riesgo, con el que he aprendido a vivir». Y reconoce que, al estar bajo vigilancia constante tanto ella, como sus hijos, el terror ha afectado a su estilo de vida. «El miedo nos lleva a paralizar nuestra voz. Cada uno de los crímenes que se han cometido ha pretendido mandar un mensaje: en el caso de Roberto, necesitaban callar su voz, que llegaba tanto a los opositores como a grupos del entorno de Ortega y Murillo; y en el de Maldonado, se trata de una historia de lucha familiar; lo que sucedió en abril de 2018 fue imperdonable para ellos». Con estos crímenes se ha generado una ola de dolor, «y eso tiene firma».

Zoilamérica, que recuerda cómo «las venganzas tejidas» contra ella tenían «una planificación perversa, cruel», es consciente de que la represión de su madre hacia ella no acabará mientras no retire la denuncia contra Ortega: «Definitivamente, Rosario Murillo no olvida, no borra de su lista a personas que de una u otra manera nos hemos atrevido a quitarles la máscara; mientras ella esté viva mantendrá esa lista de personas a las que antes de irse de este mundo les recordará lo que hicieron. Y eso es muy duro», concluye.