La resaca del 1-O: Más cerca del precipicio
Puigdemont pone rumbo a la declaración de independencia pese a las dudas en su Govern
El domingo finalizó una nueva temporada del ‘procés’. Una entrega que se inició al día siguiente del 27-S y en la que, a lo largo de dos años casi exactos, los aliados independentistas, de manera más o menos cohesionada, han esquivado con un referéndum el desafío que les impuso el destino al dejarlo por debajo del 50% de los votos ese 27-S. La temporada ha acabado con el 1-O y, como buen serial que se precie, con un ‘cliffhanger’, es decir, una escena final que crea suspense y deja en ascuas al espectador hasta el inicio del siguiente capítulo. En este caso, el ‘cliffhanger‘ (literalmente, quedar colgado del precipicio) fue el anuncio de Carles Puigdemont de que llevará los resultados del 1-O al Parlament para que la Cámara actúe en consecuencia. Es decir, declare unilateralmente la independencia.
La nueva temporada, la del post-1-O, se inicia, pues, bajo la sombra de esa declaración, para la que todavía no hay ni fecha (finales de esta semana, inicio de la próxima) ni formato. Tras el bochornoso episodio final del domingo, lleno de violencia gratuita, este lunes ha empezado a ritmo pausado. Un reponer fuerzas para lo que será el próximo asalto.
El independentismo mantendrá su músculo mediante las movilizaciones. Como las del lunes a mediodía en repulsa de la violencia y el paro y huelga general del martes, que no es lo mismo, pero es igual. La huelga ha sido convocada por, entre otros, el sindicato CGT, en una acción que muchos creen arriesgada, pues un fracaso en la participación podría restar gas al independentismo. Así que el Govern, los sindicatos mayoritarios y la patronal han convocado, a su vez, a un paro general más asumible, de dos horas, para el mismo martes.
Vueltas sobre la DUI
En un segundo plano, por tanto, quedará el Govern que le da vueltas a la DUI. «Haremos lo que consideremos más eficiente», señala una voz del bipartito, que también apunta a que la declaración forma parte del programa electoral y, por tanto, no puede obviarse.
Por su parte, el socio del Ejecutivo, la CUP, ya ha dejado claro que tras el referéndum toca la DUI y, en cualquier caso, no dará apoyo a cualquier medida que pueda sonar a ‘procesismo’, es decir, a la demora en la toma de decisiones ante el vértigo de la trascendencia de estas.
Tras la petición de mediación de Puigdemont a Europa y la negativa de la Unión Europea (UE) a inmiscuirse en «asuntos internos», hay voces del Ejecutivo bipartito que insinúan la opción de una ‘DUI táctica’, con entrada en vigor (o proclamación) diferida en el tiempo que sirva, a su vez, como último cartucho para una negociación.
Voces del Govern han señalado en los últimos meses que sentarse a negociar un referéndum pactado pidiendo un referéndum pactado es casi garantía, por poco que se ceda, de quedarse sin consulta. En cambio, abrir una mesa de negociación con la declaración de independencia permite bajar un escalón para conseguir el referéndum pactado.
El principal argumento de los partidarios de diluir la DUI en un plazo de tiempo determinado o vincularlo a elecciones es que tras haber ganado muchas posiciones a nivel internacional y haber logrado ampliar el perímetro de sus fieles, el soberanismo ha de saber administrar hoy la victoria y no equivocarse con decisiones precipitadas que reduzcan la mayoría cualificada que salió a la calle en defensa de la celebración del referéndum.
La ONU y la OSCE
La mediación aparece como otro de los escollos. El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, confió el lunes en que «las instituciones democráticas de España encontrarán una solución» a la situación en Catalunya. La UE reiteró su apoyo a Mariano Rajoy y al ordenamiento constitucional español, aunque en esta ocasión también ha pedido que las partes pasen «de la confrontación al diálogo».
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, fue un poco más allá, y pidió a Rajoy que impida una «mayor intensificación de la violencia» en Catalunya. Finalmente, la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) reclamó que España garantice “el respeto a los derechos fundamentales de reunión y expresión”.
También en la Moncloa es tiempo de preparativos. Primero, de agrupar fuerzas, toda vez que la brutal acción policial del domingo abrió alguna fisura en la posición del PSOE, que, en «asuntos de Estado», y en concreto todo lo que se relacione con la unidad de España, apoya a los populares. Rajoy y Pedro Sánchez se vieron en el complejo presidencial para limar asperezas y antes de que el jefe del Ejecutivo se viera, también, con Albert Rivera.
Tomando en cuenta que el único precepto previo que pide Rajoy para un diálogo con Puigdemont es que el catalán se ajuste a la Constitución, y que ello resulta harto difícil para alguien que quiere dejar atrás esa Carta Magna para redactar otra, en la Moncloa se preparan para una eventual DUI.
Sedición y rebeldía
Las medidas son de calado. A dos niveles. La asunción de las competencias de la Generalitat, vía la ley de Seguridad Nacional o la aplicación del artículo 155 de la Constitución (como pide Ciudadanos) y la inhabilitación de los eventuales jefes sediciosos y rebeldes. Porque a Puigdemont y a Oriol Junqueras se les podrían aplicar esos dos delitos que acarrean penas de cárcel.
En paralelo, siguen las reacciones por los hechos del domingo. Así, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Zeid Ra’ad Al Hussein, se mostró «muy perturbado por la violencia en Catalunya» y pidió al Gobierno «una investigación rigurosa, independiente e imparcial sobre todos los actos de violencia». «Las respuestas de la policía deben ser siempre proporcionadas y necesarias», agregó el máximo responsable de derechos humanos de la ONU.
