La resistencia silenciosa de la población cubana

En los últimos tiempos hemos presenciado una especie de resistencia silenciosa de la población cubana al cumplimiento de  algunos asuntos promovidos por la cúpula del poder político en la Isla. Es como si la gente se esforzara en actuar en dirección contraria a como indican las directivas gubernamentales y partidistas.

En ese sentido sobresalen, por ejemplo, los constantes llamados en vano de la contralora general de la República, Gladys Bejerano, para que se complete la plantilla de auditores, tanto de su Contraloría como de los restantes organismos de la Administración Central del Estado.

Pocos profesionales de la rama económica desean ser auditores, lo que puede leerse como una negativa a sancionar a otros trabajadores que se desempeñan en las empresas y entidades estatales, tal vez imbuidos de la convicción de que robarle al Estado (quien primeramente había despojado a muchos cubanos de sus propiedades y bienes) no es un verdadero delito.

Si ese rechazo acontece con las plazas de auditores externos de la Contraloría y ministerios, más crítica es la situación para encontrar a quien quiera trabajar como auditor interno de alguna entidad de base. A casi nadie le interesa ser el chivato de sus propios compañeros de trabajo.

De igual manera descuella la escasa cantidad de jóvenes juristas que se convierten en fiscales, y en consecuencia no se prestan para condenar a las personas que se lanzan a las calles para protestar contra el régimen castrista. Es inevitable que esos juristas piensen en qué pasará con ellos cuando desaparezca el castrismo, y la sociedad los contemple como los que un día reprimieron a sus hermanos.

¿Y qué decir de los tantos militantes de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) que llegan a la edad límite para militar en esa organización juvenil, y se niegan a ingresar en el Partido Comunista (PCC)? Se trata de una de las mayores preocupaciones que asalta a la jerarquía del poder en Cuba. Mucho se habló de esa situación durante el reciente XII Congreso de la UJC, y quedó como una tarea urgente a atender por el PCC y su organización juvenil.

Es muy probable que muchos de esos jóvenes que no han querido pasar al PCC se hayan dado cuenta de que se iban a convertir en una especie de carne de cañón  para acometer todas las tareas (mítines de repudio, marchas del pueblo combatiente…) con las que el Partido afianza su poder sobre la sociedad.

Quizás la menos esperada de las negativas de la población a aceptar las disposiciones que vienen de arriba haya trascendido durante una reciente reunión del primer ministro Manuel Marrero con los gobernadores provinciales y el intendente de la Isla de la Juventud.

Uno de los puntos tratados en la reunión versó sobre el combate que pide el Gobierno a los que considera «precios abusivos y especulativos«. La sorpresa sobrevino cuando el titular de Finanzas y Precios, Vladimir Regueiro, también presente en la cita, señaló como una debilidad en ese combate el bajo nivel de cobertura de los cuerpos de inspección de precios.

Acto seguido, Marrero apuntó: «¿Cómo nosotros vamos a combatir los precios si no hay una inspección constante a este importante asunto en el cumplimiento de lo que está establecido?».

Por supuesto, no hay una inspección constante porque no existe la cantidad necesaria de inspectores. Sorprende que una actividad a la que supuestamente toda la sociedad debía de apoyar (combatir los altos precios), muchos se resistan a inspeccionar su buen funcionamiento.

Debe considerarse la posible experiencia de los que no se involucran en la inspección, en el sentido de lo que ha sucedido casi siempre que se atenta contra los precios de mercado que operan en la relación oferta-demanda. Los oferentes retiran de inmediato sus bienes y servicios, y sobreviene el mayor de los desabastecimientos. Y eso, obviamente, nadie lo desea.

Pero tampoco se puede descartar que esta escasez de inspectores de precios sea otro episodio de la negativa popular a prestarse para lo que quiera la maquinaria del poder.