La responsabilidad compartida para poner fin a la dictadura de Maduro
Muchos se preguntan por qué el Presidente Juan Guaidó no ha terminado con la dictadura de Maduro. En enero lo acompañé a la Cumbre Antiterrorista 2020 en Colombia. Durante la conferencia, el Presidente Iván Duque expresó su preocupación cuando dijo: “muchos especulan sobre por qué el Presidente Guaidó no ha puesto fin a la dictadura. Esto no debería ser una discusión sobre habilidades personales, su valentía es bien conocida. Enfrentar una dictadura sangrienta que no conoce límites es una obra de supremo heroísmo. Todos sabemos que la transición hacia elecciones libres es nuestro deber colectivo”.
En Venezuela no enfrentamos una dictadura clásica. Maduro tiene vínculos con organizaciones internacionales narcoterroristas. Una respuesta adecuada para poner fin a la dictadura es fundamental, no solo para el pueblo venezolano, sino para la región y el mundo.
Esa necesidad se agudizó con el informe de la Misión Internacional de Determinación de Hechos sobre Venezuela (FFM, por sus siglas en inglés), encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU (16 de septiembre de 2020).
El informe de la FFM deja claro que hay motivos razonables para concluir que Maduro, junto con sus ministros de Seguridad y Defensa, ordenó o contribuyó a la perpetración de crímenes de lesa humanidad, premeditados y cometidos sistemáticamente a escala masiva.
Funcionarios activos de Seguridad del Estado venezolano anónimamente contribuyeron con el informe y acusaron a sus superiores de numerosos delitos. El expediente insta a que los responsables comparezcan ante la justicia nacional o internacional y pide a la Corte Penal Internacional investigar los crímenes y hacer justicia sin demora. Estos son hechos sistémicos y mientras escribo estas líneas continúan cometiéndose.
El presidente Guaidó, la Asamblea Nacional y el pueblo de Venezuela han liderado una batalla heroica y épica contra una dictadura sin escrúpulos dispuesta a todo para permanecer ilegítimamente en el poder. Con el firme apoyo de Estados Unidos, OEA, Grupo de Lima, Unión Europea y ONU se logró documentar, denunciar y esclarecer los abusos masivos y sistemáticos a los DDHH cometidos por Nicolás Maduro y sus secuaces.
La respuesta de la dictadura a la demanda de libertad y justicia ha sido una escalada de represión y violencia criminal que ha cobrado la vida de miles de inocentes. Quienes sobrevivieron se vieron obligados a huir de Venezuela en busca de un refugio seguro. El objetivo de la dictadura de Maduro es muy claro, como lo sustenta la FFM y lo enfatizó Francisco Cox, uno de sus miembros: “hay un objetivo claro de eliminar a la oposición”.
Existe la gran preocupación de que la tragedia, en pleno desarrollo, del pueblo venezolano se conozca muy poco y demasiado tarde. Esta preocupación me llevó a dejar mi país en 2014, cuando Maduro ordenó cobarde e ilegalmente mi encarcelamiento para someterme a un juicio amañado por mis ideas de lucha, libertad y democracia. Queremos evitar que la historia se repita, así como la triste y trillada frase: “Lamentamos no haber actuado antes para detener estos crímenes a tiempo”.
El legítimo Presidente Guaidó llamó a “todos los representantes de Estados Miembros (de la AGNU75) que asuman la responsabilidad de asistir al Gobierno legítimo de Venezuela en su misión de proteger al pueblo venezolano, y considerar una estrategia que contemple escenarios luego de agotada la vía diplomática”. Como él precisó, “ha llegado el momento de tomar acciones oportunas y decisivas”.
La tragedia en Venezuela no se puede minimizar ni ignorar. En su informe más reciente la ACNUDH, Michelle Bachelet, evidenció que entre enero y agosto de 2020 la dictadura de Maduro asesinó a 2,000 venezolanos. Previamente contabilizó 6,856 inocentes asesinados por agentes de la dictadura entre 2018 y mayo de 2019.
La tortura del régimen a sus críticos incluye métodos de asfixia con bolsas plásticas, químicos o “waterboarding” (ahogamiento con agua), palizas, descargas eléctricas, largos períodos de aislamiento, privación de agua y alimentos, junto con amenazas de muerte y violencia sexual contra las víctimas y sus familiares, uso excesivo de la fuerza durante protestas pacíficas que resultaron en cientos de muertes, tortura psicológica con privación sensorial, luz las 24 horas, frío extremo y desnudez forzada. Esto habla mucho de la gravedad de la situación y es probable que cualquiera de los 334 presos políticos restantes todavía esté soportando estas torturas documentadas.
La muerte del capitán Rafael Acosta Arévalo, quien sucumbió a sus heridas momentos después de ser llevado ante un juez, es reflejo de este terror. Tenía 38 heridas graves en el cuerpo, sus hematomas eran tan serias que los analistas forenses compararon sus heridas con las de una víctima de terremoto aplastada por un edificio.
Es hora de hacer valer la autoridad de Naciones Unidas, en su 75 aniversario. Lamentablemente, la diplomacia no avanza a la velocidad y la solidaridad que necesita un pueblo venezolano que sufre.
Clara y enfáticamente decimos que es hora de detener esta tragedia humanitaria que está ocurriendo en el hemisferio occidental. Los venezolanos necesitamos el apoyo decisivo de la comunidad internacional para proteger a millones de inocentes vulnerables y victimizados por la dictadura más brutal y sangrienta jamás vista en la historia de Latinoamérica. Los países de nuestra región y Europa, sus respectivas organizaciones regionales e internacionales, pueden hacer mucho más para ayudarnos a recuperar el respeto de los DDHH, el estado de derecho, la libertad y la democracia.
Es una obligación moral compartida proteger la vida y la libertad del pueblo venezolano, poniendo fin a la dictadura de Maduro y su tiranía.
Carlos Vecchio es el Embajador de la República Bolivariana de Venezuela en Estados Unidos, designado por el presidente interino Juan Guaidó y reconocido por el Gobierno de Estados Unidos.
